La situación de orden público en la región es crítica por cuenta de varios ataques del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc. La respuesta del Gobierno nacional ha sido intensificar la ofensiva contra las disidencias. ¿Qué está pasando en el suroccidente colombiano?
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
El 20 de mayo de 2024 será recordado como uno de los días en los que el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, EMC, desplegó una de las más importantes ofensivas militares en el suroccidente del país, específicamente en Morales, Suárez, Miranda y Jambaló, municipios del Cauca, así como en Jamundí y Dagua, en el Valle del Cauca.
Ante la arremetida, la respuesta del Gobierno nacional ha sido la instalación de un Consejo de seguridad permanente en Popayán. En este espacio, las autoridades han anunciado el aumento significativo de las operaciones de seguridad y el compromiso en restablecer el orden público en la región.
Sin embargo, durante todo el mes de mayo, la confrontación entre este actor armado y la fuerza pública ha dejado en evidencia no solo una agudización de la guerra, sino también una crisis humanitaria, siendo la población civil la principal víctima en este nuevo capítulo del conflicto.
La suspensión del cese al fuego
El agravamiento de la guerra en el Cauca y Valle del Cauca tiene como punto de partida el 18 de marzo, fecha en que el Gobierno nacional tomó la decisión de suspender el cese al fuego con el EMC.
En su momento, el ejecutivo argumentó que la determinación se daba por cuenta del ataque cometido por este actor armado contra una caravana indígena en Toribio, que terminó con el doloroso asesinato de la lideresa indígena Carmelita Yule Paví.
Tras esta tensión, se desataron tres consecuencias delicadas para el futuro de la negociación con el EMC. La primera fue el escalamiento del conflicto armado en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, donde hacen presencia los frentes Dagoberto Ramos (norte del Cauca), Carlos Patiño (sur del Cauca), Jaime Martínez (norte del Cauca y sur del Valle) y Rafael Aguilera (Pacífico caucano).
Lo segundo es que la agudización de la guerra en esta región ocasionó una ruptura al interior del EMC, pues en algunos territorios se mantiene el cese al fuego. Y, finalmente, esta situación ha derivado en una parálisis casi que total de la mesa de paz entre el Gobierno nacional con estas disidencias de las Farc.
Las cifras y los hechos
De acuerdo al monitoreo hecho por Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, estos son los hechos de alto impacto que han ocurrido en el territorio desde la ruptura del cese al fuego. Del 2 al 6 de mayo ocurrieron enfrentamientos entre la estructura Carlos Patiño y el Ejército nacional en Argelia. El resultado fueron cuatro uniformados muertos.
Por su parte, el 10 de mayo detonó un explosivo en el barrio El Porvenir en Miranda, mientras que el 17 de mayo explotó un artefacto en la vía que conecta a Miranda con Corinto. En esta acción terrorista murió un menor de edad de doce años.
No obstante, el 20 de mayo ha sido el día con el mayor registro violento en la región. A los enfrentamientos entre el EMC y la fuerza pública en Suárez y Miranda, se le agrega la explosión de una motobomba en Jamundí, Valle del Cauca, y al ataque armado a la estación de policía en Morales, Cauca, que dejó el saldo de dos uniformados asesinados y la destrucción total no solo del puesto policial, sino también de la vía que conecta a este municipio con el sector de Matarredonda.
Análisis
De acuerdo con Manuel Hernández, integrante de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes del Pupsoc, la única vía para superar la crisis es que el Gobierno nacional y las organizaciones alzadas en armas se mantengan en el proceso de diálogo, que paren los ataques armados a los cascos urbanos para garantizar la seguridad de la población civil y buscar alternativas para posibilitar un cese multilateral al fuego.
“Vemos esta escalada de ataques y operaciones como una respuesta al conflicto, principalmente en el Cañón del Micay y el Plateado, por ser una zona de interés geoestratégica. Esta disputa constante entre el ELN, el EMC y reductos de la Segunda Marquetalia, ha ocasionado confinamientos y desplazamientos de la población civil. Las operaciones del Ejército solo han agravado la situación de las comunidades, ya que se encuentran en medio del conflicto”, argumenta Hernández.
Por su parte, Estefanía Ciro, investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia Colombiana, A la Orilla del Río, considera que el ejecutivo ha cometido errores para entender el conflicto con el EMC en esta región: “En el Cauca, particularmente en el Cañón del Micay, el Gobierno falló en inteligencia de terreno para reconocer quién era el otro con el que se estaba negociando”.
Para Ciro, en este territorio todavía hay vacíos en la comprensión del fenómeno de la reconfiguración del conflicto. Además de la crisis en la implementación del Acuerdo de Paz, y las eternas promesas que no se concretan sobre el fin de las brechas sociales, étnicas y políticas, se suma que es una región particular, que es a la vez rural, étnico y campesino, aunque con alta densidad poblacional y poderoso movimiento económico, tanto de economías legales como ilegalizadas.
“De todas estas contradicciones quiero llamar la atención sobre uno de los elementos clave de esta nueva guerra, que es la inserción desbordada e incontrolada de la juventud del suroccidente. La salida no es el llamado ─como dicen los jefes políticos de las disidencias─ a un ‘verdadero’ cambio estructural del país, queriendo darle matiz político a una violencia que usa a esta juventud en una negociación sin claridades. Por otro lado, la salida no es tampoco la militarización, a la que llaman algunos sectores en el país. Ninguno de los dos resuelve un tema central que es cómo darle un proyecto de vida a todos los jóvenes, que hoy están encontrando en la guerra un futuro”, concluye la investigadora.
