Los congresistas no son voceros de la guerrilla ni la representan, son intermediarios para que funcione la estructura definida en el Acuerdo Final.
Carlos Lozano Guillén
Ante el Consejo Nacional Electoral fue presentado el movimiento político Voces de Paz y Reconciliación, definido por sus promotores como “una agrupación política que reúne a personas del común, todos aquellos que se sientan comprometidos con la construcción de una paz estable y duradera”. No es un partido de la guerrilla, pero ayudará a la transición de las FARC a la política cuando estén dadas las condiciones jurídicas y legales para que estas tengan su propio movimiento o partido político, según lo han explicado sus dirigentes.
Voces por la Paz se soporta en el Acuerdo Final de La Habana (ver 3.2.1.2, pág., 71), y en consecuencia tendrá presencia parlamentaria porque, según lo establecido, “a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, la agrupación política constituida con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal designará tres voceros/as en cada una de las cámaras (Senado y Cámara de Representantes), quienes deberán ser ciudadanos/as en ejercicio, exclusivamente para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz (…)”.
Así, este movimiento, que se define como vocero de la ciudadanía e integrado por gente del común, ejercerá la veeduría para la implementación del Acuerdo de La Habana y velará para que las partes, incluyendo el Congreso de la República, cumplan el compromiso de lograr el bien supremo de la paz en Colombia. Los congresistas, entonces, no son voceros de la guerrilla ni la representan, son intermediarios para que funcione la estructura definida en el Acuerdo Final.
Los actos legislativos y las leyes deben corresponder a lo acordado, contemplado en el documento firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante Timoleón Jiménez en el teatro Colón de Bogotá. Sobresalen el nivel y el compromiso de los congresistas designados: Pablo Cruz, Jairo Estrada y Judith Maldonado en el Senado; y Jairo Rivera, Imelda Daza y Francisco Toloza en la Cámara. Son profesionales, académicos e intelectuales destacados, dos mujeres comprometidas con la lucha social y popular en las regiones y un joven que proviene de las luchas estudiantiles recientes.
Me agrada la definición que se hace de ser un movimiento de ciudadanos, porque debe entenderse en el buen sentido filosófico y político del concepto de ciudadano (citoyen, en francés), que en este caso va más allá de su definición etimológica o gramatical. Es el ciudadano portador de derechos y obligaciones, sujeto fundamental para el funcionamiento del Estado y de la toma de decisiones. El ciudadano no solo como elector, sino parte activa y decisoria de las transformaciones políticas, económicas y sociales. El Acuerdo de La Habana tiene el mérito no solo de ponerle fin al conflicto armado, sino que abre la puerta para cambios de fondo en la vida nacional.
Cobra enorme dimensión, por supuesto, la propuesta de un “gobierno de transición”, que no debe entenderse en la forma vulgar como la asumen algunos en todas las orillas, de un acuerdo con Santos y la Unidad Nacional para defender la paz, sino como la necesaria convergencia democrática que se requiere para apoyar el Acuerdo de La Habana, los diálogos con el ELN y promover cambios de fondo en el país que modifiquen el statu quo bipartidista, el modelo económico de injusticia social y la dependencia del exterior.
