Entre el 23 de marzo y el 3 de abril se realizó la novena visita de verificación de la delegación asturiana sobre la situación de derechos humanos en el Sur de Bolívar y los departamentos de Cesar, Caldas, Tolima y Huila.
En esta oportunidad la delegación reconoció la disposición de las autoridades colombianas para evaluar el estado de los derechos humanos y declara que observó cómo el discurso del gobierno nacional no es acatado por miembros de la fuerza pública. La delegación además informó que en Colombia continúan estigmatizando como insurgente la labor legítima de quienes defienden los derechos humanos y laborales.
Así mismo expresó su preocupación por las amenazas de muerte proferidas por los nuevos grupos paramilitares en todas las regiones visitadas, de manera especial la conocida el 1 de abril firmada por los “Comandos Urbanos de los Rastrojos” declarando objetivo militar en 20 departamentos del país a los sindicalistas de la salud y la educación, abogados y familiares de víctimas, dirigentes indígenas y campesinos, senadores de la república y a los opositores de los megaproyectos minero-energéticos.
Señaló como violatoria de los derechos humanos y laborales la política de la Goldman Sachs en la mina de carbón La Francia en el corregimiento de La Loma, municipio de El Paso, departamento del Cesar, donde han sido despedidos centenares de obreros sometidos a sobre explotación laboral a través de la práctica de la subcontratación.
Y finalmente expresó su preocupación por la expedición de títulos mineros a empresas como Anglogold Ashanti en la Serranía de San Lucas, lugar donde centenares de pequeños mineros derivan desde hace décadas su sustento de la minería artesanal del oro en una región donde la única presencia del estado es el ejército, pues los mineros carecen de vías, escuelas y hospitales. Los mineros temen un desplazamiento masivo y forzado.
