Si ya hay seis millones de personas con hambre o con riesgo de padecerla, los niveles de inflación ponen en riesgo de caer en tal situación a otros segmentos de la población que todavía no la padecen
Carlos Fernández
La edición 3127 de VOZ trae un importante artículo de Alberto Acevedo en el que se habla de la amenaza de hambruna que se cierne sobre el mundo y que se viene cocinando desde antes de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, eventos que han exacerbado sus posibilidades de ocurrencia.
En Colombia, la situación presenta características dramáticas desde hace tiempo. Tanto, que ya empieza a ser frecuente la publicación de estudios provenientes de diversas fuentes, pues el tema inquieta a diversos sectores de la sociedad, por razones diversas. Aparte de las encuestas periódicas del DANE sobre pobreza y condiciones sociales de la población, relacionadas con el acceso a los alimentos, diversas instituciones dedicadas a atender esta problemática y hasta gremios como la ANDI buscan diagnosticar el problema y proponer medidas de solución.
Pobreza y alimentación
Es evidente que el principal factor que impide que los diversos sectores sociales accedan a una adecuada alimentación radica en la pobreza, particularmente la denominada pobreza monetaria que, en principio, incide de manera directa en la posibilidad de acceso a los alimentos.
A su vez, la carencia o el bajo nivel de ingresos de una porción importante de la población determina que se dificulte su acceso a otros bienes y servicios que determinan la calidad de vida de las familias, situación que el ente estatal de estadísticas mide a través de los indicadores de pobreza multidimensional.
La carencia o limitación en el nivel de ingresos obedece, por su parte, a una situación laboral precaria, ya sea por la falta de un empleo formal debidamente remunerado, por la no disposición de medios de producción que permitan desempeñar una actividad productiva o por un nivel de remuneración inferior al necesario para atender las necesidades básicas del trabajador y su familia.
En plata blanca, al finalizar el año 2021, se contabilizaron en el país cerca de 20 millones de pobres, de los cuales más de seis millones eran personas en condición de pobreza extrema, es decir, que no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas representadas en la canasta familiar. Estos seis millones de personas están padeciendo o en riesgo de caer en situaciones de hambre. La primera cifra representa más del 39% de la población y, la segunda, más del 12%.
A ellas hay que añadir los habitantes del país considerados vulnerables, de acuerdo con las definiciones de las Naciones Unidas que utiliza el DANE, que son personas que están levemente por encima del límite del ingreso debajo del cual se considera que la persona es pobre. Estas personas vulnerables, como su nombre lo indica, son susceptibles de caer fácilmente en la categoría de personas pobres, toda vez que su ingreso está cercano a ese límite.
De hecho, fue lo que pasó en 2020, cuando la pandemia afectó de manera brutal los ingresos de los más vulnerables y los metió en la categoría de pobres, de la cual, en 2021, algunos salieron en razón de una precaria reactivación, sin que por ello el peligro de volver a la categoría de pobres deje de cernirse sobre ellos.
En este texto no vamos a discutir la pertinencia teórica de los conceptos de pobreza y pobreza extrema que se utilizan por parte de los organismos responsables de las estadísticas. Nuestro análisis apunta a mostrar que, con sus propios datos, el régimen en que vivimos es un régimen que no se preocupa por el mejor estar de su gente.
Otros factores como causa de pobreza y de hambre
La elevación descontrolada de los precios afecta de manera despiadada el consumo de los trabajadores y sus familias, así como de los pequeños productores del campo y la ciudad. Al finalizar mayo, la inflación fue de 9,07% anual, levemente inferior a la registrada un año antes. En lo corrido del año (enero-mayo), este indicador se elevó al 6,55%. La prensa oficial y oficiosa exulta de gozo por la leve disminución respecto a los resultados de abril y vaticina un retorno a niveles inferiores de subida de los precios. Habrá que verlo, toda vez que los factores internos y externos que han incidido en esta peligrosa subida de los precios se mantienen.
En primer lugar, la elevación de los precios de los alimentos está muy por encima del promedio nacional. En lo corrido del año, estos se elevaron 12,46% mientras, en el año transcurrido desde abril de 2021, este rubro presentó un escandaloso crecimiento de 21,6%, siendo los productos básicos de la canasta familiar los más afectados. Si ya hay seis millones de personas con hambre o con riesgo de padecerla, el mantenimiento de estos niveles de inflación va a poner en peligro de caer en tal situación a otros segmentos de la población que, todavía, pueden comer tres veces al día.
En segundo lugar, como lo hemos señalado en diversas oportunidades, la producción de alimentos en el país se ha visto afectada por las políticas que, desde hace más de 30 años, iniciaron una apertura económica indiscriminada, que no buscaba otra cosa que el gran negocio de los comerciantes y latifundistas agroindustriales, nacionales y transnacionales, en perjuicio de la población campesina que, todavía, da cuenta de una porción importante de la oferta alimenticia en el país, aunque cada vez más arrinconada por la competencia de las importaciones de alimentos y por el costo de los insumos agropecuarios procedentes del exterior.
No sólo se ha atentado contra el campesinado, sino que las élites han sido incapaces de desarrollar una industria de insumos que no dependa en las proporciones actuales del exterior.
En tercer lugar, cabría señalar la ausencia de programas gubernamentales que ataquen el problema del hambre desde una perspectiva estructural, más allá de la visión clientelista y asistencialista con que se adelantan los programas de subsidios existentes (familias y jóvenes en acción, beneficios económicos periódicos, así como los creados durante la pandemia como ingreso solidario). Ello implicaría un apoyo decidido a la producción agrícola propia (¿les suena la expresión Reforma Rural Integral?), lo que implicaría atacar de frente la gran propiedad latifundista improductiva.
Además, es necesario manejar de otra manera el asunto de la deuda externa, cuyo pago pesa enormemente sobre los recursos estatales. Los niveles de endeudamiento alcanzados, sobre todo en el gobierno de Duque, la devaluación y la consecuente elevación del precio de las exportaciones no compensan los incrementos de los ingresos generados por la exportación de petróleo y de carbón. La deuda, sobre todo la externa, absorbe cada vez más recursos del presupuesto que podrían destinarse a garantizar una adecuada producción de alimentos y una lucha eficaz contra la desnutrición.
Entre la seguridad y la soberanía alimentaria
Si bien se trata de garantizar, en primera instancia, que toda la población tenga asegurada su alimentación, independientemente de dónde provengan los alimentos, las organizaciones campesinas vienen luchando desde hace bastantes años por que se trascienda este estrecho concepto de seguridad alimentaria, estrecho porque sólo tiene en cuenta la disponibilidad de alimentos en el mercado.
Promueven los campesinos la noción de soberanía alimentaria que va más allá de lo simplemente productivo y comercial e involucran los elementos culturales asociados a una producción de alimentos que recoja y mejore las tradiciones alimenticias de los pueblos, que establezca mecanismos de comercialización que generen lazos comunitarios entre productores entre sí y con los consumidores, en el nivel territorial, con el ánimo no sólo de abaratar el precio de los alimentos sino, también, de crear condiciones para una agricultura sostenible económica y ambientalmente.
No podemos dejar de mencionar que, en la actual coyuntura electoral, los dos candidatos en liza han hecho referencia a la existencia del hambre como un evento que hay que atacar con dureza. Pero una gran diferencia los separa en el terreno de las soluciones. Para el candidato de la Liga, basta ahorrar en gastos para poder financiar a los hambrientos mediante programas asistencialistas, con el mismo criterio con que renunció a su sueldo como alcalde y lo entregó para financiar el transporte y otros gastos de estudiantes universitarios seleccionados.
Por su lado, el candidato del Pacto Histórico ha elaborado una fina y estructurada propuesta encaminada a acabar con el hambre y la desnutrición y a fortalecer la economía campesina, sin limosnas vergonzosas y en aras de un cambio estructural del agro colombiano.
