La administración del Pacto Histórico ha reafirmado el compromiso en cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc, especialmente en los puntos transformadores que modifican la estructura económica y política del país
Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH
Con diversas actividades se conmemoraron en estos días los seis años de la firma del fin del conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP. No cabe duda de que el Acuerdo de Paz de La Habana desencadenó una serie de acontecimientos políticos y sociales que están determinando cambios significativos en la vida nacional.
Nunca los pueblos han declarado la guerra, este ha sido un recurso sistemático de las elites gobernantes para mantener su poder, someter a la sociedad por la fuerza y mantener sus privilegios odiosos.
La violencia de las élites
Al menos en su última etapa, la violencia liberal-conservadora de los años 40-50, la agresión militar a las zonas de colonización campesina de comienzos de los sesenta, el régimen de las torturas y la desaparición forzada en el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982); en los ochenta el matrimonio bipartidista con el narcotráfico y el horror de la llamada “seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), nos llevarán a encontrar que en todo este periodo los protagonistas y usufructuarios de la violencia son un pequeño grupo de familias adineradas apoyadas en el bipartidismo tradicional.
En Colombia existe una resistencia histórica de la oligarquía latifundista gobernante al diálogo y los acuerdos para una solución política de la confrontación armada y, particularmente, para implementar lo convenido. Las élites, atornilladas a la violencia, la tenencia de la tierra y los privilegios del poder, se resisten a los cambios y la apertura democrática.
Eso se ha evidenciado desde la firma del armisticio entre las guerrillas liberales del Llano y la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1953; los guerrilleros cumplieron, pero el gobierno militar no solo incumplió el llamado Pliego de la Gileña que contenía siete puntos de reparación, sino que también asesinó a Guadalupe Salcedo Unda y sus compañeros. Lo mismo ocurrió con todos los acuerdos de paz posteriores, entre ellos, los acuerdos de paz de La Uribe que sucumbieron con el genocidio de la Unión Patriótica.
La disputa permanente
En los años noventa, el presidente liberal César Gaviria (1990-1994) conformó la tenebrosa alianza conocida como “Los Pepes”, para eliminar a Pablo Escobar, integrada con narcotraficantes del cartel de Cali, la DEA, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y con paramilitares como los hermanos Castaño y Diego Murillo, alias ‘Don Berna’. Una vez cayó Escobar, “Los Pepes” derivarían luego en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que sembraron de masacres y terror en todo el territorio nacional.
Los intentos de paz con el régimen dominante han sido escabrosos e impregnados de trampas. En las conversaciones de La Habana, además de la férrea oposición uribista al proceso de paz, hubo también talanqueras del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) que jugaron en contra de la materialización del punto de desarrollo rural que prometía cambiar las condiciones de vida en la periferia del país.
El 26 de mayo de 2013 se logró en La Habana el acuerdo sobre desarrollo agrario integral, pero inexplicablemente el 29 de enero de 2016 el mismo presidente Santos sancionó la “Ley Zidres”, que modificó arbitrariamente el sistema de propiedad y uso de la tierra, de manera que no sean los campesinos quienes puedan acceder a los terrenos baldíos (grandes extensiones de tierra no tituladas), sino que se privilegie a las grandes corporaciones del capital. Un modelo medieval en que el campesino pasa de ser dueño de su tierra a ser peón del inversionista.
En el curso de los diálogos para la paz resultó grotesca la designación de Juan Carlos Pinzón como ministro de Defensa, quien fue un permanente palo en la rueda del proceso de paz; igualmente la designación de Néstor Humberto Martínez del staff de abogados del magnate Sarmiento Angulo, para ocupar la Fiscalía General de la Nación con la tarea exclusiva de atacar el proceso de paz e impedir que los expresidentes y empresarios financiadores de la parapolítica fueran llevados a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
La disputa
De antemano se sabía que desde el primer día el proceso iba a tener dificultades y que su avance dependería de la coherencia política de los firmantes de la paz y de una movilización social creciente. Sin embargo, ya recién firmado el acuerdo, la extrema derecha, la prensa corporativa, sectores del ELN y distintas disidencias lo descalificaron. Al mismo tiempo aparecieron publicaciones como: “El fracaso de los acuerdos de paz”, de un personaje llamado Oto Higuita.
Si la paz estuviera derrotada, ¿Cómo podría entenderse el miedo de las élites gobernantes ante el apogeo de las luchas sociales y los avances electorales de la por entonces oposición alternativa?
No ha sido menor la embestida contra los esfuerzos por la paz. La derrota del plebiscito por la paz y en particular la tramposa campaña del NO que el uribismo diseñó; los entrampamientos de la Fiscalía y la DEA en contra de Jesús Santrich e Iván Márquez; así como la decisión del uribismo, con la anuencia del gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022), “de hacer trizas el Acuerdo Final de paz”; y también la enorme corrupción oficial en los fondos para la paz.
Entonces lo que se ha puesto de presente durante estos seis años del proceso es que la implementación estuvo transitando un campo de disputa muy fuerte.
Vigencia y contradicciones
A pesar de los ataques, las objeciones del gobierno Duque a la JEP y a la Comisión de la Verdad, el bloqueo económico a la implementación, el asesinato sistemático de los excombatientes farianos (más de 340), los acuerdos están vigentes.
La sociedad reconoce la voluntad de paz y la seriedad de los firmantes del acuerdo que siguen apostándole a la consolidación del proceso en los territorios en los que están instalados los proyectos productivos que se realizan con sus propios esfuerzos. En este periodo lo evidente ha sido un fuerte respaldo de la comunidad internacional, comenzando por la ONU y el Vaticano al Acuerdo de Paz y una expresión afirmativa permanente de importantes sectores del país.
Entre los aportes del Acuerdo de Paz se encuentra el Estatuto de Oposición que habilitó nuevas condiciones para la acción política de los sectores alternativos. Hoy tenemos una sociedad más cualificada para el debate de una agenda política que trasciende los propios contenidos de los acuerdos de La Habana.
Es indudable que el Acuerdo de Paz influyó en una voluminosa votación, consciente y libre, en las elecciones del 2018, que luego favoreció la movilización popular del 2019 al 2021. Creó nuevas condiciones para que una convergencia de fuerzas suscribiera el Pacto Histórico y todo ello facilitó unas condiciones políticas para rehacer los diálogos con el ELN y transitar una ruta que intente la paz total.
Si bien el informe final de la Comisión de la Verdad representa avances, también deja sinsabores a la hora de desnudar los reales beneficiarios de la violencia incrustados en las alturas el poder real. La JEP deambula en la misma vía, muy aguda a la hora de calificar a los insurgentes y muy laxa con militares, paramilitares y empresarios financiadores del régimen de terror. Ojalá y al final la justicia transicional haga justicia con un país que durante décadas ha sufrido el terrorismo de Estado y la impunidad.
Los mismos grupos del capital que se han negado a dejar la guerra, que persisten en reactivar el paramilitarismo y desatan la más feroz ofensiva contra el Acuerdo de Paz y su institucionalidad, son los que ahora intentan desestabilizar el gobierno popular y democrático del Pacto Histórico. La población de este nuevo país detendrá a los mercaderes del odio y la muerte.
