lunes, junio 17, 2024
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Ajustes a la reforma tributaria

Su articulado va encaminado a rescatar el distorsionado principio de la progresividad: a mayor ingreso, patrimonio y utilidad, mayor impuesto. Los gremios industrial y minero-energético se resisten a renunciar a beneficios y deducciones fiscales que les otorgaron en el pasado bajo la figura de la “confianza inversionista”

Iván Posada Pedraza

Los ministerios de Hacienda, Gobierno y los diversos sectores económicos del país buscan acuerdos sobre los temas más polémicos de la reforma tributaria, que el Pacto Histórico aspira a aprobar para recaudar recursos que financien al sector social. Uno de ellos es determinar cuánto pagan las empresas de impuesto realmente (tasa efectiva) y cuanto deberían tributar (tasa nominal).

La Andi, que representa al gremio de los industriales, estima que la tributación real de la industria manufactura para 2023 será de 62 por ciento; los servicios 63 y la minería e hidrocarburos 87 por ciento.1 Entre tanto, el minhacienda, José A. Ocampo, afirma que estas cifras son equivocadas y que las empresas tributan realmente 25 por ciento y con el proyecto de reforma pagarán 29 por ciento. Una diferencia sustancial que se debe a la metodología del cálculo. Acopi que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, ha propuesto una tarifa diferencial de 20 por ciento para la micro y pequeña empresa y 25 por ciento para las medianas, que en conjunto generan cerca del 80 por ciento del trabajo formal.

Dividendos y doble tributación

El empresariado sostiene que hace doble tributación porque, por un lado, la empresa, persona jurídica, paga su impuesto de renta, y el accionista, de esta empresa a su vez, paga gravamen por los dividendos obtenidos. Lo que se propone es gravar estos en una escala desde cero (0) hasta máximo 20 por ciento en forma progresiva. El patrimonio se gravaría a partir de los tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) también en forma progresiva, y la vivienda de hasta 500 millones de su valor quedaría exenta de impuesto.

Bebidas azucaradas

Tendrían un impuesto de acuerdo al porcentaje de azúcar que contenga la respectiva bebida en una tabla progresiva de 6 a 10 gramos por contenido. Si bien el recaudo que se espera obtener por este concepto no es significativo (0,1 por ciento del PIB)2, la idea sí es desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, crear hábitos alimenticios sanos sobre todo en la población infantil y joven, como forma de prevención de enfermedades de alto costo para el sistema general de salud como la obesidad y la diabetes. Así los fabricantes tendrán la opción de producir bebidas con mínimo contenido de azúcar para que no sean sujetas de gravamen, o en su defecto, producir otro tipo bebidas con un contenido calórico que no afecta la salud en el largo plazo.

Los tenderos no asumirían este impuesto pues se prevé que lo asuman los productores e importadores, aseguró el minhacienda Ocampo; por su lado Fenaltiendas, que agrupa a unos 450.000 tenderos formales, sostiene que, de aplicarse este impuesto, quedan en riesgo de quebrar 200.000 de estos porque disminuiría el consumo de bebidas azucaradas y productos ultra procesados, que son de masivo consumo en las barriadas de nuestras ciudades.

Salarios y pensiones

Ha generado rechazo gravar las mesadas pensionales con el argumento que un jubilado a lo largo de su vida laboral cotizó a salud y pensión y que, de acuerdo al salario, le hicieron retención en la fuente; la mesada pensional es en promedio, un 70 por ciento del último salario devengado y además pierde poder adquisitivo por efecto del alza en los precios de bienes y servicios, la inflación. Muchos jubilados consideran que sería injusto que tengan que tributar nuevamente.

En cuanto a las ganancias ocasionales que hoy tienen un gravamen de 10 por ciento, quedarían con una tarifa unificada de 15, excepto las loterías que pagarán 35 por ciento de impuesto.

Minería e hidrocarburos

Se mantiene la propuesta de que las regalías no serán deducibles del impuesto de renta para que estos recursos se direccionen a  los municipios y regiones para proyectos en educación, salud, vías terciarias , etc. La tarifa adicional de 5 por ciento a las exportaciones extraordinarias de crudo, carbón y oro  quedo por fuera de la propuesta , y en cambio habrá una sobretasa de 7,5 y 5 por cientos para 2023 y 2024 respectivamente.

El empresariado minero – energético puso el grito en el cielo a pesar de las numerosas gabelas tributarias de que goza el sector. El economista y periodista Álvaro Pardo, en artículo publicado en Razónpublica.com, estima que el Estatuto Tributario contiene 253 beneficios a las empresas de minería e hidrocarburos  en el país y que entre 2010 y 2016 las  diversas deducciones sumaron cerca  de 3.300 millones de dólares /año.

Zonas francas

Fueron creadas para incentivar la exportación de la producción nacional, por lo cual se les fijó    una tarifa diferencial del 20 por ciento en el imporenta. Con el tiempo dejaron de exportar y su producción se direccionó hacia   el mercado interno, por lo cual no se justifica mantener esta tarifa. Se propone entonces que, si estas empresas exportan el 70 por ciento de su producción como mínimo, se   podría   mantener esta tarifa diferencial. El tema está en busca de consenso.

El acuerdo con los comerciantes agrupados en Fenalco de dos días sin IVA para el 2023 para productos nacionales, quedó por fuera de la ponencia con el argumento que va en contra de las clausulas de la OMC, Organización Internacional del Comercio, que en el fondo es el tema de la competencia desleal, que perjudicaría a los productos importados.

Recursos estimados y destino

La cartera de Hacienda ha insistido en que la meta de la reforma es recaudar 25 billones de pesos (1,7 del PIB de 2023), pero sujeto a propuestas que, sumando y restando, mantengan la meta inicial. Uno de los objetivos de insistir en este volumen de recaudo es entre otros, ir eliminando las injustificadas exenciones de que gozan las grandes empresas y un sector de las personas naturales, a causa de las cuales la tasa efectiva (real) de 20 por ciento del impuesto a pagar, es mucho menor que tasa nominal, 33 por ciento, lo que distorsiona los principios rectores de la política tributaria: eficiencia, equidad y progresividad.

Un segundo objetivo es trasladar recursos al sector social para cerrar la brecha entre el sector informal de la población y el de altos ingresos, materializado en la renta básica, que unificaría los actuales auxilios estatales de Familias y Jóvenes en acción, Adulto Mayor, etc.

Un tercer objetivo es disminuir el déficit fiscal actual de 83 billones de pesos, 7 por ciento del PIB, que les resta recursos a los programas sociales. El bajo nivel de recaudo en el país a causa de los beneficios tributarios a altos ingresos y patrimonios reduce en forma significativa los recursos para la política social, una de los programas de campaña del Pacto Histórico.

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