Alfonso Conde C.
“Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra Excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria”. Así iniciaba Jorge Eliécer Gaitán, el 7 de febrero de 1948, su imperecedera Oración por la Paz, días antes de su asesinato el 9 de abril de ese mismo año.
Hoy, 65 años después, lacerados por la misma insoportable injusticia, volvemos a llenar las plazas de Colombia para exigir nuestro derecho a vivir en paz, en la paz verdadera que viene acompañada de la justicia social.
No es aceptable que una nación que se reclama democrática presente la vergüenza de ser el país más desigual de América y posea la medalla de bronce en el campeonato mundial de la inequidad. ¿Se requiere acaso más demostración de la falsedad de la supuesta democracia colombiana? No es posible, en una sociedad dirigida por todo el pueblo, que las mayorías decidan el rumbo que las perjudica y se consolide para ellas tan oprobiosa condición de injusticia.
Esas mayorías, de ser efectiva su participación democrática, tendrían que decidir en su beneficio; tendrían que imponer políticas que hicieran efectiva su aproximación a una calidad de vida realmente digna. La verdadera democracia está aún por construir.
Avanzan en La Habana los diálogos encaminados hacia ese objetivo necesario. Se trata, si se concreta por fin un acuerdo, de un paso inmenso en la dirección correcta, hacia la construcción de una sociedad nueva en donde el ser humano constituya la prioridad real.
Se abordará próximamente el segundo de los grandes temas en debate: el de la participación política, punto estrechamente relacionado con la construcción de la democracia que requerimos los colombianos. Se trata de redefinir los “mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas” que excluya la condición actual de apropiación de la política por parte de grupos de interés, poseedores a su vez del poder económico, ese que se acompaña de clientelas y estructuras delictivas para acceder y sostenerse en su posición dominante.
Se trata de garantizar los “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política” que van más allá del derecho a opinar para incluir la posibilidad real de actuar, como resaltó en su momento el maestro Estanislao Zuleta, acompañados de las garantías de integridad para quienes participan en la actividad política. También se relaciona con la construcción de “medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores”.
Es que la actividad política constituye un derecho y un deber de todos los ciudadanos que deberán responder colectivamente por el desarrollo de la sociedad. La participación política y la mayor equidad en la distribución del ingreso son variables íntimamente asociadas como lo demuestran los indicadores de los países del mundo.
Pero la construcción de esa paz necesaria y esa sociedad equitativa no es labor exclusiva de quienes dialogan; es la tarea primordial de todos los colombianos sin privilegios. Por eso la movilización del 9 de abril constituye un hito que marca la consolidación de un movimiento unitario por la paz y la verdadera democracia para Colombia. Quienes convergemos por ese propósito adquirimos el compromiso de conformar un gran movimiento organizado para presionar ese objetivo.
Necesitamos constituir un frente amplio por la paz con justicia social, por la democracia real, por la defensa de lo público y por la soberanía nacional, en donde converjan la izquierda, las fuerzas democráticas y progresistas de todos los partidos existentes y por crear, junto a los sin partido que aspiren a trabajar por la nueva sociedad.
El frente es necesario. Su necesidad se basa en el hecho de que los objetivos mencionados no son compartidos por quienes se benefician de la actual situación y son enemigos de ese cambio que ocasionaría la pérdida de sus privilegios. Los enemigos de la paz conforman el poder real actual y sólo la acción organizada de la población logrará enfrentar con éxito sus pretensiones de mantener y profundizar su agresión contra las mayorías de este país.
A desechar el sectarismo; a trabajar por la unidad.
