El Gobierno nacional y seis concesiones viales lograron un acuerdo para suspender el alza desproporcionada en ocho casetas del país. Sin embargo, los multimillonarios contratistas insisten en ajustar drásticamente las tarifas. ¿Por qué?
Redacción Política
Año nuevo, tarifas nuevas. Esta situación económica es asumida anualmente por todos los hogares colombianos. Al respecto, es común leer y escuchar el impacto que tienen las cifras oficiales como el Índice de Precios al Consumidor, IPC, la inflación o el valor del salario mínimo.
Por supuesto, el comienzo del año 2025 no fue la excepción. No obstante, el incremento desproporcional en la tarifa de ocho peajes del país encendió las alarmas y llevó a que el Gobierno nacional se sentará con seis concesiones viales del sector para lograr un acuerdo.
Y así fue. Según anunció la ministra de Transporte María Constanza García, se logró un compromiso con estas concesionarias en congelar las alzas. Aunque las medidas acordadas dan rango de maniobra al Gobierno, dejan en evidencia el modelo leonino de los proyectos viales y los peajes.
Diagnóstico
El lío con el alza en las tarifas de los peajes es porque en 2024 los aumentos no correspondieron a la inflación de 2023. El Gobierno nacional defendió su decisión de congelar el esquema tarifario como una medida contra cíclica para enfrentar la difícil coyuntura económica.
En términos generales, el incremento del año pasado no fue del 9,28 por ciento. Solo fue hasta el mes de agosto en el que se aumentó el 4,64 por ciento y se esperaba un ajuste de la mitad faltante para el 31 de diciembre, situación que finalmente fue reformulada por el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, Invías, y la Agencia Nacional de Infraestructura luego de escuchar a varios actores del sector.
En lugar de subir de golpe el 4,64 por ciento, desde el 1 de enero el alza fue del 2,78 por ciento y desde abril será del 1,85 por ciento restante. Esta proyección de normalizar las tarifas en 2025 a partir de un enfoque de gradualidad tiene en cuenta no solo las mejores condiciones económicas en el país, los aumentos al ACPM, el alza en los peajes de 2024 y las actualizaciones al Sicetac, honrando de esta forma los acuerdos alcanzados en septiembre con las bases del transporte de carga y minimizando los impactos sobre las personas usuarias.
Los aumentos agresivos
Si bien esta resolución de ajuste tarifario fue publicada por el Ministerio de Transporte el 30 de diciembre de 2024, la reacción de algunas poderosas concesiones fue elevar sustancialmente el precio de sus tarifas desde el 1 de enero, facultadas por cláusulas contractuales firmadas en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Es importante recordar que de los 150 peajes que existen en las carreteras nacionales, 119 están bajo el modelo de concesiones privadas y tan solo 31 están a cargo de Invias. Los ocho peajes que aplicaron legalmente el aumento corresponden a las concesiones de “Cuarta Generación de Iniciativa Privada” contratadas por el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Uno de los aumentos más agresivos se dio en el departamento de Antioquia. En el peaje Cisneros ubicado en Vías del Nus, carretera que conecta a Medellín con Caucasia, la tarifa quedó en 29.800 pesos para automóviles categoría uno, lo que representa un alza del 65 por ciento.
Esta obra de infraestructura fue desarrollada por Concesionaria Vinus, cuyo accionista principal es Mincivil, empresa de ingeniería civil famosa por ser también el principal socio de Accesos Norte Fase 1, Accenorte, concesión que cobra los peajes de Fusca, Andes y Unisabana (Autopista Norte de Bogotá), y que tuvieron un aumento del 33,7 por ciento.
A propósito de los peajes de Andes y Fusca, el aumento de 3.300 pesos corresponde a los costos de la ampliación de la Autopista Norte y la Carrera Séptima, pactados en la Concesión Accesos Norte 2 y que fue firmado en 2021 en la administración de Iván Duque.
Tres de los ocho peajes
Otro peaje que aumentó su tarifa a 18.500 pesos fue El Placer, caseta que se encuentra en la autopista que conecta a Rumichaca con Pasto, correspondiente a la Concesionaria Vial Unión del Sur, a cargo de la firma española Sacyr y de la compañía Sundinco, que pertenece a la poderosa familia ecuatoriana Herdoíza Guerrero.
Sacyr infraestructura, famosa por sus incumplimientos en la construcción del Puente Alberto Pumarejo de Barranquilla, también posee carga accionaria en la Concesionaria Desarrollo Vial al Mar, responsable de la Autopista Mar 1 en Antioquia y del peaje Aburrá, que desde el 1 de enero tiene una tarifa de 29.200 pesos, lo que significó un aumento del 41 por ciento.
La empresa española también es la única dueña del Concesionario Unión Vial Río Pamplonita que en este momento construye la autopista Cúcuta-Pamplona y principal accionista de la Concesión Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, carretera que conecta a los departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar, responsable del peaje Carmen de Bolívar, que pasó de costar 11.100 pesos a 17.500 pesos.
Si bien todos estos aumentos quedaron congelados para los próximos meses gracias al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transporte y las seis concesiones, quedan dudas de cómo será el cumplimiento de los incrementos contractuales que debe respetar el Gobierno nacional, a pesar de no haberlas firmado.
