miércoles, julio 24, 2024
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Somos insurrectos levantados en almas… ya no nos detendrán

Declaración pública de la Coordinadora para la Unidad Minero Energética (Cusme) integrada por Sintraelecol, la USO y Sintracarbón.

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En el 2011 el grito contenido de 12 mil trabajadores petroleros en el Meta se hizo escuchar en el país, bajo un cerco militar sin precedentes. Pacific Rubiales y sus contratistas intentaron acallar esta protesta incurriendo en concierto para delinquir y violación a la libertad sindical, razón por la cual la USO los denunció penalmente. Hoy los principales testigos de esta denuncia han sido apresados y dirigidos a la cárcel la Picota.

En un solo día la fiscal 239, Luisa Fajardo, hizo efectiva la orden de captura de los compañeros de la USO Héctor Sánchez, José Dilio Naranjo y Campo Elías Ortiz, con acusaciones temerarias que dan para penas de 10 a 30 años de prisión, tales como concierto para delinquir y secuestro agravado.

Pacific Rubiales se ha convertido en un estado dentro del Estado, con fuerzas militares, alcaldes y fiscales totalmente sometidos a sus intereses, con mordaza a los medios, pautas publicitarias y el lavado de su imagen mediante patrocinios como el de nuestra selección Colombia.

En la audiencia pública de imputación de cargos, la fiscal 239 se atrevió a manifestar que el delito de concierto para delinquir se fundamentaba en el hecho de que los tres compañeros inculpados pertenecen a la misma organización, la Unión Sindical Obrera (USO). Ante lo cual el abogado defensor le replicó que por lo pronto, en este país, el derecho de asociación sindical es un derecho constitucional.

La desfachatez de la fiscal fue complementada por un juez timorato, que les negó la presunción de inocencia al dictar medida de aseguramiento, consciente de que los delitos que se pretendía imputar a los compañeros son descabellados e infundados. La fiscal aseveró que los tres compañeros estaban al mando de 300 «encapuchados» y que estos secuestraron a otros cinco mil trabajadores en octubre del 2011. Que Héctor Sánchez fue soldado profesional y sabe de estrategias militares. Pero, al mismo tiempo, dice que la geografía de los hechos se corresponde a 57 mil veces la Plaza de Bolívar, de Bogotá y, que del área entraban y salían personas y vehículos normalmente.

Los llamados encapuchados son parte de los 12 mil trabajadores, ataviados con la indumentaria necesaria para protegerse del clima y de los riesgos profesionales, que en su momento estaban protestando contra las condiciones de esclavismo a que venían siendo sometidos por Pacific durante más de una década. A la fiscal se le olvida intencionalmente que el área estaba totalmente acordonada por un Batallón Energético, Boinas Rojas, Esmad, Policía y la seguridad privada de Pacific.

En la Plaza de Bolívar, tomada como unidad de medida por la fiscal, hace tres décadas un millar de miembros de las Fuerzas Especiales al mando de altos rangos militares, entre ellos Plazas Vega, arrasaron con magistrados, guerrilleros, empleados y expedientes. Crímenes de lesa humanidad que continúan en la impunidad. Así opera la Justicia en nuestro país, laxa con los militares y corruptos, severa y pronta contra el movimiento social, que vuelve a vivir con la ley de Seguridad Ciudadana lo que vivimos en la década del 90 con la Justicia sin rostro, en que nos encarcelaron a 34 compañeros y nos asesinaron a más de un centenar.

Algo parecido ocurre con el compañero Óscar Orozco, presidente de la CUT y de Sintraelecol en Caldas, quien después de ser objeto de cuatro atentados le quitan el esquema de seguridad, después de lo cual sufre otro atentado y además le imputan cargos por un supuesto autoatentado. El fiscal solicitó medida de aseguramiento y decretó el silencio: impedir cualquier pronunciamiento del compañero Óscar sobre su causa y cualquier manifestación en su respaldo. Por fortuna en esta oportunidad el juez del caso no lo permitió.

Hoy el movimiento social y la oposición política vienen siendo sometidos a muerte social y política, los unos mediante la Ley de Seguridad Ciudadana y los otros a través del procurador general Alejandro Ordóñez, convertido en el inquisidor de turno, quien se ha especializado en destituir a miembros de la oposición política de este país e inhabilitarlos de por vida. Así lo ha hecho con la senadora Piedad Córdoba y hoy destituye e inhabilita por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Destitución y muerte política con la que pretende oponerse al proceso de paz con la insurgencia que se adelanta en La Habana.

Por eso estamos exigiendo garantías, para que la USO pueda ejercer la actividad sindical. Garantías que la fiscal Luisa Fajardo no proporciona. Que se detengan las órdenes de captura y se archiven los 39 procesos que hoy cursan contra la USO, 34 de los cuales están basados en las protestas de los trabajadores y la población en la república bananera de Pacific Rubiales en el Meta.

Que los compañeros detenidos sean liberados de inmediato, que se proporcione garantías al debido proceso y al derecho a la defensa, que los casos de la USO sean trasladados a la unidad nacional de análisis y contexto de la Fiscalía y que se derogue la ley de Seguridad Ciudadana, que sirve de soporte a todos estos exabruptos contra el movimiento social.

Vivimos un momento histórico en el país. El sector minero-energético agrupado en la Coordinadora para la Unidad Minero Energética Cusme, además de pensar seriamente en la unidad, nos hemos levantado por la paz y la democracia, en la cual la criminalización de la protesta social y la muerte política de la izquierda… ¡no pasará!

Pablo Santos
Presidente
Sintraelecol

Edwin Castaño
Presidente
USO

Jairo Quiroz
Presidente
Sintracarbón

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