Las acciones criminales del Clan del Golfo no van a condicionar ni a forzar una política en la que cada nuevo hecho de violencia obstruya la posibilidad de la paz total
Alberto Acevedo
Acongojados asistimos los ciudadanos al censo diario de muertes de policías y soldados, en desarrollo de un propósito siniestro, que los servicios de inteligencia oficiales han calificado como un ‘plan pistola’, que atribuyen a una retaliación en escala del llamado ‘Clan del golfo’, por la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, su máximo jefe y de una hermana suya a Estados Unidos.
El jefe mafioso en su momento, declaró que una captura, en los términos de un operativo policial complejo y exitoso, en realidad nunca se produjo, y él había decidido entregarse, como parecen corroborarlo las fotografías que en ese momento se divulgaron. En estas condiciones, no se habrían cumplido algunos presupuestos para la entrega, y tras su extradición, sus sucesores anunciaron el ‘plan pistola’.
La respuesta a la escala de muertes de uniformados, es dispersa y contradictoria. Salta a la vita el ofrecimiento de recompensas millonarias a quienes ofrezcan información confiable sobre el paradero de los cabecillas de la estructura criminal. La experiencia anterior indica que la política de recompensas es un mensaje equívoco, que en no pocas oportunidades conduce a hechos de corrupción al interior de la institución armada, pues muchas de esas bolsas de dinero paran en los bolsillos de oficiales de la misma institución.
Sevicia
En esta oportunidad, se presenta un espectáculo grotesco. La prensa informa que los capos ofrecen dos, cuatro y hasta 20 millones por cada policía asesinado. Y la institución armada responde: ofrecemos hasta cien millones o más a quienes informen sobre el paradero de los cabecillas. Una inusual guerra de ofertas de recompensas.
Diversos medios de prensa coinciden en señalar una cifra de víctimas de la policía: Hasta el primero de agosto, 36 uniformados habían sido asesinados. La cifra es conmovedora; y se destaca lo ocurrido en San Bernardo del Viento, Córdoba, cuando el suboficial Cegrid Antonio Alean Barragán, fue acribillado en momentos en que asistía al sepelio de su padre. Unos días antes, un hermano suyo también fue asesinado. Hay una dosis de sevicia en este crimen y fuentes de la policía indicaron que habría una investigación en este caso.
Fuentes allegadas al entrante gobierno del Pacto Histórico reaccionaron de manera contundente a la matanza de policías y han sido claros en señalar que su propuesta de alcanzar una ‘paz completa’ incluiría no solo negociaciones con los grupos insurgentes que aún persisten en la lucha armada, sino con estructuras delincuenciales como el Clan del Golfo, bajo ciertas circunstancias especiales.
Propuestas de paz no se detendrán
El nuevo comisionado de Paz designado por el gobierno de Petro, Danilo Rueda, durante una reunión con sectores populares en Santa Marta, dijo que la matanza de policías “es un signo en contra de la disposición de la paz” que se ha manifestado en el país.
“Cualquier ser humano que siga muriendo, y en este caso, las dos mujeres policías que han dejado a sus hijos, y cualquier muerto, nos duele y, por supuesto, es un signo en contra de la disposición a la paz”, dijo el comisionado. Rueda reiteró el llamadlo “a todos los grupos armados a que manifiesten, antes del 7 de agosto, su disposición a hacer parte del proyecto de la ‘paz total’”.
El presidente del Congreso, Roy Barreras, afirmó que el ‘Clan del Golfo’ “se equivoca si cree que la intención de hacer la paz completa y permitirles desmovilizaciones los autoriza para asesinar cobardemente a los policías”. “El ‘plan pistola’ lo que pone es en peligro la posibilidad de ellos de recuperar la vida y la libertad y no terminar muertos, presos o extraditados”, puntualizó el parlamentario.
Por su parte el senador Iván Cepeda, con larga experiencia en procesos de paz anteriores, dijo que la cumbre de Santa Marta rechazó “de manera unánime” el ‘plan pistola’ que se está desarrollando contra la policía. Agregó que en todo caso esas acciones criminales “no van a condicionar ni a hacer una política en la que, ante cada nuevo hecho de violencia, se pare la posibilidad de la paz total”.
Otras formas de solución
La senadora por la Unión Patriótica Aída Avella dijo en una sesión parlamentaria: “Todos los muertos nos duelen”. Una expresión similar fue utilizada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el martes de esta semana en una ceremonia de honores a las víctimas de la policía. En sentido similar se pronunció en una sesión de la Cámara de Representantes el parlamentario Wilson Arias.
En un intento por avanzar en los caminos de diálogo, el experimentado jurista y exministro Yesid Reyes Alvarado dijo: “Con aquellos grupos armados al margen de la ley cuyo origen no sea político, también se pueden explorar formas de solución, pero no a través de un proceso de paz porque se trata de delincuentes ordinarios. Las sanciones previstas para sus crímenes deben seguir siendo privativas de la libertad para no enviar el equivocado mensaje de que entre más poder de fuego se tenga y mayor intimidación se genere, más benévolo es el tratamiento que el Estado les brinda a quienes se mueven al margen de la ley. Lo que sí es admisible respecto de ellos es reducirles la duración de la pena de prisión a cambio del abandono de sus actividades delictivas y, sobre todo, de la entrega de los dineros y bienes ilícitamente obtenidos con ellas.”
Todos cuentan
Se suma a este análisis un pliego de recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contenido en el informe “Violencia Territorial en Colombia”, en donde entre otros aspectos señala que “la vía militar no tuvo efecto para combatir a las organizaciones armadas” y estas mutaron y cambiaron de liderazgo.
Es comprensible el dolor que embarga a la Policía Nacional como institución. Pero llama la atención que incrementaron una campaña de publicidad y la multiplicación de los homenajes a los policías caídos, presentados como ‘héroes de la patria’, en momento en que crecen los escándalos por corrupción y falsos positivos en varias regiones del país.
Una bien publicitada imagen subliminal de la tragedia, pretende ocultar la otra cara del problema de la violencia institucional. Las organizaciones sociales lamentan la muerte de los 36 y más uniformados fallecidos en las últimas semanas. Pero también cuentan los líderes sociales asesinados, los excombatientes de las Farc acribillados, los líderes indígenas muertos y desaparecidos, los miembros de la comunidad LGBTI estigmatizados y linchados en las calles de Bogotá, Medellín, y otras ciudades. Todos los muertos del conflicto cuentan.
