Palabras de Claudia Flórez, secretaria general del PCC, en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, SNARIV, convocado por la instancia de Reparación Colectiva de la Unidad Nacional de Víctimas en acuerdo con la dirección Ejecutiva Central, con el propósito de avanzar en la transformación de la deuda histórica con las víctimas comunistas en el marco del conflicto armado y el terrorismo de Estado
Redacción Política
La democracia no se construye sobre el silenciamiento
El Partido Comunista Colombiano no es un simple actor en la historia nacional: es un pilar de la lucha por la dignidad. Desde su fundación en 1930, ha encarnado la resistencia por la justicia social, la paz con soberanía y los derechos de la clase trabajadora. Pero esa misma coherencia lo convirtió en blanco de una persecución brutal.
La reparación del PCC no es solo un acto de justicia para sus militantes y sus familias; es un paso fundamental para sanar las heridas de nuestra democracia. Porque cuando un partido político es perseguido por sus ideas, cuando sus miembros son asesinados, desaparecidos o exiliados por pensar distinto, no es solo ese partido el que sufre: es el pluralismo, el debate público y la confianza en las instituciones lo que se resquebraja.
El Estado tiene hoy la oportunidad de demostrar que la democracia colombiana no se construye sobre el silenciamiento, sino sobre el reconocimiento de que todas las voces, incluso las críticas, tienen derecho a existir.
Primer partido político reconocido como víctima colectiva
Este proceso es pionero. El PCC es el primer partido político en ser reconocido como víctima colectiva del conflicto armado, lo que marca un precedente histórico. No se trata solo de reparar a individuos, sino a una organización cuya identidad y lucha fueron atacadas de manera sistemática.
Este reconocimiento obliga al Estado y a las instituciones presentes a repensar las metodologías y los marcos jurídicos de reparación. ¿Cómo se repara a un partido político? ¿Cómo se cuantifica el daño a su estructura organizativa, a su capacidad de participación política, a su memoria histórica? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero el hecho de que hoy estemos abordándolas es ya un avance significativo.
Este caso sienta las bases para futuros procesos de reparación a otros movimientos y partidos que también sufrieron la violencia política. Por eso, lo que hagamos aquí no solo tendrá impacto en el PCC, sino en la forma en que Colombia asume su pasado y construye su futuro.
Más allá de lo material y lo simbólico: hacia la reparación política
La reparación al PCC no puede limitarse a indemnizaciones económicas o actos simbólicos, aunque estos sean importantes. Debe incluir, de manera central, una dimensión política:
Desestigmatización pública: durante décadas, el PCC y sus militantes fueron asociados con la insurgencia, la subversión y la ilegalidad. Ese estigma justificó su exterminio. Hoy, el Estado debe liderar una campaña que reconozca su legitimidad histórica y su aporte a la democracia.
Garantías de no repetición: la reparación debe traducirse en medidas concretas para que nunca más un partido político sea perseguido por sus ideas. Esto implica reformas institucionales, pedagógicas y de seguridad que protejan el disenso.
Reconstrucción de la memoria: el PCC tiene derecho a que su historia sea contada sin distorsiones. Apoyar iniciativas de memoria histórica, incluir su legado en los currículos educativos y divulgar su resistencia son pasos necesarios para cerrar las páginas de la persecución.
Este proceso representa, en su esencia misma, el desmantelamiento de la doctrina del enemigo interno: ese paradigma criminal que durante décadas institucionalizó la violencia contra el disenso político. Al reparar al Partido Comunista Colombiano, el Estado envía un mensaje categórico: en Colombia, la política no se hace con balas, sino con argumentos.
Un acto de justicia y compromiso con el futuro
Compañeros y compañeras, la reparación al PCC no es un favor ni un gesto de caridad. Es un acto de justicia que fortalece nuestra democracia, sienta un precedente jurídico y metodológico, y contribuye a desarmar los discursos que dividieron a Colombia entre “ciudadanos” y “enemigos”.
Invito a todas las instituciones aquí presentes a asumir este reto con la seriedad y el compromiso que merece. Que este sea el inicio de un camino donde la política se ejerza sin miedo, donde el pasado se asuma con honestidad y donde la paz se construya sobre cimientos de verdad, justicia y reparación.
Muchas gracias.
