miércoles, julio 17, 2024
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Un silencio acaba con Buenaventura (I)

Lo único que se ha desarrollado en el puerto más grande del país, es el desplazamiento forzado, la tortura y los tratos crueles contra la población a manos de paramilitares

Carolina Tejada

Buenaventura es el principal puerto de Colombia y la ciudad más grande de la región del Pacífico. Su población en un 98% es afrocolombiana, el 1% indígena y el resto mestiza. Su área recoge una inmensa riqueza natural, compuesta por numerosos ríos, contribuyendo al enriquecimiento de una de las reservas hidráulicas más importantes del país, además de poseer otras riquezas naturales como oro, carbón, níquel, petróleo, y miles de especies nativas entre flora y fauna.

En el 2013 fue declarada Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico. Para entonces el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, aseguró que esta designación “lleva implícita la asignación de recursos para hacer del desarrollo de Buenaventura una realidad”.

¿A qué le llamaban desarrollo?

Buenaventura desarrolló su economía, miles de toneladas de mercancías llegan y entran a diario al país, según cifras, más del 67% del volumen del comercio, alrededor de 12 millones de toneladas al año se mueven por este puerto. Pero los recursos para hacer del desarrollo de Buenaventura una realidad, tal y como lo mencionó el ministro Díaz, son ausentes para el conjunto de la población.

Antes de que el puerto se conociera por ser el más importante para el flujo de mercancías en el país, Todd Howland, representante de la ONU en Colombia, después de conocer la realidad del municipio afirmó en el 2012: “creo que el nivel de pobreza de Buenaventura es como el del Congo”.

Y no es gratis esa afirmación, un alto porcentaje de su población vive en condiciones marginales, ubicándola en una de las ciudades más pobres del país. El 80.6% de la población vive en situación de pobreza y la indigencia llega al 43,5%. Estas cifras se han mantenido en crecimiento en el tiempo y ligadas a ellas, los altos índices de violencia social y política.

Paramilitarismo: una violencia cómplice

Para el año 2000, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez ordenó copar todo el territorio nacional con el objetivo de eliminar toda injerencia de las guerrillas, Buenaventura sufrió una intervención militar y paramilitar. Según un informe elaborado por Justicia por Colombia, relatan: “En el casco urbano del puerto, en las áreas rurales desde el K.18, Dagua, Sabaleta, el Calima, Naya con operaciones de tipo paramilitar. Desterrada la guerrilla del casco urbano, se inició una fase de control social de la población con la reingeniería del paramilitarismo. Las operaciones armadas se desatan en los barrios en medio de la presencia policial y militar con la vinculación de niñas y niños (…)”.

En este informe de Justicia por Colombia, mencionan, “Para el 2008 la población localizada en la zona insular de Buenaventura era de 30.000 personas (…) casi todas ellas desplazadas forzadamente por la violencia. Debido a la llegada de víctimas de desplazamientos de los ríos de la Cuenca del Pacífico, Chocó, Cauca y Nariño, en 2015 la población en esta zona ha aumentado hasta casi las 110.000 personas”.

Sumado al desplazamiento forzado se encuentra al aumento de los niveles de vulnerabilidad, pobreza y otras formas de violencia que no han sido atacadas por el gobierno nacional, pese a los diversos informes donde se muestra la cruel realidad en la que tienen que convivir estas poblaciones.

¿Quién responde por la violencia infantil?

Un informe presentado por la defensoría del Pueblo sobre la violencia infantil, señala que los grupos armados post desmovilización y las denominadas “Bandas criminales”, reclutan niños y niñas para sus dinámicas, pero además menciona que se presenta “acoso a las niñas y adolescentes (…) Se ven forzadas, maltratadas y amenazadas si se niegan al “enamoramiento”. Las niñas que presentan mayores riesgos son aquellas que tienen de 12 años en adelante, cuando inician la etapa de pubertad”.

Igualmente aseguran que en la investigación se pudo conocer casos de secuestro sexual: “Las adolescentes también están siendo víctimas de violencia sexual, (…) las cuales son tomadas a la fuerza por los actores armados y retenidas por un tiempo de entre 3 y 5 días en hoteles o en los centros de operaciones de los mismos. Durante este tiempo son violadas en reiteradas ocasiones y obligadas a consumir sustancias alucinógenas”. Las madres de estas niñas aseguran no denunciar por miedo, en la mayoría de los casos, señala la investigación, las madres son viudas o madres solteras y las niñas, en muchos de los casos son nuevamente secuestradas si sus violadores lo desean.

Prácticas de genocidio

Continuando con el informe de la Comisión de Justicia y Paz, en el aparte donde se señala la existencia de grupos paramilitares en el puerto, la comisión mencionan que para el 2005 dejaron constancia a entidades de gobierno nacional que “bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC-EP, hoy existen signos de la práctica del genocidio en Buenaventura. No puede explicarse cómo estructuras armadas encubiertas, desarrollan sus crímenes con un mismo patrón, de modo sistemático contra un grupo poblacional. Gravedad que compromete la responsabilidad del Estado pues los responsables, grupos de paramilitares, actúan en medio de la tolerancia de agentes estatales o los victimarios hacen parte de miembros desmovilizados a través de la política de seguridad”. Igualmente señalan que “de acuerdo con versiones de los exparamilitares, estos operaron con el apoyo de las Fuerzas Militares y de sectores empresariales privados. (…) Estos grupos, asimismo, dominan el negocio del tráfico de drogas que se desarrolla en el municipio en sus múltiples facetas, desde el microtráfico hasta el tráfico internacional de drogas”.

Una crisis humanitaria militarizada

Altas son las cifras del desplazamiento forzado en Buenaventura. Según relata la Unidad de Víctimas, entre enero y septiembre de 2014, 29.858 residentes de Buenaventura abandonaron sus viviendas. Este municipio ocuparía por cuatro años consecutivos el primer lugar en desplazamiento forzado en Colombia. La respuesta del establecimiento a este fenómeno fue la militarización de los barrios aledaños al mar, donde supuestamente se concentran los grupos paramilitares causantes del desplazamiento.

Para el año en el que se denominó el puerto como Distrito Especial, salieron a flote las denominadas “casas de pique”. Esta práctica de desmembramiento de las personas vivas, como forma de tortura, disciplinamiento para el control social y territorial, que tienen como fin mantener el poder sobre las rutas del narcotráfico, armas y contrabando, son propias de los grupos paramilitares. Los cuerpos de las víctimas han sido, en la mayoría de casos, arrojados al mar.

Seguido del escándalo de estas “casas de pique” el gobierno nacional nuevamente asumió la situación con la militarización y exigió la activación de las alarmas por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo lo que indica el informe de Justicia por Colombia al respecto es que “la mayoría de la población teme denunciar estas situaciones por las represalias, no tienen confianza en las instituciones ni en la fuerza pública, los procedimientos judiciales no les brindan garantías. (…) se sienten desprotegidos por el Estado y aseguran que la institucionalidad local está cooptada por los grupos criminales”.

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