El 19 de agosto se cumplieron 10 años de la movilización campesina, hito que antecedió al estallido social que estremeció al país en 2019 y 2021
Pabloé
El domingo 19 de agosto de 2013 se dio inicio en distintas zonas del país al Paro Agrario que comenzó a fraguarse por cuenta de los productores de papa de Boyacá, Nariño, Cundinamarca y Antioquia, entre otras regiones, como consecuencia del ambiente que empezaba a hacer mella con la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio y las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos tendientes a asfixiar aún más el raquítico presupuesto del sector rural.
En Zipaquirá, la Sabana de Bogotá, Ubaté y las principales cuencas lecheras del país los precios, por ejemplo, caían en picada bajo el pretexto de los TLC. Las pasteurizadoras aplicaban el ‘pico y placa’ como les venía en gana, recogiendo la leche a los productores un día sí y al siguiente no, mientras el precio de la papa y buena parte de los productos del campo caían estruendosamente.
Para el productor, caro está, no así para el consumidor gracias en buena medida a las mafias de los alimentos incrustadas en las centrales de abasto. De contrapelo, los costos de insumos y concentrados volaban.
El puntillazo final correría por cuenta del borrador del Presupuesto que emitía señales apocalípticas para el sector primario de la economía. El gobierno anunciaba sin desparpajo que el presupuesto rural sufriría un recorte del 30%, pasando de un mísero billón de pesos a 700 mil millones para atender las necesidades de 12 millones de habitantes. Ahí fue Troya.
“Ese tal Paro Agrario…”
Los papicultores en rebelión, que para ese momento habían sumado a su causa las molestias de la comunidad lechera, los cafeteros, arroceros y cacaoteros, entre otros sectores, convocaron para el domingo 19 de agosto el inicio del Paro Agrario Nacional.
Contra todos los pronósticos ese domingo se registraron movilizaciones a lo largo y ancho del país. Y al día siguiente, lunes, se presentaron bloqueos sobre la Vía Panamericana y algunos tramos carreteables de Boyacá, Nariño, Cauca y Norte de Santander. El martes se registraron trifulcas en Antioquia, Huila y Popayán entre otras regiones. Aparentemente, síntomas febriles dispersos, con débiles vasos comunicantes entre sí. Nada qué preocuparse, supusieron en las altas esferas, máxime si la protesta provenía de grupos alpargatudos, de ruana y sombrero con pocas expresiones organizativas.
Entonces fue cuando el presidente Juan Manuel Santos soltó el miércoles aquella frase que la nación no olvidaría jamás: “Ese tal Paro Agrario, ¡no existe!”. Esa alocución permitió que agricultores, indígenas y empresarios y trabajadores rurales radicalizaran sus posiciones. Se generaron de inmediato y sin que nadie lo ordenara inusitadas demostraciones de unidad, fuerza y combate en sus movilizaciones.
Se catapultó la movilización general. El país alcanzó a sentir los rigores de un auténtico desabastecimiento alimentario, con frutos a dos manos en los árboles y matas de nuestros ricos y diversos campos, tubérculos bajo tierra por montones y cosechas por recoger por donde se volteará a mirar, tras la cadena de bloqueos y choques con la fuerza pública que se generaron, incluso en los cascos urbanos para ese momento con el gremio de los camioneros haciendo causa común con el campesinado.
Fueron centenares de heridos, detenidos y procesados, como igual ocurriría un lustro después durante los siguientes estallidos sociales que se producirían en todo el país.
Compensaciones agridulces
Diez días después de aquella sentencia provocadora, el propio Santos Calderón llamó al diálogo a los líderes campesinos y empresariales que había mirado con sarcasmo y desdén.
Se acordaron medidas paliativas especialmente para la papa y la leche frente a la destorcida de los TLC y se establecieron mesas de compensaciones que escasamente avanzaron en sus primeros propósitos.
La cuerda duró como para instalar las “negociaciones” y definir algunas herramientas de menor cuantía e incidencia que a estas alturas continúan entregando a las comunidades afectadas por los tratados, con un problema adicional: no siempre han sido debidamente utilizadas y, por el contrario, se vienen prestando para el desprestigio y la implosión de las organizaciones campesinas desde sus propias bases, buena parte de las cuales cobraron vida alentadas justamente por el Paro Agrario de 2013.
Lo que sí logró repuntarse como nunca –así fuera momentáneamente– fue el presupuesto para el sector rural que tendía a desaparecer, saltando de un billón a los 4.3 millones de pesos para la vigencia 2014. Presupuesto que desde esa fecha a cambio de mantenerse al menos como respuesta al atraso y miseria campeante de nuestros campos, reconocida en 2014 por la Misión Rural, comenzó a caer de nuevo bajo las administraciones del mismo Santos y Duque hasta el último de sus días en la presidencia cuando se ubicó en 1.6 billones de pesos para 2022. La cifra más baja desde entonces. Si aplicamos la indexación, el presupuesto rural de 2022 vendría a terminar siendo muy similar al del 2013, cuando estalló el Paro Agrario.
Y pudo haber seguido cayendo de no ser porque a la conducción del país llegó un Gobierno radicalmente distinto a todos los anteriores, el primero en aterrizar en la Casa de Nariño como expresión de las fuerzas alternativas, progresistas y de oposición. En consecuencia, el presupuesto de 2023 logró franquear el techo de los 4 billones de pesos por segunda vez en la historia, llegando a los 4.1 billones.
Con la adición presupuestal aprobada por el Congreso de la República en junio anterior, dicho presupuesto llegará a los 5.3 billones de pesos para el año entrante, con tendencia al alza si consideramos las políticas de entrega de tierras a los campesinos y la disposición del Gobierno del cambio por apostarle a la industrialización del país, la cual resulta imposible de alcanzar sin la necesaria modernización del campo, como lo ha sentenciado en diversos escenarios el presidente Gustavo Petro.
La ruta está definida con centros de acopio, almacenamiento y transformación y agregación de valor que el ejecutivo empezaría a sembrar en los territorios bajo la tutela de las organizaciones campesinas y de la economía social y solidaria, necesariamente vinculadas a la economía real para que no se pierda en el camino. Lo contrario sería un suicidio.
El mañana entre las paradojas
Paradojas nos da la vida, ¿no? Como en la vieja canción, si aquel 19 de agosto de 2013 las banderas que agitaron el Paro Agrario oscilaban entre los TLC y el presupuesto rural, una década después el péndulo rural insiste tercamente en seguirse moviendo en el mismo sentido, solo que bajo los vientos cosechados desde entonces.
El campesinado apenas se está preparando para empezar a romper con el fardo que por siglos los consideraban seres feudales y semifeudales. En la actualidad por fin son reconocidos como sujetos de derechos, con jurisdicción especializada para resolver sus conflictos, además de contar con una hoja de ruta perfectamente establecida en los Planes de Desarrollo en sus distintos niveles y, entre otras, la consolidación y ampliación de las Zonas de Reserva.
Lo más probable es que la clamada modernización de nuestra ruralidad cobrará visos de realidad. Todo esto hasta alcanzar la soberanía alimentaria.
