Ayotzinapa: Crimen de Estado

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Protestas de los familiares de los estudiantes desaparecidos reclamando justicia

El informe de la Comisión de la Verdad concluyó que todas las evidencias confirman que los estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos en una acción conjunta en la que participaron cuerpos de seguridad del Estado mexicano

Ricardo Arenales

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la normal ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, fueron desaparecidos en inmediaciones de la vecina localidad de Iguala, en un hecho en el que estuvieron involucradas autoridades locales, policías municipales y miembros del Ejército Nacional de México, asociados con grupos de narcotraficantes locales.

Así lo reveló el 18 de agosto pasado un informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Gobernación, y coordinador de Derechos Humanos, Alejando Encinas Rodríguez. El documento califica como un ‘crimen de Estado’, la desaparición y muerte de los estudiantes y promete adentrarse en nuevas pruebas y evidencias que lleven al castigo de los autores.

Esta labor ya comenzó. Al día siguiente de conocerse el informe, se produjo la captura del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a quien se considera uno de los principales implicados en los hechos. Horas más tarde, las autoridades mexicanas señalaron al coronel José Rodríguez Pérez como responsable de la desaparición y asesinato de seis de los 43 estudiantes, y procedieron a su captura. El oficial hacía parte en ese momento del 27 batallón de Infantería, con sede en Iguala.

Verdad oficial

El poder ejecutivo en ese momento, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General y de su titular Jesús Murillo Karam, trataron de convencer a la sociedad mexicana de que los jóvenes normalistas habían sido secuestrados, asesinados e incinerados por miembros de ‘Guerreros Unidos’, un grupo de narcotráfico local, tratando de producir una ‘verdad histórica’.

La versión de la Procuraduría General de la República fue desmentida desde hace años por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigación nombrado de común acuerdo entre el Estado mexicano, los padres de los normalistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La no coincidencia de las versiones desencadenó que los miembros del GIEI fueran hostigados por las autoridades y prácticamente obligados a salir de México.

Pero la acción del Estado no se circunscribió a los hechos del 26 de septiembre de 2014, continuó con la «verdad histórica» que acuñó Murillo Karam, y que apoyaron muchos medios de comunicación afectos al gobierno de Peña Nieto por los jugosos contratos de publicidad que recibían de éste.

Empresa criminal

Ésta fue la herencia que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de Ayotzinapa, por lo que se decidió desde la transición crear la Comisión de la Verdad, encabezada por un líder de la izquierda mexicana desde los años 80’.

El informe de la comisión concluyó que todas las evidencias confirman que los estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos en una acción conjunta en la que participaron cuerpos de seguridad del Estado mexicano. El 27 batallón de Infantería del Ejército, con sede en Iguala, montó un anillo de seguridad que le permitió a ‘Guerreros Unidos’ y a la policía municipal actuar a sus anchas contra los estudiantes.

Se admite en el informe que, en fin, las altas autoridades del país encargadas del caso, concretamente la entonces Procuraduría General, dependiente del Ejecutivo, lejos de esclarecer los hechos y realizar un esfuerzo mayor para encontrar a los desaparecidos y a los responsables, encubrió y opacó los acontecimientos con declaraciones y supuestas pruebas fabricadas a su acomodo, y que el procurador proclamó “la verdad histórica”.

La Fiscalía General ha anunciado que además de las personas detenidas, existen ya 87 órdenes de captura para detener e interrogar a igual número de personas con el fin de establecer su responsabilidad penal. Entre los requeridos se encuentran 20 militares de distintos rangos, funcionarios del Estado de Guerrero, del gobierno federal y mandos del Ejército.

Ocho años después del crimen, y después de un largo periodo de impunidad, gracias a la decisión del presidente López Obrador, empiezan a aclararse los hechos y establecerse responsabilidades. La investigación en firme apenas comienza. Los cuerpos de los desaparecidos no se han encontrado. Los padres y familiares de los estudiantes sacrificados, han dicho por su parte: “El ejército sabe dónde están los 43”.