Clara López Obregón
El empate en la correlación de fuerzas entre quienes impulsan las reformas sociales y quienes defienden el estado actual de cosas tiene paralizado el cambio que votaron las mayorías en 2022. En este contexto, el presidente Gustavo Petro avanza con la propuesta Constituyente que puede adoptar varias formas: una Asamblea Constituyente, un Referendo o un Proceso constituyente que desemboque en un acuerdo nacional que permita desentrabar el cambio.
Sobre la necesidad del cambio hay un consenso mayoritario. Ningún país puede impulsar grandes aumentos de productividad y riqueza sin romper la mentalidad anticuada que exprime al hombre a partir de bajos salarios y limitadas garantías sociales y desaprovecha la tierra empujando al campesino a las laderas y las selvas, mientras las planicies fértiles se subutilizan en ganadería extensiva.
Las reformas agraria, laboral, pensional, educativa y de salud son parte esencial de ese panorama de modernización que se requiere para superar la pobreza, la desigualdad y la exclusión. No obstante, su carácter eminentemente socialdemócrata, esas reformas han encontrado una oposición férrea, al punto que, en la negociación de su tránsito por el Congreso, si han de pasar, pierden mucha de su esencia social.
Lo propio sucede con el tránsito de una economía extractivista a una con el valor agregado de la reindustrialización y la necesaria transición energética en clave de asumir la cuota que le corresponde a Colombia para enfrentar el desafío existencial del cambio climático. A pesar de que pueden construirse acuerdos, la polarización extrema impide el diálogo entre contrarios, indispensable para construir consensos sobre bases sólidas que garanticen la convivencia pacífica. Ello se debe a que quienes adversan a Petro sienten que pueden derrotar al progresismo en las próximas elecciones y continuar como venían, pensando con el deseo que podrán contener la presión social que se acrecienta y que, al explotar, hará que todos pierdan.
Aquí entra el proceso constituyente de concentración y organización de las fuerzas populares en una corriente movilizada para el cambio. En ese nuevo contexto, no habrá derrota del progresismo, se abre el espacio al diálogo y al acuerdo nacional. Este debe llevar a consensos mínimos como la eliminación de la violencia como instrumento de la política, la garantía de una democracia plena, la separación de poderes, las elecciones y las libertades civiles y políticas con una dosis garantizada de bienestar social que incluya la universalización efectiva de los derechos a la salud, a la educación técnica y superior, a la pensión y seguro al desempleo. Ello conlleva una dinámica productiva con una fiscalidad democrática. En España, por ejemplo, los impuestos representan el 40 por ciento del PIB mientras que en Colombia si acaso el 18 por ciento.
No es mucho más, pero tampoco mucho menos lo que implica un acuerdo nacional. Estos mínimos se pueden concretar, con el concurso de todos los sectores y clases sociales en un Acuerdo Nacional Constituyente que le dé por fin a Colombia una visión compartida de nación.
