Las marchas del pasado 19 de marzo muestran el rechazo generalizado a las intenciones económicas de Juan Manuel Santos, expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo, justo cuando se inicia la negociación de 350 petitorios de estatales. Se avecinan grandes movilizaciones.
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Los colombianos ya se acostumbraron a ver paros, bloqueos, marchas, mítines y movilizaciones de diversos sectores sociales y trabajadores para exigir sus mínimos derechos o pedir el cumplimiento de compromisos.
Es lo que se ha visto en las últimas semanas con los indígenas del norte del Cauca, usuarios de servicios públicos en la Costa Atlántica, los educadores, trabajadores petroleros, la rama judicial, los campesinos y los camioneros, entre otros.
Lo novedoso de estas peleas es que coinciden con la discusión, en el Congreso de la República, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que traza una estrategia económica de mayor entrega de los recursos naturales al capital foráneo, atenta contra la educación y reduce recursos para el funcionamiento del mismo Estado, afectando las condiciones laborales de más de un millón de funcionarios. Fueron esos los puntos rechazados por las marchas realizadas el pasado 19 de marzo en las capitales de departamento, en el marco del inicio de las negociaciones de los petitorios para alrededor de un millón doscientos mil trabajadores del Estado.
Educadores
La negociación entre docentes y el Ministerio de Educación será tensa por las distancias entre las propuestas y los ofrecimientos, además de los incumplimientos gubernamentales. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) presentó puntos sobre aspectos salariales, salud y privatización, entre otros. De no haber acuerdos irán a un paro nacional indefinido.
La primera reunión entre las partes se realizó la semana pasada y definió temas metodológicos. En la presente semana el gobierno presentará propuestas sobre nivelación salarial. Frente a este aspecto Fecode expuso los resultados de un estudio realizado por un equipo de trabajo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional donde se evidencia que hay una brecha del 27%. Este será el referente para la negociación.
Otros temas son la jornada única con calidad, servicios de salud, ascensos, estatuto docente y recursos para infraestructura. Una de las discusiones fuertes será porque en el PND no financiarán los dos grados de preescolar sino que se incluyen en el programa “De Cero a Siempre”. Los docentes dicen que eso no es educación ni formación sino cuidado de los niños por parte de madres comunitarias.
“Marchamos contra el PND que se convierte en un contrapliego a los 350 petitorios presentados. El Gobierno verá cómo hace sus ajustes pero que no sea con las garantías de los trabajadores ni con la educación. Santos se comprometió en invertir el 7,5% en educación y a nivelar salarialmente a los educadores, entonces debe cumplir”, explicó el presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), William Agudelo.
Estatales
También la semana pasada, en dos reuniones entre representantes de los estatales y del Gobierno, se expusieron diversos problemas. En estas también se ha hecho énfasis en el retiro de puntos del PND que afectan el desarrollo de las instituciones. En la presente semana está planeado iniciar la discusión de temas como carrera administrativa, estabilidad laboral y aspectos económicos.
Las discusiones llegarán a puntos álgidos si se tienen en cuentan los recortes de más de 12 billones para este año: “Eso afectará la negociación porque habrá recorte en inversión en cerca de cinco billones de pesos y más de un billón para gastos de funcionamiento.
“El PND no contempla la construcción de una política de ‘trabajo decente’ y no establece recursos para ampliación de planta, por lo que será un gran obstáculo para avanzar. Por eso hemos insistido en la exclusión de varios puntos de ese Plan”, explica Francisco Maltés, negociador por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El dirigente también denunció que mientras están quebrados más de 800 hospitales de la red pública; el PND contempla la posibilidad de darle un salvavidas a Saludcoop. Aunque no se menciona la firma, se habla de empresas en manos del Gobierno que enfrentan dificultades económicas.
Petroleros
El paro y la movilización del 19 de marzo por parte de trabajadores de Ecopetrol, también sirvieron para mostrar el nivel organizativo de ese sindicato, y su interacción con organizaciones de ambientalistas y comunidades afectadas por la estatal petrolera. Las principales movilizaciones se dieron en Neiva, Cartagena, Acacías (Meta) y Barrancabermeja.
Héctor Vaca, dirigente nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), habló sobre las expectativas de este sector con la llegada del nuevo presidente de la estatal petrolera y el PND:
“Vemos con preocupación la llegada del nuevo presidente de la empresa porque su trabajo ha estado en la línea de la aplicación del modelo neoliberal, y tememos que llegue a dinamizar la venta de las filiales y de más paquetes accionarios”.
Las marchas de los trabajadores del petróleo se opusieron a las facultades que el PND entrega al Ejecutivo para vender activos estratégicos de la empresa; la declaratoria de zonas de interés estratégico, que dará potestad a empresas interesadas en la extracción de minerales para que, sin mayores obstáculos técnicos ni jurídicos, expropien y desarrollen sus actividades. Y las licencias exprés que se otorgarán a estas firmas: en caso de oposición por daños a ecosistemas, quienes deben hacer los estudios de impacto ambiental serán los municipios y departamentos, los cuales tienen recursos limitados para ello.
Judiciales
Por su parte, la rama judicial solicita discutir aspectos económicos y de carrera, pues la ampliación de planta fue determinada en 2014 cuando se acordó que el 80% de quienes estaban en descongestión pasarían a planta permanente. La medida podría empezar a implantarse en los próximos meses. También se discutirá convertir el bono que les dieron en 2013 en factor salarial y la nivelación de los beneficios, con los que cuentan algunos, para todos los funcionarios.
Sobre los recursos para este sector, Diego Escobar, negociador por Asonal Judicial Sindicato de Industria, anota: “En el PND este sector está anexo a defensa y seguridad, y aunque son insuficientes se designan recursos pensando en el posconflicto. Se está hablando de unos 12,5 billones de pesos que se requerirían para el modelo de justicia transicional, con la preparación de fiscales, jueces y acondicionar escenarios”.
El sector social o la región del país que se mire tienen graves problemas producto de la aplicación del modelo económico; por eso, para el movimiento social es importante -con movilizaciones y propuestas- influir en las discusiones del PND y lograr reversar los puntos más lesivos. Algunos ya preparan ceses indefinidos de actividades.
