Un recorrido por el corredor minero de Cesar y Magdalena

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Tren que lleva carbón al puerto de Ciénaga. Foto JCH

Las comunidades aseguran que los diferentes gobiernos se han burlado de ellas y han sido cómplices de los abusos de las transnacionales quienes están dejando daños irreparables al medio ambiente, a la economía y a la cultura de la región

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino

Los habitantes de los municipios del corredor minero que va desde La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar, hasta Ciénaga en Magdalena en el puerto de embarque de carbón, se están organizando para hacer un paro regional.

Argumentan que siempre el Estado los ha tenido abandonados pero que ahora el modelo extractivo los afecta mucho más: contaminación, enfermedades, destrucción de la vida campesina, el aumento de la miseria y los abusos laborales, son en términos generales sus problemas.

Y es que al llegar a cualquiera de esos municipios, ricos en recursos naturales no renovables, son evidentes las condiciones en las que tienen que vivir sus pobladores: calles sin pavimentar, insuficientes hospitales, destrucción de sus viviendas y contaminación auditiva por el tren, desempleo, enfermedades, ríos secos, polvillo de carbón en el ambiente, falta de ofertas laborales diferentes a las minas, prostitución, falta de centros de educación superior, viviendas indignas y falta de acueductos y alcantarillados en algunos municipios, son entre otras, problemáticas presentes desde hace años.

VOZ hizo un recorrido por varias poblaciones de la zona y en Chiriguaná fue invitado a una reunión de representantes de comunidades urbanas y rurales con sindicatos integrantes de la federación Funtramiexco, en la que se ayudó a construir un pliego de peticiones que en conjunto se presentará a gobiernos locales, departamental y nacional; pero también a las transnacionales, de quienes se dice, no hacen inversión social como las normas lo determinan, y en muchas oportunidades se burlan de la legislación laboral y ambiental. En el encuentro también participaron organizaciones como Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica.

Las empresas

Drummond y Glencore son las empresas exportadoras de carbón que hacen presencia en la región, y según Dairo Mosquera integrante de la junta nacional de Sintramienergética, en 2015 sacaron del país 56 millones de toneladas de mineral, que en el puerto de Ciénaga fue vendido a 48 dólares por tonelada. Drummond cuenta con la mina Privenoc con 900 millones de toneladas en reservas y El Descanso con tres mil millones. Glencore cuenta con la mina de La Jagua y Plan Bonito con 900 millones de reservas.

Glencore utiliza la mano de obra de alrededor de mil trabajadores directos y cuatro mil indirectos, y Drummond cuenta con cuatro mil directos y ocho mil indirectos. Las empresas se han caracterizado por la contratación indirecta y la persecución sindical, lo que les ha generado conflictos con los trabajadores, muchos de los cuales han terminado en huelgas, varias de las cuales han permitido la defensa de sus derechos laborales, pero otras han sido declaradas ilegales con despidos y más abusos contra los obreros. Según los sindicatos el Ministerio de Trabajo y varios jueces parecen empleados de las multinacionales. Actualmente hay varias querellas.

En la reunión de Chiriguaná, por el sector campesino participó Guillermo Pérez integrante de la organización Congreso de los Pueblos quien explicó que desde hace 20 años, cuando llegaron las empresas foráneas a explotar carbón iniciaron los problemas como el despojo de tierras y la violencia contra los campesinos: “Está documentado que la Drummond fue partícipe del asesinato y masacres de líderes campesinos, y despojo de tierras. Actualmente en los procesos de recuperación de tierras que hay la empresa está como victimario en el 40% de los casos. Por eso hay un equipo jurídico pagado por ellos quienes obstruyen la restitución”.

Otro de los problemas que identificó el dirigente es el choque cultural porque los jóvenes campesinos ya no quieren cultivar la tierra sino laborar en estas empresas; asunto que también afecta la producción agropecuaria: “Los campesinos de la Serranía del Perijá tenían una cultura muy bonita alrededor de la producción de la tierra y el trueque. Era muy bonito llegar a las casas y ver en los patios gallinas, marranos, cultivos de yuca, maíz, frijol, café cacao, aguacate. Ahora los jóvenes quieren trabajar en la mina y los viejos no tienen otra opción que venderle la tierra muy barata a la transnacional. Ahora se ven niñas prostitutas y trata de personas”.

Los estragos del tren

El médico Efraín Hernando Cabello, gerente del hospital de La Jagua, le contó a este medio de comunicación que la presencia de estas empresas ha abierto una brecha económica entre pobladores: unos pocos con alto poder adquisitivo y la gran mayoría no. “Eso genera que adolescentes jóvenes queden embarazadas, se prostituyan; que personas con capacidad económica y sin formación sicológica tengan hasta cuatro uniones maritales inestables que generan violencia intrafamiliar. Todo eso se manifiesta en enfermedades de transmisión sexual.

“También están las enfermedades propias de la explotación que no solo son respiratorias por el polvillo del carbón en el ambiente, el manejo de tractocamiones genera problemas articulares, osteomusculares, de hernias en toda la columna, problemas de cadera y del túnel del carpo entre muchos otros. El polvillo genera muchas enfermedades al punto que el municipio está en el primer lugar en enfermedades respiratorias agudas.”

Los casos deben ser tratados en un hospital que hace cinco años atendía nueve mil personas al año en urgencias y actualmente 42 mil; por consulta externa pasó de ocho mil a 36 mil.

El recorrido de VOZ finalizó en Orihueca, la población más aquejada por el paso del tren con el mineral al puerto de Ciénaga. La vía férrea pasa por la mitad del municipio hasta 40 veces por día con más de 120 vagones que generan contaminación auditiva, dejan polvillo de carbón en el aire y producen la destrucción de las viviendas. Nadie responde. Las enfermedades en la piel y el sistema respiratorio pululan principalmente en niños, producto también de las fumigaciones diarias que desde avionetas se hacen sobre extensas plantaciones de banano.

Estas y muchas otras razones tienen a los habitantes y trabajadores de estos municipios redactando un pliego para presentar a gobiernos y empresas, y dependiendo de las respuestas pueden ir a un paro regional “para que por fin nos escuchen y nos tengan en cuenta como colombianos”, expresó un dirigente comunal.