En las calles se rechazó el modelo económico y la agenda legislativa del Gobierno. Los marchantes respaldaron el proceso de paz, pero no entienden la incoherencia del presidente. Se presentó un pliego de peticiones que, de no tener respuestas positivas, llevará a un paro cívico nacional
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Coloridas y alegres movilizaciones en todo el país, se desarrollaron el pasado 17 de marzo, en cumplimiento de la primera gran cita del movimiento social para rechazar las políticas económicas del Gobierno nacional, exigir cumplimiento de acuerdos con sectores sociales y respaldar los procesos de paz con las insurgencias.
En la jornada, la primera de varias que se realizarán este año, participaron usuarios y trabajadores de la salud, estudiantes, camioneros, campesinos, las centrales obreras y líderes cívicos; quienes también pidieron el cese de la venta del patrimonio público, como sucedió con Isagén, y se planea con Ecopetrol y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB.
Pero también reclamaron por los pírricos salarios, el bajo reajuste al mínimo y los altos incrementos en los precio de los productos de la canasta familiar. Asimismo, se opusieron a la reforma tributaria planteada por el Gobierno y al incremento al IVA.
Puntos que atañen a la soberanía nacional, como la entrega a transnacionales de títulos para el ejercicio de la minería, pero sin control estatal, que generan alta contaminación con destrucción de ecosistemas, también fueron denunciados en las calles colombianas.
Los campesinos se concentraron en algunas vías para recordarle a la sociedad que el Gobierno ha venido dilatando las negociaciones en las mesas iniciadas hace dos años, en las que no ha habido acuerdos que garanticen la vida digna y la producción en el campo. Además, han reiterado que harán más manifestaciones nacionales en lo que queda del presente año.
En conclusión, más de dos millones de colombianos se manifestaron contra al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos por considerarlo excluyente, dependiente de la banca internacional y obediente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que convierte al gobierno en títere de intereses económicos de minorías nacionales y foráneas.
Contra privatizaciones
Este medio habló con algunos de los marchantes en Bogotá quienes explicaron las razones particulares que los hicieron participar en el paro. Enrique Castillo, presidente de Sintrainpec, comentó que marcharon por el incumplimiento del Gobierno nacional con las centrales obreras, y con ese sindicato con quien acordó ampliar la planta de personal y ahora se niega a hacerlo. “Esto lleva a que las condiciones de los internos en los centros de reclusión sean paupérrimas y no se puede brindar un servicio de calidad”. Los compromisos fueron hechos en 2015.
Según el dirigente sindical si mejoran las condiciones de estos trabajadores podrían brindarle a los internos servicios como psicología, educación, trabajo social, educación, abogados y seguridad. “El compromiso es aumentar la planta de personal administrativo en seis mil cargos y el personal de vigilancia y custodia en nueve mil, que ahora no quieren cumplir, especialmente el Ministro de Hacienda”. Actualmente la planta es de 2.500 personas para atender 137 centros de reclusión.
Los trabajadores de las empresas de servicios públicos también marcharon por las 180 entidades del Estado amenazadas por la privatización: “So pena de la aplicación de la nueva fórmula tarifaria las empresas deben reducir gastos y por ende tiene que entrar en unos procesos de modernización que conllevan a su venta. A su vez habrá una alza de tarifas que deben soportar los usuarios”, dijo Humberto Polo de Sintraemsdes nacional.
Actualmente, la entidad de mayor riesgo de ser vendida es la Empresa de Servicios Públicos de Arauca, que ha sido intervenida por la Superintendencia, la ha descertificado y se la ha pasado a la empresa departamental. Lo mismo sucede con las empresas de servicios de municipios como Honda, Yopal, Mompox, Cartago, y se abren más posibilidades de venta de otras empresas.
“El conflicto más grande que hay es el del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, ya que el Alcalde la entregará al sector privado”, expresó el dirigente sindical de Sintraemsdes.
Por su parte Rodrigo Garavito, presidente de la Corporación Nacional de Comerciantes en Alimentos, Conalco, quienes laboran en Corabastos, dijo que marchaban contra el neoliberalismo del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien ha dicho que ese lugar debe salir de la ciudad, lo que afectaría a alrededor de 200 mil personas que se benefician de ese mercado, entre los que hay seis mil comerciantes.
“Él dice que estamos en la mitad de Bogotá y que debemos salir porque las grandes empresas multinacionales deben ser las que manejen los alimentos. Los estratos más bajos serían los más afectados. Proponemos que nosotros seamos los dueños de Corabastos y poder ser un puente entre el campo y la ciudad, porque allí es donde se encuentran los alimentos más baratos”, expresa el presidente de Conalco.
Se extiende el paramilitarismo
Aída Avella, presidenta nacional de la Unión Patriótica, UP, explicó el porqué esa organización también marchó en todo el país: “Estamos en las calles porque respaldamos la paz con justicia social, aquí no puede haber paz con hambre, tienen que hacerse las reformas que se necesitan, sobre todo la reforma agraria; tienen que constituirse las reservas campesinas. Creemos que el Gobierno no puede seguir entregando la tierra a los mismos de siempre, los recursos naturales deben redistribuirse y que las transnacionales no pueden hacer fila en las fronteras para sacar nuestras riquezas. Estamos también defendiendo el agua”.
Sobre los ataques al proceso de paz dijo que son graves porque se está poniendo en marcha un plan de asesinatos contra dirigentes de izquierda y defensores de derechos humanos en todo el país, mientras las paredes en las ciudades se llenan de consignas del paramilitarismo.
El Partido Comunista también marchó en todo el país. Jaime Caycedo, su secretario general, explicó los motivos: “Compartimos la tarea del paro nacional por la inconformidad ante una política económica represiva que no puede repetirse y que riñe con el proceso de paz de La Habana. Reclamamos coherencia y compromiso al Gobierno para que escuche las voces de los sectores populares que protestan. También preparamos un gran paro cívico si esto continúa sin respuestas por parte del Gobierno y el Consejo Gremial. Este último es el verdadero propietario del país que pretende mantener esta política de injusticia social”.
Secundaria y universidad
A su vez, los trabajadores de la salud se movilizaron en Bogotá para rechazar la fusión de los 22 hospitales que deja sólo cuatro, el fin del programa territorios saludables y porque el gobierno de la ciudad promueve las privatizaciones en ese sector. En el resto del país marcharon contra el cierre de hospitales como el de Cartagena y el Universitario del Valle. En reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores ya que el 90% de estos es contratado de manera tercerizada. Y, por la corrupción en este sector como se evidencia con los casos de Saludcoop y Cafesalud.
A las madres comunitarias también se les vio en las calles. Y en Bogotá la presidenta de Sintrabienestar, María Victoria Forero, explicó las razones de su protesta: “Exigimos mejores salarios y condiciones de trabajo en el ICBF. Además, se están haciendo negocios con los recursos de los niños; en los hogares infantiles y en los hogares comunitarios de Bienestar Familiar les entregaron a grandes operadores el funcionamiento del programa y han dejado a más de 3.500 madres comunitarias por fuera, en la calle, sin derechos. Los grandes operadores que se han quedado con la administración de los recursos son organizaciones ancladas con el clientelismo regional y nacional”.
Los estudiantes también dejaron sus aulas de clases y salieron a las avenidas. Stefany Moreno, estudiante de la Universidad Externado e integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, argumentó estar en la calle ante la baja calidad en la educación del país, las políticas privatizadoras de la misma y el neoliberalismo en general.
“Este Gobierno usa una retórica en la que manifiesta que no va a privatizar, sin embargo firma tratados que buscan la venta de las universidades y las empresas. Entre las problemáticas que rechazamos están la baja calidad y el endeudamiento con el Icetex. Muchos estudiantes desertan por los altos costos. La Universidad Distrital y la Nacional tienen problemas de infraestructura, se están cayendo”, anotó la estudiante.
Jefferson Suárez dijo que los estudiantes de secundaria se movilizan por la calidad de la educación y contra las medidas del Alcalde de Bogotá, como la jornada única que los afecta, las jornadas laborales y genera sobre explotación de los maestros. “Decimos sí a la jornada única pero no en estas condiciones. Si ahora estamos hasta 50 en un curso cómo será con jornada única. En el ámbito nacional es evidente la mala calidad de la educación donde nos graduamos de secundaria sin saber dividir y otros vacíos, aunque reconocemos que también es responsabilidad nuestra. Por eso seguiremos rechazando las medidas gubernamentales que no aporten a la mejoría de la calidad y por lo contrario buscan privatizarla”.
En solidaridad con la problemática del resto de sectores sociales y trabajadores, los empleados de la DIAN marcharon. También lo hicieron en contra de la reforma tributaria que golpeará a los menos favorecidos.
En esta institución existe un proceso de privatización evidente en la tercerización de la tecnología a través de outsourcing y la implementación en las áreas de cobranzas de un call center.
Carmen Jimena Ortiz, secretaria general del Sindicato de Empleados de la DIAN, Sinedian, explicó: “Marchamos por el incumplimiento de los acuerdos laborales al interior de esta entidad y con otros trabajadores del país. Estamos a la espera de que pasen a 1.911 tercerizados a planta permanente como está acordado desde 2013. Otros puntos tampoco han sido cumplidos. Asimismo, hay crisis en temas de cargas laborales, bienestar y un estudio técnico que dice que debe haber 15 mil trabajadores y eso no se ha cumplido”.
Venden a Ecopetrol
La Unión Sindical Obrera, USO, participó de las movilizaciones en las ciudades y municipios donde tiene presencia, y lo hizo para oponerse a las intenciones de venta de la estatal petrolera. En palabras del presidente del sindicato, César Loza: “Rechazamos la política de debilitamiento de Ecopetrol que rompe la integralidad de la empresa. Ecopetrol maneja exploración, producción, refinación y transporte, y han venido creando empresas filiales que manejan esto para facilitar la privatización. Por eso le estamos reclamando al Gobierno que no la venda, ya que en los últimos cinco años aportó al fisco nacional 32 billones de pesos por impuestos a la renta y 40 billones en dividendos a la nación. Esos 40 billones tendremos que pagarlos con impuestos si la empresa es vendida. La defensa de la estatal petrolera es también es la defensa de la soberanía energética”.
Balance
En comunicado de balance de la movilización, el Comando Nacional Unitario, CNU, y el resto de organizaciones convocantes expresaron: “Es la movilización social más amplia realizada en los últimos 15 años en nuestro país, desarrollada no solo en las capitales, sino en más de 100 municipios, que da muestra de su extensión y a pesar del buen comportamiento de los manifestantes, expresamos nuestro repudio a los hechos de represión antes del 17 de marzo y a las provocaciones del Esmad en el desarrollo de las marchas.
“Resaltamos de esta acción la más amplia unidad desplegada por las organizaciones convocantes y el compromiso de todos para demandar del Gobierno nacional, se nombre la Comisión Negociadora de nuestro pliego de peticiones”.
Sobre los próximos compromisos los convocantes dijeron que participarán en la jornada por la paz y las víctimas del 9 de abril, y la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el 1° de Mayo.
Para garantizar el fortalecimiento de las organizaciones en el ámbito regional y nacional comentaron: “Llamamos a todas las expresiones organizativas que convocaron y realizaron el paro en todas las regiones, a mantenerse unificadas a efecto de continuar con las nuevas actividades programadas en la perspectiva de realizar un encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas.
“En relación al desafortunado fallo de la Corte Internacional de Justicia, el CNU y la Coordinadora de Organizaciones Sociales expresa su rechazo a dicho fallo, en razón de que es atentatoria de nuestra soberanía nacional sobre este estratégico territorio y mar de San Andrés y Providencia, que no dudamos en seguir defendiendo como colombianos, realzando allí la relación estrecha entre el mar y sus pescadores. Considerando que ha faltado una política de Estado en las relaciones internacionales en éste y los anteriores gobiernos, auténticamente democrática y participativa, que bien puede explicar los desafortunados fallos que alrededor de ello se han causado y, por consiguiente, dadas la circunstancias no dudamos en reclamar la necesidad de un diálogo y un acuerdo entre las partes, con el establecimiento de las responsabilidades en lo interno”.
Los marchantes volvieron a las casas y a los puestos de trabajo y estudio, con el compromiso de preparar más movilizaciones locales y regionales, y el paro cívico nacional en el que integrarán más organizaciones de la sociedad civil. Lo harán porque saben que el Gobierno no dará respuestas favorables a sus peticiones y porque hay que cambiar el modelo económico por uno que permita la construcción de una sociedad en paz.
