Por cuenta de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, la población civil se encuentra amenazada y confinada. Si bien se conoció un video del jefe disidente Antonio Medina donde se levantan 300 órdenes de asesinatos de líderes sociales, la zozobra se mantiene en la comunidad
Simón Palacio
@Simonhablando
El departamento de Arauca lleva once meses de agudización del conflicto armado. El 2 de enero de 2022 inició una confrontación entre el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Décimo Frente de las autodenominadas FARC-EP, identificadas por las autoridades como Grupo Armado PosFARC, GAPF, o sencillamente enunciadas por los medios de comunicación y habitantes del territorio como disidencias.
Los once meses de guerra entre los dos bandos armados han configurado una crisis humanitaria en la región. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, que hace monitoreo de la situación, en lo corrido del año más de 6.000 personas se encuentran confinadas, especialmente en el municipio de Arauquita; mientras que hay 225 casos de homicidio selectivo en persona protegida, siendo particularmente compleja la situación en los municipios de Tame y Saravena.
El mes de mayo fue el más complejo en el territorio. Fueron persistentes los hechos de violencia contra los liderazgos sociales, lo que condujo a un proceso de desplazamiento forzado de características individuales. Fuentes no oficiales hablan de 150 líderes y lideresas desplazadas del territorio, la mayoría pertenecientes a las juntas de acción comunal que hacen presencia en la región.
Crisis humanitaria
Contrario a muchas interpretaciones que indicaban un desescalamiento del conflicto en la mitad del año, con la hipótesis que el ELN se habría impuesto militarmente sobre las disidencias, lo cierto es que entre los meses de septiembre y octubre han persistido las confrontaciones entre los dos actores y las mutuas recriminaciones, siendo la población civil la principal afectada por cuenta del conflicto armado. Es así que la situación en materia de seguridad y derechos humanos en Arauca es dramática.
A las cifras presentadas por las autoridades y organizaciones que monitorean la situación, se les agregan las cerca de 500 amenazas de muerte que se han proferido a liderazgos sociales en el territorio. Este es el caso de Francisco Valencia Hincapié, concejal de la Unión Patriótica en el municipio de Arauquita, líder campesino y comunal.
Todo comenzó el 1 de octubre de 2022, cuando en su función de concejal, Valencia Hincapié tenía previsto ir a la vereda Bajo Caranal para acompañar la realización de la asamblea comunal. Al no tener un adecuado esquema de protección, el líder social y comunitario se transportó en su moto personal con el escolta asignado.
Ya en el lugar, sobre las nueve y media de la mañana, de un vehículo descendieron cinco personas que cargaban armas cortas y largas. El concejal decidió retirarse de la reunión, no sin antes ser interceptado por el comando armado. Si bien en ese momento no atentaron contra su humanidad, se presume que su participación en el espacio comunal fue el detonante de las amenazas que serían remitidas tiempo después.
La amenaza
El 15 de noviembre llegó un escabroso mensaje al celular personal del concejal Valencia Hincapié: “Buenas tardes señor Francisco Valencia. Reciba usted un fraterno y revolucionario saludo. La presente es que a partir de este momento usted será objetivo militar a partir de este momento por parte de las FARC-EP por ser uno más de los líderes sociales y concejales colaboradores con la organización del ELN. Léase y cúmplase (sic)”.
Inmediatamente recibido el mensaje, el concejal comunista interpuso la denuncia ante la Personería municipal, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, UNP, y la Defensoría del Pueblo. En ellas no solo pone en conocimiento de las autoridades la gravedad de la amenaza, sino que advierte del precario esquema asignado para proteger su vida que consta de un escolta (sin vehículo de desplazamiento), un chaleco antibalas y un botón de pánico.
En diálogo con VOZ, Valencia Hincapié identifica las pocas garantías de seguridad para los líderes sociales, al mismo tiempo que insiste en la situación de aislamiento y zozobra que afecta la cotidianidad de su familia. “Soy un hombre del campo, hago trabajo comunal y defiendo a la gente en el concejo. Lo que uno quiere es que llegue el desarrollo a las comunidades. La verdad no entiendo por qué soy una amenaza para las disidencias”, dice con preocupación el líder social al mismo tiempo que niega ser un colaborador del ELN.
“En Arauca el conflicto está al rojo vivo desde enero. La guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC se están matando. Pero también es importante que se entienda que no solo la confrontación es entre miembros de las organizaciones armadas, sino que al igual se está afectando a civiles, líderes y políticos. Por ejemplo, mataron a un diputado. Muchos estamos encerrados por esta compleja situación”, remarca el concejal Valencia Hincapié.
Sobre la respuesta de las autoridades, dice que la UNP le ha notificado que comenzando diciembre se evaluará la situación. También hace un llamado a sus copartidarios de la Unión Patriótica en el nivel nacional a que pongan sus ojos sobre Arauca, que no los dejen solos ante la crisis humanitaria que se vive en el territorio y que desde los espacios conquistados en la última etapa se visibilice la situación.
La necesaria paz total
Sin embargo, el concejal valora positivamente la reactivación de los diálogos de paz con el ELN. “Nosotros estamos de acuerdo con el Gobierno nacional y la iniciativa de la paz completa. En el caso de Arauca vamos a ser beneficiados. Pero no basta con dialogar solo con el ELN, se necesita que todos los actores armados estén en el proceso”, argumenta Valencia Hincapié.
Al cierre de esta edición, se conoció un video donde el jefe de las disidencias en Arauca, Antonio Medina, levanta la orden de asesinar a 300 líderes sociales en el departamento: “El Estado Mayor Central de las FARC-EP en uso de sus atribuciones estatutarias me ordena retractarme públicamente y desistir de mi reciente declaración. Daré cumplimiento (…) siendo autocrítico ante él y ante el pueblo araucano”.
Si bien en el video no se nombran casos particulares, se espera que todos los casos, incluyendo el del concejal Valencia Hincapié sean resueltos por la vía del entendimiento, el diálogo y la protección de la vida. De igual forma, la declaración despierta un sentimiento de esperanza para un territorio que ha sido duramente golpeado por el conflicto armado.
“Para salir de la encrucijada, Arauca necesita la paz completa, la paz total. Y eso solo será con bienestar y desarrollo para las comunidades desamparadas históricamente por el Estado. Mientras exista abandono, habrá conflicto”, finaliza el concejal Valencia Hincapié.
