“Nos sorprendió mucho que personas que han sido amenazadas 17 veces, pidan protección del estado y les den un folleto con medidas de cómo protegerse”: Lucía Rodríguez
Carolina Tejada
El pasado 7 de marzo, la Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, compuesta por representantes de organizaciones sociales y políticas del Estado español, presentó en rueda de prensa su informe final. Ese informe se pretende presentar en los próximos meses a las instituciones oficiales de Asturias (España) y en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, los organismos de Naciones Unidas y al público en general.
Según informó la comisión, Colombia desgraciadamente está lejos de vivir una situación de posconflicto, manteniéndose las violaciones de los DD.HH. y la impunidad en el marco del conflicto social y armado que vive el país. Esta delegación ha recogido denuncias de violaciones al Derecho Internacional Humanitario por violación del principio de distinción entre combatientes y civiles, entre otros.
Se resalta con gran preocupación, que persiste la amenaza paramilitar bajo diferentes nombres y modos de actuar: Los Rastrojos, Los Urabeños, Águilas Negras, Cuerpos de la Serpiente Negra, Guardias del Espacio Público, o Los Botalones. Y enfatizan que “en reiteradas ocasiones se nos ha señalado que las denominadas ‘bandas criminales, bacrim’, mantienen la estructura paramilitar y se siguen rearmando y reforzando con la liberación de jefes paramilitares que han cumplido las penas previstas en la ley de Justicia y Paz”.
Sindicalismo
Anuncian que la labor del sindicalismo sigue siendo riesgosa, “los paramilitares están profiriendo amenazas muy graves contra sindicalistas de los sectores minero, energético, agroalimentario; contra procesos y dirigentes campesinos y comunitarios. Dichas amenazas no se investigan y en el peor de los casos, terminan con el asesinato”.
Según la comisión, aunque se han disminuido los asesinatos de civiles por la fuerza pública, se han incrementado los montajes judiciales y las detenciones masivas. Persiste la práctica ilegal del Ejército de realizar redadas para forzar el reclutamiento de jóvenes campesinos, violando sentencias de la Corte Constitucional y el derecho de objeción por conciencia.
Se mencionan con gran preocupación la creación de “estados dentro del Estado”, por parte de las multinacionales quienes están ocupando enormes territorios generando graves conflictos por tierras con campesinos y pueblos indígenas, como ocurre con Pacific Rubiales en el departamento del Meta, o las multinacionales del carbón en el Cesar.
VOZ se entrevistó con las brigadistas Beatriz Gil de la Plataforma Justicia por Colombia y Lucía Rodríguez, de Soldepaz Pachakuti, quienes nos compartieron la opinión de su recorrido por el país.
“Por mucho que yo he leído sobre el conflicto en Colombia, no te das cuenta de lo que es, hasta que lo ves”, afirma Beatriz. “Después de cuatro horas de espera de una cita que fue autorizada con antelación para ingresar a la cárcel Picota, nos permitieron seguir y nos reunimos con David Rabelo y Húbert Ballesteros, prisioneros políticos con montajes judiciales por su oposición al establecimiento; ellos nos contaron del grave hacinamiento, los problemas de higiene, alimentación, los tratos degradantes que viven los presos políticos, y vimos con incertidumbre la seguridad de ellos dentro del penal”.
Lucía Rodríguez dice que con antelación conocía la situación de Colombia por medio de los refugiados que llegan a España: “Pero, una vez llegamos aquí, en medio de un país que se ve moderno, tan cosmopolita como puede ser Madrid, de repente vas viendo una violencia latente; vas mirando los mensajes en los muros pidiendo esperanza, hablando de paz, los carteles de los rostros de las personas desaparecidas o asesinadas como Carlos Pedraza, pidiendo justicia”.
Esta comisión tuvo la oportunidad de recorrer varios territorios del país, entre esos Barrancabermeja, donde se encontraron, además del clima adverso, una escena particular que nuestra la militarización de la sociedad colombiana:
“Cuando estuvimos alojadas en el hotel en Barrancabermeja, ver como con nosotras se estaba alojando la policía, que entraban al hotel con toda la munición, armamento pesado, y que le pedías explicación a la recepcionista y decía: “no podemos hacer nada, ellos son clientes”. Y tú saber que en España o en cualquier país que exista democracia eso no pasaría. Tú no puedes estar en un hotel siendo civil y encontrarte esa gente con armamento de guerra. Mi seguridad en ese momento se vio amenazada. Allí se violó el derecho internacional humanitario”, comentó Lucía Rodríguez.
Diálogos de La Habana
Sobre el proceso de diálogos, Beatriz Gil nos comentó su opinión: “Yo no concibo una paz en Colombia sin llegar a unos diálogos con el EPL y el ELN, pero sobre todo una desmovilización real de los grupos paramilitares, sin estas dos cosas no se podrá hablar de un proceso de paz”. Sobre el cese unilateral menciona: “Lo que está claro es que el país sigue en guerra, sobre todo se ve en el campo, en las zonas donde hay intervenciones del Ejército y está la guerrilla, aunque en este caso las FARC–EP están cumpliendo el cese unilateral, pero se presentan situaciones de hostigamientos”.
Finalmente Lucía Rodríguez menciona: “Una de las cosas que nos dice la gente cuando hablamos con ellos, es que quieren paz, pero quieren paz con dignidad y con justicia social. Nosotros vemos que el gobierno habla de paz para Colombia pero al tiempo regala los territorios y los recursos naturales a las multinacionales”.
