El presidente Petro convocó el encuentro nacional con beneficiarios del PNIS, el campesinado espera avances para concretar el Acuerdo de paz en el territorio
René Ayala
@reneayalab
Uno de los temas más sensibles planteados en la negociación política, que permitió avanzar en el Acuerdo final de paz firmado entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC-EP, fue el referente a los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Este tema se planteó como un eje central del conflicto en el escenario de la ruralidad. Una guerra contra las drogas que golpeaba al eslabón más débil, el campesinado cultivador, escalando la guerra en vastas regiones donde la única alternativa, producto del abandono y la segregación social y económica, obligaba al campesinado a romper la frontera agrícola, abocándose al cultivo y la disputa de poderes locales y grupos armados por las rentas de los cultivos ilícitos.
Las grandes movilizaciones de cultivadores en los años noventa evidenciaban el fenómeno y el papel del campesinado cultivador como una expresión social en los territorios de la periferia, que eran de alguna manera la base social de las guerrillas y, por tanto, constituían un objetivo para la implementación del Acuerdo que diera fin a la confrontación con esta organización guerrillera. En esta dirección, el Acuerdo aborda la realidad de la situación de miles de familias cultivadoras, replanteando el paradigma impuesto por los EE. UU. y ubicando la necesidad de impulsar una serie de estrategias para transformar la realidad de los territorios y consolidar un modelo de inclusión económica a estas comunidades.
En el Acuerdo final de paz se plasma la necesidad de trazar políticas para transformar esta realidad en el territorio, combustible del conflicto. Es así como en el punto uno de la reforma rural integral se aborda y establecen mecanismos concretos frente al tema, articulándolo a la situación fundamental de la propiedad y acceso a la tierra. Entendiendo la complejidad del tema del cultivo como estructurante del conflicto social y armado, se establece un eje específico en el Acuerdo, expresado en el punto cuatro: “solución al problema de las drogas ilícitas”.
Paz y sustitución
Como consideración central de este punto, la mesa de negociación caracteriza la realidad de las comunidades, condenadas a la marginalidad, y define mecanismos para superarla en el territorio. Es así como se plantea el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y los planes integrales de desarrollo con participación protagónica de la comunidad, este es el referente del PNIS, Programa Nacional Integral de Sustitución.
El PNIS estableció que se requerían condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por el conflicto, acuerdos con comunidades, penas diferenciales, construcción participativa de los planes integrales y articulación con los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), planteados también en el Acuerdo de paz. La implementación de este punto sensible del Acuerdo se vio profundamente afectada por la desfinanciación del mismo y las limitaciones de su impacto en el territorio, consecuencia de la mediocre acción por parte del gobierno de Duque, en consonancia con su tesis de hacer trizas el Acuerdo.
Esta realidad la asume el gobierno del cambio, haciendo anuncios en clave de impulsar el Acuerdo y estableciendo en la institucionalidad compromiso con las expectativas de las comunidades campesinas cultivadoras que, producto de la falta de cumplimiento, se vieron abocadas a seguir en estas actividades. A pesar de la voluntad política, no se ha podido avanzar de manera cierta en el tema y el campesinado cultivador, en su gran mayoría organizados en la COCCAM, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, expresó preocupación frente a la implementación del Acuerdo y los programas de sustitución.
El presidente ha hecho anuncios al respecto y expresado su convicción de impulsar un enfoque distinto al tema de drogas ilícitas en el continente. De manera crítica, ha reconocido las deficiencias en la ejecución del PNIS y ha avanzado en reunirse en distintas regiones con el campesinado, reafirmando su compromiso con el tema. Sus compromisos con las comunidades del Cauca y Catatumbo son expresión de su decisión inequívoca de avanzar en la implementación.
Se mantienen dificultades frente a los acuerdos emanados del PNIS en el territorio. Buscando salidas, Petro convocó el primer encuentro de beneficiarios del PNIS con el presidente, el 19 de junio de 2024.
Alternativas a cultivadores
El presidente ubicó las dificultades producto de las deficiencias de la implementación, la corrupción y los palos en la rueda que los organismos de control establecen contra la reforma agraria. Planteó la necesidad de concretar un “pacto para transformar el territorio y ese pacto es un pacto de paz”, llamó a la organización popular para defender la paz, usar los pocos recursos que tiene la institucionalidad para profundizar iniciativas asociativas en el territorio y replantear el PNIS, permitiendo que otras expresiones sociales del territorio, además del campesinado, se articulen.
El campesinado expresó su satisfacción con el escenario, pero planteó varias inquietudes y exigencias. El líder campesino del Catatumbo, Junior Maldonado, ubicó las preocupaciones centrales: “Nuestra expectativa es que el gobierno reinstale todas las instancias del acuerdo de paz, el seguimiento estratégico del PNIS para implementar el Acuerdo. Hemos planteado desde el Catatumbo, desde la cumbre cocalera, establecer la diversificación de la hoja de coca, un tema excluido en el plebiscito, además de la gradualidad. El Acuerdo de paz es la hoja de ruta y de transformación, no un acuerdo neoliberal como dijo el presidente, es la clave para avanzar en la paz total”.
Las y los campesinos cultivadores no son narcos, como ha instalado la narrativa oficial, son hombres y mujeres que en medio de la guerra y el olvido buscan cómo sobrevivir. Ellos tienen el conocimiento y certezas para construir alternativas en los territorios. La paz inicia con los eternos excluidos.
El PNIS es una herramienta que, junto con la profundización de la reforma agraria, será una tarea que sin duda la nueva ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, pondrá en el centro de su gestión para concretar la añorada paz en el territorio con la que sueñan campesinos como Junior y su comunidad.
