En audiencia pública, que reconoció la Zona de Reserva Campesina de Pradera en el Valle del Cauca, se conmemoraron treinta años de la Ley 160 de reforma agraria
René Ayala B.
@reneayalab
El 3 de agosto de 1994, irrumpió una nueva ley en Colombia, un país donde no es sorpresa la aparición de leyes, ya que su tradición institucional ha legislado y versado sobre lo divino y lo humano sin que por ello se hayan potenciado cambios y transformaciones sociales. Sin embargo, esta ley tenía un elemento innovador, reconocer un vacío en un ámbito fundamental, establecer una normatividad que contribuyera a superar el conflicto creado por el modelo de propiedad y tenencia sobre la tierra. Después de muchos años era un nuevo intento por avanzar en la deuda histórica de la reforma agraria.
La Ley 160 crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Esta nueva ley estaba en consonancia con la nueva Constitución de 1991, que superó la antigua y ultraconservadora constitución, defensora de la concentración de la propiedad en el latifundio. Pero es, principalmente, producto de la movilización social y campesina, que desde la periferia exigía tierra, derechos y transformaciones profundas. Son las comunidades rurales que se levantan porque estaban condenadas por la violencia alimentada por la gran propiedad, a ir más allá de la frontera agrícola y refugiarse en territorios hostiles, desarticulados de la vida económica y catalogados como baldíos, es decir, lo más lejano, lo remoto, lo olvidado.
Desde allí retumbó la voz campesina, en las marchas de colonos que habían centrado su actividad productiva debido a la exclusión social y económica al cultivo de la coca, de medianos productores de panela, café y hortalizas, aislados de los mercados y prisioneros de intermediarios especuladores y desprovistos del apoyo estatal, endeudados y condenados a la quiebra con los créditos insípidos y costosos que les otorgaba a cuenta gotas la Caja Agraria. Comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes convictas de la miseria, el desprecio y la vulneración de sus tradiciones y su cultura, donde sus territorios eran desolados por el accionar del modelo paramilitar que los expropiaba y despojaba, en una reedición de la barbarie de la acumulación primaria del capital.
Por eso, la ley era un bálsamo en medio de un conflicto social y armado que se intensificaba en el país, donde aún resonaban los estertores de un diálogo fallido y dilapidado a sangre y fuego, ahogado en la sangre de miles de militantes de la Unión Patriótica, muchos de ellos campesinos que vieron cómo la violencia frustró los Acuerdos de La Uribe.
La desconfianza en el Estado, que enredaba en vericuetos burocráticos las reformas y respondía con violencia el clamor de la ruralidad, excluyendo a media Colombia del acuerdo que significó la nueva Constitución cuando bombardeó Casa Verde para atizar el conflicto en los territorios, era la premisa campesina, y la ley sería una más, una nueva decepción al campesinado traicionado en Chicoral, el pacto del gobierno y latifundistas en 1972, donde se sepultó la reforma agraria.
Ley campesina
Sin embargo, la nueva ley traía consigo el advenimiento de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, que, finalmente, reconocía las formas de la economía familiar y la organización territorial. De alguna manera se volvía a poner al centro la cuestión agraria, para avanzar hacia la esquiva paz.
Desde entonces, se constituyeron varias ZRC, promoviendo un nuevo modelo de ordenamiento en la ruralidad, basado en las Unidades Agrícolas Familiares, que protegían la propiedad campesina de la voracidad del latifundio. Renacía la esperanza, pero, nuevamente, el egoísmo del capital entorpeció el proceso, con argucias, persecuciones y hasta la suspensión de la figura en el gobierno de Uribe. No obstante, la resistencia de las comunidades rurales mantuvo viva la llama de la figura, permaneciendo firmes en sus territorios.
Treinta años después, las ZRC, reconocidas en la Ley 160 como eje de la reforma agraria, toman un nuevo brío en el Gobierno del Cambio. Su conmemoración adquiere un nuevo significado, con el campesinado al centro de la política pública.
“Cuando los campesinos se vieron acorralados y en 1987, por las tierras del Guayabero, le exigían al gobierno ordenar el territorio, y se incorpora en la ley 160, esto fue letra muerta. Pero de Guayabero a Pradera hemos transitado un camino, y hoy tenemos 14 ZRC, y esta será la octava declarada por este gobierno”, dijo, conmovida, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, en Pradera, Valle del Cauca, al celebrar los 30 años de la ley.
Conmemorando la resistencia
La ZRC de Pradera en el Valle del Cauca reconoce la historia de un territorio campesino y de comunidades étnicas. La institucionalidad, representada en la ministra de Agricultura, el ministro de Minas y Energía y altos funcionarios, llegó allí para ratificar el compromiso del Gobierno con la ruralidad. El acto, donde inicia la campaña denominada Agosto mes de la reforma agraria, fue un hecho contundente que reafirma la profundización de la reforma agraria.
“Es importantísimo, vamos a tener tierras y campo, que para nosotros los campesinos y campesinas son vida”, dijo la campesina Flor Alba Montes, en medio del alborozo que significó este simbólico acto.
Treinta años de la ley de reforma agraria, pero más de cien de luchas campesinas por conquistarla, envían un potente mensaje en clave de que las aspiraciones del campesinado se expresan en la concepción de una nueva gobernanza comprometida con implementar el Acuerdo de paz y su pilar fundamental: el tema de la tierra. Por ello, las comunidades organizadas en la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca celebran este reconocimiento.
Alexander Lozada, su presidente, dijo estremecido: “Estoy contento y orgulloso de que por fin estemos viviendo este momento, que era un sueño para nosotros, los campesinos de Pradera”.
Durante este período, el campesinado ha sido perseguido, sus territorios desolados, sus familias condenadas a la mendicidad en los semáforos de las grandes ciudades, sus campos bombardeados o lavados con la sangre de miles víctimas de las incursiones del paramilitarismo para favorecer el modelo de concentración vergonzosa de la tierra en pocas manos.
Pero por fin llega la justica que trae la reforma agraria. Como dijo la ministra ante centenares de rostros campesinos llenos de esperanza congregados en Pradera: “¿Qué mejor acto de justicia que decirle al campesinado que reconocemos su territorio? La reforma agraria que se acordó hace 30 años nos convoca a redistribuir la tierra para ponerla a manos de la economía campesina”.
