Para los abogados de las víctimas hay significativos avances, pero falta mucha verdad por parte de los pocos comparecientes que han acudido a este tribunal de paz
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Hace casi un mes, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, afirmaron que había al menos 8.300 víctimas de la Unión Patriótica, UP, de las cuales 5.733 fueron desaparecidas o asesinadas y el resto víctimas de otras formas de violencia como tortura, abuso sexual y exilio.
En el mismo sentido, el pasado 22 de abril la JEP emitió un Auto en el que la Sala de Reconocimiento determinó que la violencia contra los miembros de la UP fue ejecutada, principalmente, por agentes de Estado y paramilitares de forma masiva, generalizada y sistemática.
Para conocer sus observaciones sobre la decisión de la JEP, VOZ consultó con la abogada Estela Aponte, integrante de la Corporación Reiniciar, que ha estado desde hace años en defensa de las víctimas de esta colectividad política y quienes esperan una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el exterminio de este grupo político, en proceso admitido en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Cifras contradictorias
En primer lugar, la jurista aclara que la información suministrada por la Comisión de la Verdad y la JEP, instituciones del Estado, fue comunicada a la Corte Interamericana por parte de Reiniciar para que fuera solicitada al Estado y contraponerla con la cifra de 219 víctimas, que es la que ha aceptado los abogados defensores del Estado. “Estos datos le dan la razón a las víctimas y a sus defensores. Creemos que esto puede ayudar a que la Corte comprenda de mejor manera que esto es un universo muy grande, no solamente 219 como dicen”.
Según la JEP, la investigación se hizo sobre hechos acaecidos entre 1984 y 2016, y “Los resultados del análisis realizado por la Sala arrojaron que, de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente. Con base en este análisis, la Sala estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas. Sin embargo, la violencia no letal estuvo lejos de ser marginal. De hecho, la segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con 2.217 víctimas”.
Por esto, y en segundo lugar, para la doctora Aponte la JEP hace el reconocimiento de que la UP es una víctima colectiva, porque ha encontrado información indicativa de que hay un patrón de persecución, sistematicidad de violencia política con la finalidad de excluirla del escenario electoral.
“Encuentra que esas violaciones provienen de agentes del Estado combinados con el paramilitarismo, con una variedad compleja porque hay desde agentes de inteligencia hasta mandos militares, policiales y agentes de estos organismos. Luego, llaman a versión a 16 comparecientes, la mayoría exagentes del DAS. Son muy pocas y son muy pocos los resultados”, explica Estela Aponte.
Observaciones al Auto
La JEP priorizó la investigación en cinco zonas del país: Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima. Además, llegó a sus conclusiones luego de contrastar información de la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Cancillería junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas, el listado que la Sala de Reconocimiento de la JEP construyó con los datos de víctimas de la UP que viven en el exilio y que participaron en espacios de escucha realizados en conjunto con la Comisión de la Verdad; la información disponible en las acreditaciones de víctimas; la información sistematizada de los expedientes inspeccionados en la fase de instrucción y el informe de la Corporación Reiniciar.
Para la abogada de Reiniciar: “Con el análisis de los patrones de violencia que identifica, en un ejercicio propio de una de las características de la justicia transicional, la Sala hace una priorización de casos y encuentra patrones que asocia con las más altas cifras de victimización y los presuntos victimarios para priorizar la investigación. Eso es positivo para nosotros, aunque tenemos observaciones que haremos a la Sala”.
En ese sentido, los abogados cuentan con 15 días hábiles para pasar a la Sala un escrito con observaciones. Dentro de las cuales dirán que al priorizar periodos y regiones se corre el riesgo de que se ignoren muchas víctimas y hechos.
“Por ejemplo, el Auto prioriza con criterios muy válidos unos municipios de la región de Urabá y unos años específicos, pero qué puede pensar la víctima que no es de esos años. O ¿cómo le explicamos a la víctima que es representativo Bernardo Jaramillo y no Pepito Pérez de la vereda EL Alto de determinado municipio. Tuvieron la intención de acabar con los líderes y con los militantes. Ahí están los retos, en que eso se pueda corregir”.
Sanciones propias
Por otra parte, sobre los victimarios la JEP informó que la Sala evidenció que los comparecientes que pertenecieron al Departamento de Policía de Cundinamarca y al Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes, de la Brigada XIII del Ejército, participaron en la victimización contra miembros de la UP sin asociarse con grupos criminales. Estos hechos pertenecen a la situación de violencia de Cundinamarca y Sumapaz, entre 1991 y 2001.
Acerca de este particular, a Reiniciar no le impresiona lo que han dicho sino lo que han dejado de decir, como las declaraciones de los agentes del DAS, desde Masa Márquez hacia abajo en rango. “Han evadido o negado o eludido que hubo un plan desde los organismos del Estado para estigmatizar, perseguir y asesinar a los militantes de la Unión Patriótica. Eso nos ha impresionado. Abrieron archivos de inteligencia para monitorear sus reuniones, sus propuestas, sus planes, sus aciertos y fracasos con la finalidad de poder decidir en qué momento eliminarlos”.
Por último, sobre la reparación a las víctimas se planearon unas sanciones propias y unos trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador, TOAR, para los comparecientes de la guerrilla para los territorios por donde se movieron. “Pero qué sucede cuando quien causó ese daño es un agente del Estado o un paramilitar que trabaja con la anuencia del Estado. Es que hay un daño adicional cuando el daño lo causó un agente del Estado porque se supone que está para protegerlo a uno. ¿Un TOAR para un daño que ocasionó un agente del Estado sería suficiente, cuando es un daño político?”, concluye la doctora Estela Aponte sobre la reparación a las víctimas.
