Colombia en la OCDE: Controvertida membresía

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La OCDE invitó a Colombia a iniciar negociaciones para su adhesión. El gobierno, en cabeza del presidente Santos, los gremios económicos, la burguesía industrial y financiera, celebraron la invitación para incluir a Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hace dos años la diplomacia colombiana venía gestionando la admisión del país en esta organización. La OCDE fue creada en 1960 y su sede central se encuentra en París (Francia). Está compuesta por 34 estados, cuyos objetivos (por lo menos en el papel) son entre otros:

1. Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no miembros, en vías de desarrollo económico.

2. Favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria, conforme a las obligaciones internacionales.

3. Realizar la mayor diversificación posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial.

4. Coordinar sus políticas económicas y sociales, con el fin de maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de países no miembros.

Dicha organización es conocida como «club de los países ricos». La OCDE agrupa países que proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial y representan cerca del 80% del Producto Nacional Bruto del mundo.

OCDE

Objetivos dudosos

Entre los miembros de la organización en referencia, se encuentran naciones de alto nivel de crecimiento y desarrollo como Alemania, Estados Unidos, Japón, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Francia. Pero al lado de estas potencias figuran países -sobre todo de la zona euro– que se encuentran en profundas crisis de deuda soberana y déficit fiscal; aspectos que se manifiestan en el estancamiento de la producción y unos niveles de desempleo que han provocado interminables protestas sociales que abarcan a todos los sectores de la población. Entre ellos tenemos España, Grecia, Portugal, Turquía e Italia.

Deuda y déficit fiscal, entre otros fenómenos de las crisis, se han extendido hacia las dos naciones que venían soportando la crisis europea, Francia y Alemania, que ya presentan síntomas de recesión y han empezado a tomar medidas de recorte en el gasto público y social.

Queda claro que los objetivos citados de este exclusivo club son totalmente contradictorios con la práctica y la realidad y se reducen a un conjunto de buenas intenciones que nada tienen que ver con el acontecer económico y social de sus miembros.

Requisito clave

En realidad, el requisito clave para ser miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios y eso es precisamente lo que ha venido ejecutando la actual administración Santos: una reforma tributaria que liberó a los empresarios de las cargas parafiscales -SENA, Bienestar Familiar– con el supuesto fin de generar más empleo y reducir la informalidad; “la sostenibilidad fiscal como derecho de todos”, que impide que un juez de tutela ordene la garantía y protección de un derecho exigente con el gasto público.

De igual forma, las reparaciones a las víctimas del conflicto armado quedarán supeditadas a las partidas presupuestales, que no reflejen las prioridades sociales de los sectores más vulnerables de la sociedad. Otro argumento que ha esgrimido el gobierno para su admisión es la reforma en la distribución de las regalías con el objetivo de racionalizar estos recursos. Santos se ufana de implementar estas medidas, porque para él la OCDE “es el club de las buenas prácticas”.

Así pues el país se compromete a revisar el gasto público y la protección social en aras de atraer la inversión extranjera con toda suerte de garantías y prebendas. Entre tanto, los derechos humanos y laborales en Colombia van a sufrir un retroceso aun mayor.

Colombia ingresa a este bloque cuando su economía presenta dos sectores con grandes atrasos, la industria y la agricultura, en tanto que le ha apostado todo al sector minero-energético.

Ante ello, la tarea que tiene el gobierno, más que la pertenencia a este tipo de organizaciones, es diseñar un modelo económico que conduzca al país hacia el verdadero desarrollo económico y social con una industria competitiva que genere empleo digno para lograr la equidad en la distribución del ingreso. Con el actual modelo Colombia no será ni una nación desarrollada y mucho menos una sociedad equitativa.

* Economista de la Universidad Autónoma.
Iposada47@hotmail.com