Crisis agraria: Economía política del paro

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La concentración de la propiedad sobre la tierra en pocas manos ha determinado un latifundio improductivo y ominoso, que se expresa en la ganadería extensiva y en la explotación del trabajo campesino

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Carlos Fernández
Investigador del CEIS

Daniel Samper Pizano anota, con acierto, que el paro agrario permitió hacer dos grandes descubrimientos: el primero, que el país tenía campesinos y, el segundo, que los campesinos tienen poder. La inexistencia del campesinado en el imaginario de la oligarquía colombiana confrontada a la evidencia contundente de su presencia en el paro agrario nacional han puesto a funcionar los cerebros de los economistas de la burguesía que reclaman, con urgencia, una política agraria y de desarrollo rural que, salvo contadas excepciones, no estaba en su agenda académica y política.

El poder del campesinado, que surge de su capacidad de organización y de movilización, es contrarrestado, en forma sistemática, por la política de despojo violento de sus tierras, que cumple ya, en su última etapa, cerca de 50 años.

«El trabajo es la fuente de toda riqueza… y la naturaleza la madre», señaló Marx. Con esto quería indicar que toda producción de riqueza, además de la utilización del trabajo humano, se fundamenta en la transformación de los objetos de trabajo que brindan la tierra y el propio trabajo humano acumulado. Esto es más evidente para la producción de alimentos y de materias primas agrícolas destinadas a la producción industrial.

En Colombia, el uso de la tierra ha estado determinado por la existencia de un persistente y oprobioso latifundio improductivo, que ha implicado la utilización de las mejores tierras en una ganadería extensiva, improductiva, y ha hecho uso de formas muy atrasadas de explotación del trabajo campesino mediante fórmulas como la mediería, la producción al partir, etc., que sujetan al campesino a la tierra, sin poseerla.

El despojo

Mediante la violencia y la compra a menosprecio de predios rurales pertenecientes a campesinos empobrecidos, el capitalismo hizo su ingreso al campo como sistema de producción, localizado en ciertos territorios con acceso a mercados, dedicado al monocultivo de algunas pocas especies y generando un proletariado agrícola que, en casos como el algodón (que ya no se cultiva), el café de las grandes haciendas, la caña de azúcar y otros, requiere de un proletariado agrícola itinerante que vive de lo que consigue en período de cosecha, sin lograr estabilidad laboral ni las prestaciones a que tiene derecho.

La crisis de los cultivos citados ha sido provocada por la misma política que, ahora, ha enfrentado a los campesinos con el gobierno. Existen, también, sectores de capitalismo agrario en cultivos como la palma, que se han ampliado recientemente con base en la expropiación violenta de fincas campesinas o de bosque natural perteneciente a las comunidades negras y en razón de su utilización para la producción de agrocombustibles. Se dan, además, núcleos de ganadería intensiva, particularmente lechera. Todo ello ha dado origen a un proletariado más estable, que ha tenido que dar grandes luchas para ejercer su derecho a la organización y al empleo debidamente remunerado.

El campesinado, por su parte, presenta una variopinta tipología que le da riqueza cultural e identidad propia. Su sistema de producción ha atravesado los diversos períodos históricos, adaptándose a ellos. Su supervivencia está ligada a su férrea vinculación a la tierra, a pesar de los variados desplazamientos de que ha sido víctima de parte de los terratenientes y los capitales agroindustriales y transnacionales, mediante la utilización de mecanismos como los chulavitas, los paramilitares o las bandas criminales.

Justeza de las consignas

Decir, como lo han hecho diversos analistas, que el paro ha demostrado la ausencia de una política agraria, es excusar al sector dominante del poder de su responsabilidad en la aplicación de una política expropiadora y que beneficia a los grandes capitales.

La política que se concreta en los TLC, en la obligación de utilizar sólo ciertas semillas (resolución 970 del ICA), en el monopolio en la importación de fertilizantes y agroquímicos, en el diseño de planes para la inversión de grandes capitales nacionales y transnacionales en la altillanura, en la debilidad del sector ambiental para evitar los efectos nocivos sobre la biodiversidad del país de la explotación de la tierra a base de monocultivos o mediante concesiones mineras, en la carencia de una noción de soberanía alimentaria que haga prevalecer el interés de la población colombiana sobre los productores de otros países, ellos sí protegidos por sus respectivos gobiernos, esa política, repetimos, está en el origen de la protesta campesina reciente, mediante la cual el campesinado ha hecho conciencia de su importante peso en la economía colombiana y ha obligado a que el gobierno convoque a un pacto agrario que, en principio, aparece como un mecanismo para distraer la atención de la necesidad de un cambio a fondo de la política agraria, para lo cual las organizaciones campesinas cuentan con herramientas importantes como la propuesta de ley de desarrollo rural de la mesa agraria nacional y toda la elaboración teórica y técnica que ha desarrollado el movimiento popular sobre la economía campesina.