Ante el abandono estatal a miles de ciudadanos de Medellín, el principal sindicato de EPM, Sintraemsdes, asume como propia la pelea por los derechos a los servicios públicos
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Al punto de culminar la etapa de arreglo directo de la negociación del pliego de peticiones presentado por Sintraemsdes a la administración de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, no se vislumbraban acuerdos.
“En cuanto a reajustes de ayudas escolares, fondo de vivienda y otros subsidios, la empresa se ha dedicado a ofrecer únicamente el IPC proyectado por el Gobierno nacional; es lo mismo que hace para el incremento salarial. Ahí tenemos una gran diferencia porque la empresa ha cuantificado el pliego que presentamos en 1,4 billones de pesos, porque se plantea el suministro de la canasta básica de servicios públicos acorde con sentencias de la Corte Constitucional”.
“Pero hemos bajado los consumos allí establecidos al 50%, es decir: que se suministren los metros cúbicos de agua para los estratos 1, 2 y 3, así como 60 kilovatios/hora de energía. Ahí está el costo de la convención”, explicó Humberto Polo, secretario nacional de Sintraemsdes e integrante del comité ejecutivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Los trabajadores se apropiaron de la problemática de miles de familias excluidas de los servicios públicos en Medellín, por lo que su aplicación no sólo beneficiaría a los 3.600 trabajadores directos afiliados a Sintraemsdes, sino a cerca de 1’400.000 habitantes de la capital antioqueña de los estratos 1, 2 y 3. “Lo que le da urticaria a las EPM es que el sindicato entre a abanderarse de esta política de servicios públicos”.
En comunicado, el sindicato explicó a los trabajadores el estado de la negociación en la que reconoce que el mayor costo son las exigencias para las comunidades:
“La negación a las mínimas pretensiones plasmadas en el pliego de Sintraemsdes ha sido circunscrita, por parte de la comisión de la patronal, en el punto que tiene que ver con la canasta básica de los servicios públicos para las capas sociales más desfavorecidas del municipio de Medellín, el cual pesa, es cierto, el 70% del costo estimado del petitorio; pero es claro que la Comisión Negociadora empresarial desconoce hacia dónde apunta esta política nacional considerada en la Sentencia T-761 de 2015 y en el Proyecto de Ley 29 de 2013 del Senado que cursa en el Congreso de la República en materia de agua, energía, alcantarillado y gas dentro del contexto de un Estado social de derecho.
“Con cifras infladas, la comisión negociadora de EPM pretende deslegitimar la organización sindical y su justo pliego de peticiones, pues tal valoración realizada por parte de la Empresa fue calificada como peticiones de ‘alto costo’, cifras que son redondeadas de manera soslayada con incremento del 20%, algo que es totalmente irreal si se tiene en cuenta que la nómina de la Empresa tan solo pesa el 3% del total de ingresos operacionales del Grupo Empresarial; desbordan a través de su comunicado con una valoración del orden del 1,4 billones del petitorio, afirmando, de manera falaz, que los incrementos en los derechos convencionales están por encima del 429%, algo que carece totalmente de fundamento”.
El sindicato también solicita la formalización de miles de empleos y que el parque automotor vuelva a ser asumido por la empresa con sus respectivos conductores, entre otras cosas.
La empresa
Las EPM cuentan con diferentes filiales en varias regiones del país para acueducto, alcantarillado, energía, gas y aseo, con alrededor de 6.700 trabajadores directos para el área metropolitana y 17 mil tercerizados a través de firmas que prestan servicios operativos, de mantenimiento y en algunas áreas administrativas y comerciales.
Tiene participación en UNE-EPM Comunicaciones en conjunto con la multinacional Millicom que maneja la parte administrativa y operativa. “Ahí se entregó la operación de redes a la firma China Huawei, que para el caso colombiano fue integrada por una SAS con un capital de 580 millones de pesos, lo que generó una controversia que actualmente se trata de dirimir en una mesa, en Bogotá, donde se discute cómo hacer una sustitución patronal sin que se afecten derechos adquiridos hace años por los trabajadores”, explicó Humberto Polo.
