¡A la calle!

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Lo que está en juego no es solo la permanencia de un Gobierno. Es, sobre todo, la salvación de la maltrecha y frágil democracia que tenemos en Colombia. Foto Presidencia de la República

La operación de lawfare contra el Gobierno del cambio pretende devolvernos a épocas oscuras. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y a la democracia

Federico García Naranjo
@garcianaranjo

El periodo del fiscal general Francisco Barbosa se encuentra en sus últimos estertores. Han sido cuatro largos años desde que el “hombre sin atributos”, como lo llamamos en estas mismas páginas, asumió su cargo. Tal vez el peor fiscal general de la historia de Colombia –dura competencia, hay que decirlo– pasará pronto a la intrascendencia debido no solo a su pésima gestión y los numerosos casos de corrupción en la entidad, sino sobre todo al perverso papel que ha ejercido como vocero de la oposición desde que se posesionó el Gobierno del cambio en agosto de 2022.

Ahora, cuando se dispone a abandonar el cargo, intenta dar su último zarpazo a la democracia y anuncia investigaciones contra el presidente de Ecopetrol y el superintendente de Servicios Públicos, ambos vinculados con el movimiento Colombia Humana que, como se sabe, recibió un aporte de quinientos millones de pesos por parte de Fecode, hecho que se ha distorsionado presentándose como “financiación ilegal”.

Mediocre y cómplice

La Fiscalía de Barbosa no solo ha presentado los peores resultados de gestión –94 por ciento de impunidad en casos de corrupción– sino que ha emprendido una feroz persecución contra funcionarios del Gobierno para debilitarlo y entorpecer el proceso de cambio. En otras palabras, no solo ha permitido la impunidad, es decir, no ha hecho bien su trabajo, sino que también ha usado la Fiscalía como arma política.

Ahora, en complicidad con la ultraderecha y los medios corporativos, pretende que la Corte Suprema se tarde lo que haga falta en elegir a la nueva fiscal general, lo que dejaría a la cuestionada vicefiscal, Martha Mancera, al frente de la entidad en interinato.

Lo que haga falta no para escoger a la mejor candidata, por supuesto, sino para garantizar que Mancera oculte las pruebas y archive las investigaciones que sobre ella misma y sobre muchos miembros del Establecimiento se adelantan –“se adelantan” es un decir– en la Fiscalía.

Lawfare

Semejante operación de desestabilización, a la que se suma la suspensión del canciller por parte de la Procuraduría, solo tiene un nombre: lawfare. Esta palabreja de reciente aparición en el lenguaje político se refiere al uso de las instituciones judiciales para entorpecer la gestión del gobierno de turno –normalmente progresista– y encarcelar o destituir a funcionarios que amenazan los privilegios de los de siempre.

El plan sedicioso de la ultraderecha colombiana incluye el desprestigio de figuras relevantes del Gobierno y del Pacto Histórico, ya que la movilización de reservistas y personas opositoras en las calles hasta ahora no ha pasado de lánguidas manifestaciones.

Ante la falta de pueblo, les ha tocado apelar a los medios, la Fiscalía y la Procuraduría para cumplir sus objetivos, con la esperanza de que así solo una minoría apoye sus planes, sean los organismos de control los que logren encarcelar o destituir funcionarios y “hacer invivible la República”, al estilo de los fascistas de los años treinta.

Golpe a la democracia

Es increíble cómo la derecha en todo el mundo se ha dedicado los últimos años a socavar los cimientos del Estado de derecho para mantenerse en el poder. Ello ha llevado a que la principal bandera de la izquierda y las fuerzas democráticas se haya convertido –irónicamente– en la defensa de la institucionalidad. Porque, recordemos, cuando la derecha habla de institucionalidad no se refiere a las reglas de juego democráticas, sino al statu quo.

Por ello, lo que está en juego no es solo la permanencia de un Gobierno. Es, sobre todo, la salvación de la maltrecha y frágil democracia que tenemos en Colombia. La apertura de investigaciones contra altos funcionarios, la intensa campaña de desprestigio en medios de comunicación, el saboteo a las reformas en el Congreso, la guerra sucia en redes sociales y ahora la tardanza en elegir a la nueva fiscal son tácticas de golpe blando que el pueblo en las calles debe contrarrestar.

Tenemos tal vez la última posibilidad de evitar que el país regrese a oscuras épocas de muerte, chuzadas, desapariciones forzadas, desplazamientos, guerra y corrupción rampante. Podemos desde las calles contribuir a consolidar nuestra democracia y transitar todos y todas hacia un buen vivir.

Es ahora o nunca. Por eso, ¡a la calle! Tal vez no haya otra oportunidad.