Editorial 3275
El Partido Comunista Colombiano, PCC, condena el atentado perpetrado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático. Este acto criminal es también un ataque contra la democracia, los derechos políticos fundamentales y la anhelada paz que nuestro pueblo exige. Rechazamos cualquier intento de dirimir diferencias políticas o ideológicas mediante la agresión física o la amenaza a la vida.
Como Partido que ha sufrido décadas de exterminio sistemático, conocemos el dolor que siembra la barbarie. Hacemos un llamado urgente a toda la sociedad colombiana, a los partidos políticos, a las instituciones del Estado y a todos los sectores, a unir voluntades en un Acuerdo democrático nacional para sacar las armas de la política y establecer garantías plenas para el ejercicio democrático, el debate de ideas y la participación electoral sin amenazas y miedo.
Las intervenciones de líderes como Álvaro Uribe, del liberal César Gaviria, de Ingrid Betancourt, Efraín Cepeda y Vicky Dávila, dejan clara sus intenciones maquiavélicas de utilizar el dolor de la familia de Miguel Uribe para sacar ventaja en el debate nacional u obstaculizar el avance de la consulta popular.
Se alinean con la idea inhumana de instrumentalizar el execrable atentado para sembrar caos político, miedo y polarizar al país, con el objetivo de precipitar el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Petro e intentar cortarle las alas al Pacto Histórico y a la unidad el pueblo. Sin importarle la suerte de Miguel Uribe, la extrema derecha continúa el plan de golpe de Estado.
En Colombia viene actuando una alianza entre un poder mafioso y criminal, articuladas estructuras militares y exmilitares, un sector político de la extrema derecha fascista con la injerencia, anuencia y apoyo de Estados Unidos, cuyo objetivo es detener el avance de la apertura democrática, hacer que las reformas no se concreten y que las instituciones como la Dirección de Aduanas Nacionales, DIAN, la Fiscalía, la Policía y el Ejército regresen al control de la delincuencia, el narcotráfico y la estructuras tradicionales políticas y corruptas. Todos comparten el objetivo común de tumbar al Gobierno.
La extrema derecha colombiana se haya desesperada, ha perdido todas las batallas por detener el ascenso del movimiento popular, abortar las reformas y afectar el apoyo mayoritario que recibe el presidente Petro y el Pacto Histórico. La incertidumbre que mantienen en perspectivas del proceso electoral del 2026 los ha llevado a cometer actos que la historia les cobrará. Todo se sabrá.
El juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez continúa, mientras se revela que exmilitares y militares activos participaron en un atentado al Ejército mexicano en la región de Michoacán, dejando ocho militares muertos. Debe recordarse que militares colombianos han participado en el asesinato del presidente de Haití y del candidato de extrema derecha a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio.
En ese contexto, el presidente Petro ha denunciado el accionar en Colombia y a nivel internacional de una estructura mafiosa y criminal con centro en Dubay, posiblemente preparando un atentado contra el mismo presidente. A su vez, la Procuraduría General de la Nación denunció el atentado contra el exministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño.
Ante tan complejo y tensionante contexto, proponemos a la izquierda, a sectores y partidos democráticos, progresistas, de centro, a procesos étnicos y populares, a partidos y sectores del poder tradicional que entienden, comprenden y valoran la necesidad del cambio y las reformas, al empresariado progresista y altruista que valora la vida, un Acuerdo democrático nacional, que active un diálogo y concrete un pacto por la defensa de la vida, las reformas que el pueblo quiere y necesita, por la paz y contra el magnicidio y genocidio.
El momento se caracteriza por la confrontación política e ideológica abierta y de lucha de clases en que la consulta popular determina el pulso entre las clases. El Acuerdo democrático nacional es para que avancemos como sociedad hacia estados mayores de bienestar general, donde prevalezca el respeto por la vida, con justicia social y dignidad para todos y todas.
El pueblo politizado sabe que no debe detener ni desmontar las movilizaciones previstas, comprende que es fundamental mantener el apoyo al presidente Petro y a las políticas de reforma y cambio, y que nada le será dado sin la lucha.
