Es importante el acuerdo en la mesa, porque equivaldría a la mitad de la agenda evacuada, aun siendo parciales los consensos. Sin embargo, es indispensable que el Gobierno asuma una posición constructiva y política en el marco del “Acuerdo General”
Editorial del Semanario VOZ
Al inicio de la 25ª ronda de los diálogos de La Habana, el pasado lunes 12 de mayo, Jesús Santrich, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP, declaró con optimismo: “Estamos a un paso del acuerdo sobre este punto”. Hizo referencia al tema de “Solución de las drogas ilícitas”, seleccionado como el tercero de los seis puntos de la agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Por fuentes gubernamentales y de la insurgencia, este semanario conoció que ya están redactadas 22 cuartillas de acuerdos parciales sobre los tres subtemas, a saber: “1.- Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2.- Programas de prevención del consumo y salud pública. 3.- Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.”
Aunque faltan aspectos medulares para un acuerdo de fondo como la gradualidad en la erradicación, la suspensión de las fumigaciones y el camino de la legalización regulada de los mismos, al decir de voceros de las Naciones Unidas y de reconocidos académicos que intervinieron ante las partes en la mesa de La Habana. Está claro que las fumigaciones dañan el medio ambiente y afectan la salud de los habitantes de las áreas contaminadas con el glifosato, como ha sido comprobado. Pero este aspecto, objetivo, más allá de las imposiciones de Washington, no es aceptable para el gobierno de Santos que depende de la política antidrogas de Estados Unidos, implementada, por supuesto, lejos de su territorio.
Está en debate la reubicación de las familias de los parques naturales, que por años se fue consolidando por el éxodo de miles de campesinos afectados por la crisis del agro. Es un problema difícil de resolver: apenas en La Macarena hay 12.500 familias que no se podrán reubicar con facilidad.
En este sentido, las FARC-EP, interpretando las propuestas de los foros realizados en Bogotá y San José del Guaviare, hicieron 50 propuestas, entre ellas la de un nuevo ordenamiento territorial que tenga en cuenta las realidades sociales en las zonas de los cultivos de uso ilícito, incluyendo los parques naturales, asentamiento de miles de familias y de miles de hectáreas con este tipo de cultivos. La sustitución de los cultivos de uso ilícito no se puede adelantar en el marco de los propósitos militares del plan de consolidación, sino en la perspectiva de soluciones sociales concretas.
En Colombia hay 1,5 millones de hectáreas fumigadas sin que se haya resuelto el problema, pero sí a un precio muy alto por las consecuencias funestas para las personas y el medio ambiente.
A última hora, surgió una talanquera para el acuerdo sobre este punto, porque el Gobierno Nacional pretende que las FARC-EP se autoincrimine, renunciando al narcotráfico en toda su cadena desde el cultivo de la hoja hasta la producción y exportación, lo cual le quitaría la naturaleza política a la insurgencia, de hecho desvirtuaría el conflicto y convertiría su salida en decisiones judiciales, incluyendo la extradición.
Es una maniobra gubernamental para eliminar la responsabilidad del Estado y de las instituciones controladas por el establecimiento, en el narcotráfico. Como si banqueros, industriales, políticos tradicionales, empresarios, no se hubieran lucrado por su relación con los carteles y las mafias de narcotraficantes. Antes de permear el conflicto, el narcotráfico hizo carrera por todas las ramas del poder público y por instituciones de las cuales no se salvó ninguna, incluyendo la Iglesia.
Así las cosas, este es un tema que se debe asumir sin hipocresía ni maniqueísmo, porque es un asunto internacional que se debe tratar con los países de alto consumo (capitalismo desarrollado) y de donde también salen los químicos y otros insumos para la producción de las drogas ilícitas.
Es importante el acuerdo en la mesa, porque equivaldría a la mitad de la agenda evacuada, aun siendo parciales los consensos. Sin embargo, es indispensable que el Gobierno asuma una posición constructiva y política en el marco del “Acuerdo General”, porque no es aconsejable la férula de la extradición, que genera desconfianza. Le mete ruido al ambiente como lo hizo Luis Carlos Villegas, embajador en Washington, con las desacertadas declaraciones de la semana pasada.
