“Señor Presidente: ¡hablemos!”

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Editorial del Semanario VOZ

Así respondieron los voceros de Marcha Patriótica después del injusto y calumnioso señalamiento de ser los responsables de los disturbios en las manifestaciones, repetido una y otra vez por altos funcionarios del Gobierno Nacional, los organismos de inteligencia militar y algunos medios de comunicación.

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Esa invitación, “Señor Presidente: ¡hablemos!”, fue consecuente con la posición asumida por Marcha al solidarizarse con el paro nacional agrario y popular. Dirigentes suyos, como de otras organizaciones sociales y políticas, vinculados a los sectores en conflicto, hacen parte de la MIA y, desde el principio, antes de decretar el paro, entregaron el pliego de seis puntos, concretos y necesarios para el desarrollo del agro colombiano, como reconocen varios analistas y expertos en el tema. Quedó claro que la disposición de diálogo era manifiesta, así como la de abogar por la solución pacífica y concertada del conflicto social.

Quien desestimó la actitud dialogante fue el Gobierno Nacional que se cerró a la banda y abrió algunas puertas muy pequeñas, pero con la intención de dividir el movimiento de protesta y aislar a la MIA, considerada por él como la “fea del paseo”. No fue casual la detención de Huber Ballesteros, directivo de la CUT, vicepresidente de Fensuagro, dirigente de Marcha Patriótica e integrante de la MIA, detenido en Bogotá dizque por pertenecer a la guerrilla de las FARC y ayudar a su financiación. “Nada que ver con el paro nacional agrario”, fue la explicación de la Fiscalía. ¡Pero qué extraña coincidencia!

También fue el Gobierno Nacional el que encauzó la violencia y la represión como forma de afrontar la protesta social, considerada justa por tirios y troyanos. Se rebosó la copa de la desatención del Estado por el campo colombiano, deuda histórica, agravada en la actualidad por la irracionalidad del modelo económico y de los tratados de libre comercio.

Santos ordenó la militarización del campo y las ciudades y ahora llama a construir un pacto social por el agro. Intención tardía pero que debe implementarse sin excluir a ninguno de los sectores participantes en la protesta, que tiene cada uno propuestas e iniciativas concretas. Además de que el contenido del pacto debe incluir temas medulares como el modelo económico, los TLC y la exagerada concentración de la propiedad sobre la tierra. Esta no es de los campesinos sino de los ganaderos y las empresas mineras, ¡qué paradoja!

Según la versión oficial, Marcha quiere imponer su propia agenda. ¿Por qué le molesta al Gobierno la agenda de Marcha Patriótica? Tiene que ver con la paz con justicia social. No es la agenda de la violencia ni de la guerra, que sí es, en todo caso, la del Gobierno que envía al Esmad a reprimir a los manifestantes con tal violencia y ensañamiento que propicia la reacción.

La agenda de Marcha tiene que ver con el respaldo a los diálogos de paz, con la reforma agraria, las reformas políticas, la defensa de la soberanía nacional y cambios que estimulen la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología en provecho de toda la sociedad y no de unos pocos. Es una agenda de lucha por el poder y a ello no puede renunciar la izquierda, con mayor razón cuando la actual clase dominante demostró la incapacidad de gobernar con democracia y se apoya es en la violencia desde las alturas del poder.

A estas alturas está claro quiénes fueron los responsables de los desórdenes y de la violencia en los últimos días. El Esmad que debe ser investigado hasta de asesinatos, como lo evidencian videos y testimonios de gente del común; los paramilitares, apodados Bacrim, como denuncia el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, e integrantes de organismos de inteligencia del Estado, varios de ellos retenidos y entregados sanos y salvos por los manifestantes. También, claro está, individuos descompuestos, ligados al tráfico de estupefacientes y delincuentes comunes.

Que no pesquen en río revuelto el presidente Santos y el ministrico Pinzón para buscar un chivo expiatorio y por ende justificar u ocultar su propia incapacidad para enfrentar con criterio democrático y de apertura al diálogo la justa protesta social.