Las discusiones no condujeron a un acuerdo, pero el empresariado evidenció su oposición al gobierno Petro
Redacción Laboral
El 29 de diciembre, luego de no lograrse un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para incrementar el Salario Mínimo, el Gobierno lo decretó.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en rueda de prensa anunció: “El Gobierno Nacional decreta un incremento del Salario Mínimo para 2024 a un monto de un millón 300 mil pesos, es decir, un aumento aproximado del 12%, y un incremento al auxilio del transporte a 162 mil pesos, el cual corresponde aproximadamente a un 15% en relación con la cifra acordada para el año 2023”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro argumentó que dos millones y medio de familias vulnerables obtendrán un beneficio neto, y que seguramente millones más podrán ser arrastradas a un mejor nivel de vida.
Inmediatamente se dieron las reacciones de quienes participaron de las discusiones en la Comisión: empresarios y trabajadores.
Los primeros expresaron: “Se debe incentivar la reactivación de la economía que viene en un proceso de desaceleración muy fuerte, con una contracción del -0,3% en el PIB durante el tercer trimestre de 2023 y de -0,4% en octubre, cifras presentadas por el DANE, lo que implica una proyección de crecimiento en el PIB de apenas el 1,2% para todo el 2023 y un preocupante 0,8% como expectativa de crecimiento para el 2024, según el Banco de la República”.
Reacciones contradictorias
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, calificó la decisión como un error para la reactivación de la economía.
“Es un aumento exagerado teniendo en cuenta la productividad negativa y la inflación esperada del 9.4%. El incremento generará más informalidad y le impedirá al Banco de la República continuar bajando las tasas de interés, por los efectos inflacionarios que una decisión de esta magnitud traerá”, afirmó Cabal y agregó que este aumento implicará mayores costos para el Gobierno. “Por cada punto porcentual de aumento, por encima de la inflación, se calcula que los costos correspondientes a nómina en el sector oficial aumentarán en 800 mil millones de pesos”.
A su vez, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, expresó: “No es lo que estábamos pensando, pero es positivo, porque recupera en algo el poder adquisitivo, sin embargo, registramos de forma negativa la actitud del empresariado que no quiere reconocer el esfuerzo de los trabajadores en cuanto a sus salarios y los ingresos de los trabajadores, desafortunadamente se mantuvieron en posiciones supremamente bajas”.
Discusión sin propuestas
Pero, ¿por qué no se llegó a un acuerdo? Una fuente ─quien pidió la omisión de su nombre y que estuvo en las reuniones de la Comisión─, comentó que desde un principio los empresarios llegaron con el objetivo de utilizar ese espacio para aplazar la discusión de la Reforma Laboral, que avanzaba en el Congreso de la República.
Argumentaban que la discusión del Congreso y la del Mínimo producían las mismas consecuencias: la reducción del empleo y el aumento de la informalidad. Obviamente, la proposición fue rechazada por el Gobierno.
Hay que recordar que los empresarios estuvieron representados por Bruce Mac Master por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI; Jonathan Malagón por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria; Rosmery Quintero y Antonio Osorio en representación de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi; Jorge Bedoya por la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC; y Jaime Alberto Cabal por la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco.
Por su parte, los trabajadores fueron representados por las centrales obreras y las organizaciones de pensionados.
En cumplimiento de la agenda, los trabajadores presentaron una propuesta de incremento salarial para que fuera discutida, pero los empresarios no lo hicieron. Ante la reclamación, dijeron que esa era su estrategia; les respondieron que así era muy difícil construir un acuerdo, y continuaron discutiendo sin hacer un ofrecimiento de puntos porcentuales a incrementar.
Las mismas hipótesis
Los empresarios, especialmente la ANDI y Fenalco, tuvieron como argumento los datos del tercer trimestre 2023 del Producto Interno Bruto, PIB, entregados por el DANE, que fue de -0,3, con lo cual se demostrarían los malos manejos del gobierno en materia económica.
Desde el gobierno, a través de la ministra Gloria Inés Ramírez y con las proyecciones del DANE y el Ministerio de Hacienda en la mano, se respondía que era solo un trimestre y que había que tener en cuenta el comportamiento de todo el año. Además, que en el último trimestre habría una dinamización de la economía con el aumento del consumo en el último mes. Explicaciones que no eran refutadas.
La otra hipótesis que sostuvieron los empresarios fue que para mantener y producir un mayor empleo había que bajar los costos laborales, lo que era contrargumentado por el gobierno y los trabajadores, quienes mostraron posiciones cercanas. Esto fue ratificado por Petro cuando comentó “hemos tomado una posición similar a la del movimiento obrero en Colombia, a la de las y los trabajadores”.
Según la fuente consultada, en los debates los representantes de los empresarios hablan con cierto desdén hacia los trabajadores, por los títulos universitarios y una jerga técnica “para tratar de descrestar”, lo que evidencia un clasismo y un desprecio por las propuestas obreras; aunque se reconoce que en los últimos dos años esa práctica ha disminuido.
No obstante, las centrales obreras también han contado con la asesoría de un equipo de expertos académicos que les dan las herramientas para defender políticamente sus propuestas.
Acuerdo Nacional
Ante la repetitiva tesis empresarial de que al subir mucho los salarios se producía una mayor inflación, los trabajadores respondían que en 2023 el Mínimo experimentó un alza y, por el contrario, la inflación bajó. Y, agregaban: “Ustedes no tienen un estudio, tienen es una declaración de fe, tienen una ortodoxia, una receta que está demostrado que no funciona”.
Sobre el particular, Petro comentó: “En el año entrante creemos que la inflación va a bajar aún más. Ojalá se ubique en 6 – 5 puntos, ese es el objetivo, y aquí estamos aumentando el salario mínimo en un poquito más de 12% […] Es decir, que no es cierta la tesis de que si aumenta el salario real disminuye el empleo”.
Aunque no hubo momentos críticos, sí se presentaron tensiones como cuando Jaime Alberto Cabal se apartó de la posición de sus compañeros, dejó una constancia en la que expuso que no se debía incrementar mucho el Mínimo, descalificó la Reforma Laboral y se retiró de la reunión.
Asimismo, en uno de los días de trabajo, en horas de la mañana, el presidente de la ANDI dio un discurso haciendo énfasis en querer negociar, aunque sin presentar alternativas y se fue de la reunión. En horas de la tarde, se supo que era el candidato del sector más opositor al gobierno para ser el presidente del Consejo Gremial Nacional.
Para la fuente consultada, los empresarios quisieron utilizar la Comisión de Concertación para sabotear la discusión de la Reforma Laboral, aunque sin ningún resultado, ya que por más que lo exigieron la Cámara de Representantes aprobó puntos como el recargo nocturno y el pago de dominicales y festivos.
No querían firmar un acuerdo porque lo veían como un triunfo de un gobierno que habla reiterativamente de un Acuerdo Nacional, propósito en el que no todos quieren participar.
