El triunfo de Yamandú Orsi en las elecciones presidenciales y del Frente Amplio en las legislativas los ubican como la primera fuerza política, pero el camino que viene no será fácil
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
El pasado 27 de octubre se celebraron las elecciones generales en Uruguay, en las que tuvo lugar la primera vuelta presidencial, la elección de un nuevo parlamento y la celebración de dos plebiscitos. Si bien se habían creado altas expectativas frente al posible buen desempeño de la coalición de izquierdas Frente Amplio –de la que hace parte el Partido Comunista–, lo cierto es que lo apretado del resultado final no demerita el hecho de que la izquierda avanza en otro país de Nuestra América.
El cómodo triunfo por el 43,9% de los votos del candidato presidencial del FA Yamandú Orsi no ha sido suficiente para ser elegido como presidente del país. Deberá disputar el cargo en segunda vuelta el próximo 24 de noviembre con el conservador Álvaro Delgado, quien ha obtenido el 26,7% y promete reunir a su alrededor a las demás fuerzas para derrotar al candidato de la izquierda. Sin duda, es un escenario similar al que vivió Colombia en marzo de 2022.
La correlación de fuerzas
El Partido Nacional, centenaria organización que hace parte de la historia política del Uruguay, completa cinco años de gobierno bajo Luis Lacalle Pou y busca mantener su proyecto en la persona de Álvaro Delgado, antiguo secretario general de la Presidencia y hombre de confianza del mandatario. Si bien en 2019 encabezó una alianza electoral llamada con el rimbombante nombre de “Coalición Republicana”, que venció al Frente Amplio, se ha presentado a las elecciones en solitario y ahora pretende recoger a sus antiguos aliados para elegir a Delgado en la segunda vuelta.
Por su parte, el Frente Amplio cumple 53 años de existencia y pretende regresar al gobierno tras las presidencias de Tabaré Vásquez y José Mujica, con un legado agridulce, propio de las formaciones con muchos años de existencia. Mientras son innegables los avances en materia social que ha propiciado, también arrastra el desgaste de haber ejercido el poder durante 15 años, padece de burocratismo, excesivo acomodamiento a la institucionalidad y desconexión con sus bases.
El parlamento
El Frente Amplio ha obtenido mayoría simple en ambas cámaras legislativas lo que lo convierte en la primera fuerza política del Uruguay, pero no le confiere la capacidad suficiente para legislar por su cuenta. Ello significa que tendrá que negociar con las demás fuerzas políticas, algo difícil ya que se encuentran reunidas en la “Coalición” y es dudosa su voluntad para llegar a acuerdos.
Así, la Cámara de Diputados con 99 escaños ha quedado conformada por 47 del Frente Amplio, 29 del Partido Nacional (conservador), 17 del Partido Colorado (liberal), 2 de Cabildo Abierto (ultraderecha), 2 del Partido Independiente (social-liberal) y 2 de Identidad Soberana (conservador antiglobalización). Por su parte, la Cámara de Senadores con 30 escaños se ha repartido entre 15 del Frente Amplio, 9 del Partido Nacional, 5 del Partido Colorado y uno que sigue en disputa.
Como se ve, no solo la proporción de escaños es bastante ajustada, sino que la ubicación de los demás partidos en el espectro ideológico hace difícil cualquier negociación. En caso de que Yamandú Orsi se imponga en la segunda vuelta, es de esperar una relación difícil con el Legislativo que probablemente impacte en la rapidez de la implementación de las políticas.
Los plebiscitos
En simultánea con las elecciones presidenciales y legislativas se han celebrado dos plebiscitos que buscaban consultar al pueblo la aprobación de diferentes medidas pero que no han logrado la participación suficiente para tener validez. La buena noticia es el hundimiento del plebiscito convocado por la derecha, que pretendía autorizar los allanamientos nocturnos a los inmuebles por parte de las autoridades. Semejante iniciativa, que recuerda a cierto presidente centroamericano adicto a la represión y al marketing, fue convocada por fuerzas conservadoras que aprovechan la creciente ola de inseguridad que padece Uruguay para hacer populismo punitivo.
La mala noticia fue el hundimiento del segundo plebiscito, convocado por la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, y que buscaba reducir la edad de jubilación de 65 a 60 años. Como en todo el mundo, en Uruguay también está vigente el debate sobre el sistema de pensiones. La iniciativa buscaba revertir una ley aprobada el año pasado que elevó la edad de pensión de 60 a 65 años y dejó abierta la posibilidad de que los jubilados sigan trabajando.
Este plebiscito es parte de una estrategia de largo plazo que busca reformar el sistema de pensiones privatizado desde los años 90, terminar con las AFAP –las AFP de Uruguay– y volver a concebir la pensión como un derecho no como una mercancía. No obstante, esta iniciativa ha abierto un agrio debate en la sociedad uruguaya que ha puesto en la oposición a la reforma, por ejemplo, a figuras como el candidato de la izquierda Yamandú Orsi y al mismo expresidente José Mujica.
Lo que se juega en segunda
Álvaro Delgado es un político de raza, ha hecho su carrera política siempre en las filas del Partido Nacional y representa lo más fiel del conservadurismo neoliberal. Diputado, senador y ahora candidato a la Presidencia, se propone continuar la agenda de privatizaciones, desregulación y recorte de derechos laborales que ha implementado el actual gobierno de Lacalle Pou, su jefe.
Yamandú Orsi, exprofesor de historia, formado en las filas del Movimiento de Participación Popular –que hace parte del FA– y quien ha hecho su carrera en Canelones, su provincia natal, ha prometido continuar con los programas sociales de los mandatos del Frente Amplio pero, eso sí, practicando una política de izquierdas “moderada y moderna”. Su perfil conciliador y la propia deriva del Frente Amplio en los últimos años permiten prever en caso de triunfar, una administración sin mayores sobresaltos, es decir, unos cuantos ajustes al statu quo y poco más.
