Asesinato de Carlos Pedraza: Un año en la impunidad

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Carlos Alberto Pedraza Salcedo.

El Congreso de los Pueblos, proceso de carácter social y popular, hace un reconocimiento al líder popular por apoyar procesos de trabajo barrial en el sur de Bogotá. Hoy, cuando el Gobierno afirma estar cerca del fin del conflicto, el caso continúa en la impunidad.

Carlos Alberto Pedraza Salcedo.
Carlos Alberto Pedraza Salcedo.

Hernán Durango

La impunidad reina tras cumplirse un año del asesinato del líder social Carlos Pedraza, ocurrido el 19 de enero en cercanías de Bogotá. Las fuerzas políticas y sociales del país reclaman a las autoridades el esclarecimiento de este y de miles de crímenes ocurridos en Colombia contra líderes populares y de la izquierda.

El Congreso de los Pueblos, proceso de carácter social y popular, al cual estaba afiliado Carlos Pedraza, hace un reconocimiento al líder popular por apoyar procesos de trabajo barrial en el sur de Bogotá. Hoy, cuando el Gobierno afirma estar cerca del fin del conflicto, el caso continúa en la impunidad. Esta fuerza de la izquierda colombiana convoca a jornadas conmemorativas en honor a la vida que incluye acciones y eventos en su memoria. La primera de ellas en su barrio, Molinos 2, localidad Rafael Uribe Uribe, allí con los familiares, amigos y compañeros se adelantó una agenda cultural por la memoria y contra el olvido.

El martes 19 de enero se realizó un plantón, convocado por el Congreso de los Pueblos frente la Fiscalía General de la Nación con el intento de generar un impulso político para que haya avances en el caso.

Carlos Alberto Pedraza Salcedo fue desaparecido de Bogotá. El 21 de enero de 2015 su cuerpo apareció en Gachancipá, municipio ubicado a 60 km al norte de Bogotá. El Instituto Colombiano de Medicina Legal estableció que su muerte fue producida por un “proyectil de arma de fuego [causando] una lesión que se ubicó a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia adelante (…) y realizada con un arma de baja velocidad”. Este hecho, fue el inicio de un año donde se registraron 399 casos de vulneración de los derechos humanos de líderes y lideresas del movimiento social, además de motivar el rechazo nacional e internacional.