Aunque en La Habana aún no se configura un nuevo acuerdo de paz, el compromiso de parar la guerra sigue firme y desde el pasado lunes se implementó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego
Hernán Camacho
@camachohernan
Desde el pasado 7 de noviembre se está verificando la primera fase del cese bilateral de fuegos. Se trata de la puesta en marcha del Mecanismo de Monitoreo y Verificación a cargo de las partes con el apoyo de las Naciones Unidas en terreno. Con esto se da cumplimiento a los protocolos de acuerdos suscritos el pasado mes de agosto entre el Gobierno nacional y las FARC-EP.
En la primera fase no habrá zonas de normalización en zonas veredales pero sí preagrupamientos veredales temporales, con la diferencia de que la ONU y la misión de verificación no estarán presentes de manera permanente sino que realizarán visitas esporádicas. La misión de la ONU solamente tendrá un objetivo fundamental: la separación de las fuerzas en contienda. Lo que sigue dependerá de que el nuevo acuerdo de La Habana ratifique los protocolos de la segunda fase del Mecanismo que consiste en la dejación de armas y el tránsito de la guerrilla a la vida civil.
Primera fase
La puesta en marcha del mecanismo va a ser secuencial, dependiendo de la logística destinada para tal fin. Se espera que en el mes de enero el mecanismo esté desplegado en todo el territorio nacional y ya pueda realizarse la vigilancia en terreno. Pero, además, los encargados del mecanismo tripartito esperan que en el mes de enero del próximo año ya se esté implementando la segunda fase.
Por ahora y desde el pasado lunes se encuentran 152 observadores internacionales, desplegados en las ocho regiones desde donde se coordinará todo el mecanismo, y se espera que ese número de observadores pueda llegar a 400 en todo el país.
Un papel fundamental para el éxito del mecanismo lo tendrá la población civil y las comunidades. De acuerdo a los protocolos: “el Gobierno nacional continúa garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil, durante el cese bilateral de fuegos y dejación de armas fomentando y afianzando los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. 2. La seguridad de la población civil está sustentada en la puesta en práctica de medidas en materia de derechos humanos que permitan su protección frente a potenciales amenazas que pongan en riesgo la vida, integridad personal, libertades civiles y su patrimonio”, indica el protocolo.
Comunidades
El mecanismo habilitó a las comunidades de los sitios aledaños a los puntos de preconcentración y normalización para que puedan denunciar ante la ONU eventuales acciones que pongan en riesgo el cese de actividades. Las organizaciones sociales y la sociedad civil en general tendrán la oportunidad de ser garantes del cese de acciones bélicas y tendrán un contacto directo con los encargados del Mecanismo tripartito.
El contraalmirante de la Armada Nacional Orlando Romero Reyes, delegado por el Gobierno nacional ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, señaló que desde hace meses se viene desarrollando la fase de capacitación a los observadores que estarán en terreno. El siguiente paso será la integración de los observadores del Gobierno nacional, las FARC-EP y las Naciones Unidas en cada una de las ocho sedes regionales desde donde se coordinarán todas las acciones tendientes a la verificación del cese de fuego.
“Ya están en terreno unos dispositivos de seguridad especial a cargo de la unidad de edificación para la paz de la Policía Nacional que no solo tienen el compromiso de la seguridad de las comunidades en las zonas de preconcentración, sino también la seguridad de la insurgencia. Hay un compromiso de las partes para garantizar el estado de derecho”, indicó el contralmirante Romero Reyes.
Confianza entre partes
Romero señala que desde septiembre se viene organizando la capacitación de los observadores del Mecanismo y que ha sido muy positivo, no solo el entendimiento de los protocolos sino el grado de confianza que se ha creado entre los 60 delegados de las FARC y el Gobierno nacional.
“Para las Naciones Unidas este trabajo conjunto es fundamental. Constituye una garantía inicial para todos los colombianos de que se avanza con lo acordado y aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU”, resaltó el general Javier Pérez Aquino, coordinador del Mecanismo y jefe de los observadores internacionales de la Misión de la ONU en Colombia.
El buen ambiente que se respira tiene optimistas a los encargados del mismo. Y es que han pasado doce meses en los que las FARC-EP y la Fuerza Pública no han tenido enfrentamientos. Esto debido al desescalamiento del conflicto y al cese unilateral de fuego decretado por la guerrilla fariana. Este es el punto de partida para la elaboración e implementación de los protocolos del cese bilateral de fuego que se mantendrá, como dijo el presidente Juan Manuel Santos hasta el último día del presente año.
En ese sentido Pérez Aquino indicó que no cree que exista riesgo de que se rompa el cese: “y sin entrar en detalle ha habido situaciones que demuestran eso. La confianza de las partes y el compromiso demuestran que no es frágil”.
Alertas
Por el lado de la guerrilla de las FARC-EP, el comandante Marcos Calarcá indicó que “el mecanismo de monitoreo está diseñado para una ejecución corta en el tiempo. A mayor velocidad que se implemente el acuerdo de paz estable y duradero, en menor tiempo el mecanismo estará activado”. Y agregó Calarcá que no hay por qué tener temor de aquellos ex guerrilleros que desertaron de las filas de la organización y hoy se presentan como disidencias.
Todo lo contrario, “no existen disidencias en las FARC, una de las fortalezas de la organización es la unidad de mando. De hecho en el frente primero no existe disidencia y de hecho en Tumaco hay un ex miliciano que ahora tiene una banda criminal que anda dando lora por ahí. Pero no existe disidencia”, indicó Marcos Calarcá. Al respecto, el general argentino Javier Pérez Aquino señaló que las disidencias o las organizaciones criminales que no hagan parte de las FARC y que se fueron de esa organización no son responsabilidad del Mecanismo, sino del Estado colombiano.
La aclaración de Pérez Aquino tiene lugar debido a las recientes muertes de labriegos en zonas que servirán para albergar a los guerrilleros en tránsito. Dichas muertes han sido debidas a la presencia paramilitar que se viene denunciando de tiempo atrás. Al respecto, la ONU aclaró que no podrá interferir en las acciones que grupos paramilitares actúen en la zonas de preconcentración o normalización; a lo que el encargado gubernamental respondió: “las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen un compromiso de combatir a las organizaciones ilegales para garantizar que las áreas de presencia de las FARC las ocupe el Estado”, indicó Orlando Romero.
No obstante, para mayores luces, el jefe insurgente Marco Calarcá aclaró que “hay un compromiso en los acuerdos de La Habana contra el paramilitarismo. Y aunque no pareciera, algunos puntos de ese acuerdo tienen que ver con el cese bilateral de fuego y el mecanismo de verificación”.
Por último el general Pérez Aquino aclaró que la presencia de la ONU en la tarea humanitaria de la veeduría al cese bilateral al fuego no tiene tiempos fatales y reiteró “estar en Colombia hasta cuando seamos útiles y no tenemos fecha límite”.
