Por fuera de justicia y paz
En audiencia pública y por unanimidad entre los magistrados de la Sala del Tribunal Superior de Justicia y Paz, el pasado nueve de septiembre fue excluido el exjefe del Bloque Centauros de las autodefensas, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. El ente acusador estableció que después de su desmovilización, en 2006, alias Don Mario siguió delinquiendo y conformó otro grupo criminal autodenominado Águilas Negras Héroes de Castaño, y posteriormente, las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tenían presencia en el sur de Córdoba y en el bajo Cauca Antioqueño. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría pidieron la exclusión de los presuntos jefes del paramilitarismo Daniel Rendón Herrera y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, el 15 de febrero pasado. Con esta decisión Rendón Herrera saldrá del proceso especial y pasará a la justicia ordinaria, donde afrontará las penas contempladas en el código penal, que podrían llegar a los 60 años de cárcel y no los ocho de la justicia alternativa, y su eventual proceso de extradición.
Caso grafitero
El Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá profirió medida de aseguramiento en centro de reclusión contra los coroneles de la Policía Nacional Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez y José Javier Vivas Páez. Los hechos en investigación tienen que ver con su participación como coautores en la manipulación de la escena del crimen en donde fue muerto el grafitero Diego Felipe Becerra por parte del patrullero Wilmer Alarcón el 19 de agosto de 2011. Según el fiscal del caso, el coronel Arévalo Rodríguez dio la orden a Alarcón de bañarse las manos con su orina para borrar cualquier rastro que pudiera comprometerlo en un proceso judicial. Asimismo, el representante del ente acusador, al solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, aseguró que no es posible manipular un lugar custodiado por uniformados sin “la aquiescencia y asentimiento de los superiores”. La jueza del caso sostuvo que Arévalo Rodríguez conoció de la modificación de la escena, toda vez que la regla general enseña que nunca es tan demorada la confección del informe policial como sucedió en esta ocasión. La orden de reclusión se dio porque hay probabilidad de obstrucción de la justicia por parte de los investigados y son considerados un peligro para la sociedad. “Parece que estos uniformados perdieron el rumbo, tienen una misión encomendada por los ciudadanos representados por el Estado, quienes esperan la protección y cuidado, pero recibimos un abuso desmedido”, sostuvo la jueza al justificar la orden de reclusión. Arévalo y Vivas serán recluidos en el pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota en Bogotá.
