Ante las declaraciones del Gobierno de emprender acciones en contra de ocupantes de tierras, dirigentes del sur occidente aseguran que no son invasores o entorpecedores de las políticas gubernamentales, hacen parte del colectivo que permitió́ la victoria electoral. Y enfatizan, “la tierra es para quien la trabaja”
Carolina Tejada
@carolltejada
La lucha por la tierra ha sido una brega histórica por parte de las comunidades campesinas, indígenas y negras del país. Desde la época de la colonia los pueblos indígenas han sido despojados, gracias a la expansión terrateniente a finales del siglo XIX por parte de familias, como los Zambrano, Mosquera, Valencia en el Cauca, y por otro lado, los acontecimientos de los años 50, en donde, las elites colombianas, en un nuevo episodio de violencia política y con el apoyo de militares y el ejercicio de grupos armados organizados, hoy denominados paramilitares, agudizaron el conflicto hasta llevarlo a uno armado, usurparon tierras y acrecentaron sus propiedades para la reproducción del capital.
En muchas de esas tierras hoy se concentran los conglomerados económicos del azúcar, ganaderos, arroceros del país, etc.
Situación que ha conllevado, históricamente, a ampliar las barreras de exclusión de las comunidades y sectores más desvalidos del país. Esas mismas familias, y elites que se beneficiaron de estos procesos violentos, son quienes se han venido oponiendo, por un lado, a cumplir el mandato legal de la devolución de predios a las comunidades indígenas, y han puesto restricciones a la propuesta de una reforma agraria integral.
Frente a la recuperación de tierras
El ejercicio político de desalambrar, de disputarse el territorio y recuperar lo expropiado a la fuerza y de ver la tierra como derecho milenario de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y afro, no es una práctica de hoy, es una acción de la población excluida, ante la ausencia de garantías por parte del Estado para el goce efectivo de este derecho.
Dicho tema se pone nuevamente en el debate público dado que, las comunidades históricamente excluidas y desarraigadas de sus territorios, vienen reclamando y tomando predios en varias partes del país para garantizar su pervivencia y, el nuevo gobierno, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de agricultura Cecilia López, reaccionaron en contra de estos hechos.
Al respecto, la ministra afirmó, en medio de una rueda de presa, que “quienes invaden entorpecen la gestión del Gobierno y esto puede ocasionar que sean investigados por parte de las autoridades” al tiempo que la vicepresidenta aseguro: “No aceptamos, rechazamos y solicitamos a quienes hoy de manera violenta e inadecuada están invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir ejerciendo esa práctica. En nuestra Constitución está claro el respeto a la propiedad privada”. Inmediatamente las organizaciones campesinas, indígenas y sociales reaccionaron a dichas declaraciones.
Reacciones al discurso del gobierno
¡Son desafortunadas!, así calificaron las palabras que utilizó el actual gobierno para referirse a quienes adelantan procesos de recuperación de tierras. Según Oscar Viveros, dirigente del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, Pupsoc, un proceso que coordina organizaciones del Cauca, Nariño, Valle, Huila y Putumayo, “durante décadas los gobiernos de turno, todos al servicio de los grandes terratenientes, nombraron a nuestras comunidades como los invasores, y el hecho de que el gobierno del cambio utilice esos mismos calificativos deja mucho que pensar y desear, no podemos quedarnos en silencio cuando desde la palabra se nos descalifica”.
Afirma el dirigente que el trato que se espera hacia las comunidades es otro. “Hicimos parte de ese gran acumulado que permitió la victoria del actual gobierno, y aunque somos conscientes de que el tiempo transcurrido es muy poco para empezar a ver las transformaciones que se requiere en el país, tampoco podemos permitir ese trato. El gobierno ha manifestado que va a primar el diálogo, pero el diálogo no puede partir de tonos amenazantes y de plazos que suenan a ultimátum para que la fuerza pública actúe en desalojos; el cambio no se construye así”.
Además, explica que, en los procesos del sur, así como en toda Colombia, “la recuperación de la tierra, de desalambrado, es una acción legítima en el marco de la línea histórica de “la tierra para quien la trabaja”. No somos invasores, tampoco somos entorpecedores del gobierno, somos parte de ese gran colectivo que permitió la victoria electoral”.
Para la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, los estados, según la declaración de la ONU, sobre los derechos del campesinado a la tierra son claros. “El campesinado y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente. Los Estados adoptarán medidas apropiadas para proceder al reconocimiento jurídico de los derechos de tenencia de la tierra”.
Por eso, por medio de un comunicado público expresan que “ratificamos nuestro compromiso con los Derechos de las Campesinas y los Campesinos; por lograr una Reforma Agraria Integral y Democrática, que modifique la inequitativa distribución de la tierra, fortaleciendo a su vez los derechos de las mujeres y de los jóvenes (…) a una paz completa».
Por eso, señalan que, al leer y escuchar las declaraciones el gobierno, les quedó un sentimiento de “extrañeza y preocupación” los conflictos relacionados a la tenencia y concentración de la tierra, “no son nuevas en Colombia. A la justa lucha y exigencias del campesinado por este derecho no puede dársele un tratamiento judicial, «sin tierra y bienestar para las comunidades rurales, la paz se convierte solo en una consigna vacía” afirma la organización campesina.
Así mismo hablan de la legitimidad de la recuperación de la tierra, “la recuperación de la tierra de forma directa, para los pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, se vuelve justa y legítima ante la negativa histórica del estado de resolver los problemas de los desposeídos del campo” y mencionan que el nuevo gobierno, elegido con el voto del campesinado, debe abrir un “panorama de diálogo y definición de una política que erradique para siempre el latifundio improductivo en el territorio nacional, dando paso a un nuevo modelo de desarrollo económico y social en el país, y son contundentes en afirmar: “los verdaderos usurpadores y ocupantes ilegales de las tierras no son los campesinos y las campesinas, sino aquellos grandes latifundistas que aprovecharon la guerra para concentrar la propiedad y desplazar a millones de sus tierras”.
¿Reencauche paramilitar?
Otra reacción que generó preocupación fue la del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien, ante la recuperación de tierras por parte de las comunidades, no dudó en convocar una reunión virtual de ganaderos y proponer salidas para, según él, proteger los predios. En esta reunión se planteó la creación de “grupos de reacción solidaria” un discurso similar al que se utilizó para la creación de las Convivir.
Hay que decir que, dichas propuestas no son ajenas a las prácticas del ganadero, pues se sabe que ha estado relacionado con los grupos paramilitares y que, en el periodo de Álvaro Uribe, según atestiguó ante la JEP, el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, Lafaurie le habría pedido al jefe paramilitar Salvatore Mancuso que “apoyara a Mario Iguarán en su aspiración a ser fiscal general de la Nación”.
Esa y otras razones relacionadas a la expropiación de tierras de campesinos y la información reservada de los documentos del DAS, en donde reposan los vínculos del ganadero y de Fedegán con el paramilitarismo, son elementos que quedan como argumento para comprender la incomodidad ante las acciones de recuperación de tierras adelantadas por las comunidades y, así mismo, la propuesta del empresario de crear “grupos de reacción solidaria”.
El respecto, Oscar Viveros, menciona que “no es algo que no se esté haciendo ahora. Tenemos información que los empresarios se están organizando para actuar de forma violenta en contra de quienes ocupan predios. Se sienten respaldados por las modificaciones que introdujo la ley de seguridad ciudadana; en el Cauca ya hay casos en donde llegan hombres de civil armados a disparar en contra de los procesos en ocupación, acompañados en muchos casos por miembros de la Policía y del Ejército.
Son acciones paramilitares que nunca han cesado en nuestros territorios. Y eso debe cambiar”. “Miembros de Fedegán han impulsado esas prácticas, y debería preguntarse al señor Lafaurie si lo que pretenden es organizar a nivel nacional lo que en algunas regiones ya existe, o si pretende ganar adeptos para el paramilitarismo”.
Finamente, y más allá de Fedegán, el movimiento campesino, indígena y afros del país llama la atención frente a la necesidad de “fortalecer el ejercicio de guardias, como figuras protectoras del territorio y de las mismas comunidades” y al gobierno “lo invitamos a mantener el diálogo, a apoyarse en las organizaciones sociales, a escuchar nuestra voz y a construir con quienes estamos dispuestos a respaldar las transformaciones planteadas en el programa”, asegura Viveros.
