Diana Carolina Alfonso
@DianaCaro_AP
El 27 de marzo se llevó adelante el referendo para la derogación de un segmento del articulado de emergencia que lanzó el presidente Lacalle Pou en medio de la pandemia, el cual determina la pérdida de derechos adquiridos tras el fin de la dictadura militar. Con menos de 20.000 votos de diferencia, la opción SÍ, a favor de derogar, alcanzó el 48,8% de los votos válidos, mientras que la papeleta del NO, para mantener la ley intacta, alcanzó el 49,9%, según números de la Corte Electoral.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) está compuesta por 476 artículos, cantidad exorbitante si se considera la naturaleza apremiante de la medida que transforma buena parte de la carta constitucional que rige al Uruguay desde la llegada de la democracia. Ésta entró al parlamento en abril del 2020 luego de la asunción presidencial de Lacalle Pou, representante del conservador Partido Nacional (PN) o Partido Blanco.
Este paquete de reformas que abarca los ámbitos de educación, vivienda, seguridad nacional, seguridad social y sistema financiero, tuvo que discutirse en el corto plazo de tres meses en los albores del confinamiento pandémico. El tiempo acotado para debatirlo con la ciudadanía y las instituciones generó amplia disconformidad entre los sectores sociales.
Por ejemplo, los 34 artículos que modifican el sistema educativo fueron tratados al interior del Congreso en menos de media hora. Otra de las grandes preocupaciones tiene que ver con la movilidad. La LUC establece que el precio de los combustibles debe estabilizarse según los estándares internacionales. Dicha presión afecta el precio del transporte de todos los insumos, incluyendo los alimentos.
La LUC no es una mera reforma legislativa, pues contempla la totalidad del programa neoliberal de las derechas uruguayas, incluyendo al Partido Colorado, antaño opositor del PN. La rapidez casi absurda con la que fue discutida, sumada al lenguaje técnico y aforístico, dejó fuera del debate público a amplios sectores de la sociedad. Las consecuencias del paquete neoliberal son palpables en todo el continente. Nunca en 30 años de aperturas sus propósitos coincidieron con sus fines en ningún país del hemisferio. La privatización de los servicios públicos que dejan de entenderse como derechos ciudadanos, suele venir acompañada de una serie de medidas represivas. Así lo describe el analista Marcos Hernández en el medio La Diaria del Uruguay:
«El proyecto LUC cuenta con un centenar de artículos en materia de seguridad, entre normas penales, procesales, policiales y las referidas al sistema penal juvenil y al sistema penitenciario. En pocas palabras, esos contenidos pueden reseñarse como un programa autoritario de seguridad pública: se aumentan penas, se recortan libertades y garantías, se crean delitos (algunos marcadamente autoritarios, como el ‘agravio a la autoridad’), se profundiza la criminalización de la pobreza y del movimiento social, se otorga más poder a la Policía y –sólo en un nivel discursivo– se reduce la responsabilidad por sus excesos. En síntesis, un aumento del ‘Estado penal’ imprescindible lado B del Estado neoliberal que la LUC pretende restaurar: ‘Mano invisible y puño de hierro’, diría Loïc Wacquant».
Según palabras de Diego Tardeo, militante de la Juventud del Frente Amplio (JFA), la LUC es un mecanismo que esconde un golpe blando, «porque al hacerse muy rápido se genera una política de shock y confusión, con lo cual se abre la puerta para una desestabilización a futuro. Suponiendo que ganamos el gobierno nuevamente en el 2024, ¿qué mecanismo utilizamos para revertir la situación? ¿el mismo? ¿vamos a tener que implementar una contrarreforma de impacto sin consulta popular? La verdad que la posición política de la oposición es muy complicada».
Es por ello que, según el militante, el referendo pretendía derogar los 135 artículos más nocivos de la ley. Sin embargo, comenta que el proceso plebiscitario fue torpedeado desde un principio por la articulación de los partidos de derecha. Por ejemplo, la papeleta por el SI al referendo tuvo color rosado, mientras el No neoconservador era celeste.
«Nos juegan con la celeste ganamos todos. El reclamo con la celeste lo asociamos al fútbol y es un factor psicosocial de peso. Y además estuvimos promoviendo el ‘no a la LUC’ mientras juntábamos las 800 mil firmas para el referendo el año pasado, y ahora el NO es votar a favor de la LUC. Lo que también sucede en los referendos es que el voto en blanco computa para el NO y eso puede asegurar un porcentaje de hasta tres puntos que, como se vio, fueron determinantes. Incluso de la pedagogía del voto fue confusa. No hubo mayores claridades en torno al voto nulo y el voto en blanco. Si nos restringimos a la metodología, todo eso puede explicar la derrota del SI al referendo».
La ajustada victoria de Lacalle deja sinsabores en todas las orillas de la política uruguaya. Para la coalición neoconservadora es evidente que la mitad de la sociedad desaprueba el modelo de gobierno en curso. Y aunque para la izquierda resulte imposible disfrazar de victoria la derrota del 27 de marzo, sí le es importante retomar la movilización y el debate participativo, casi ausente en los últimos años de gobierno del Frente Amplio.
La coyuntura empuja a la izquierda a una lectura autocrítica sobre los mecanismos anquilosados de la militancia y su lugar en el Estado y en las calles, como también sobre la necesidad de retomar las banderas de la unidad, fundamento base del Frente Amplio según lo expresara en 1971 el entonces Primer Secretario del Partido Comunista, Rodney Arismendi.
Ese fue el sentido del pacto histórico que entrañó el retorno a la democracia y en su concurso quedaron grabadas las décimas de autocrítica del cantor popular Alfredo Zitarrosa: «aquel que catequiza apoyado en las bordonas, si cantando no razona como cualquier proletario, deja de ser necesario cuando el pueblo lo abandona».
