Los impuestos a los combustibles: gasolina, ACPM y agrocombustibles. La reforma propuesta por la Comisión no tiene nada de estructural y sí apunta a desmejorar la situación de algunos sectores de la población que viven de su trabajo.
Carlos Fernández*
Terminamos hoy el análisis del Informe final de la Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria, haciendo referencia a los impuestos a los combustibles fósiles, último tema abordado por la Comisión dentro del capítulo de los impuestos indirectos.
Los impuestos a la gasolina y al ACPM
El impuesto nacional a la gasolina y el ACPM fue creado por la ley 1607 de 2012, como un mecanismo para reemplazar el IVA que se pagaba por el consumo de estos dos productos. Es un impuesto específico, es decir, no se calcula sobre el precio al productor o al importador sino sobre las cantidades producidas o importadas. La tarifa es determinada por decreto del Ministerio de Hacienda y es más alta para la gasolina extra ($1.659,62 por galón en 2015). Las tarifas de la gasolina ordinaria y del ACPM eran de $1.147,98 por galón para el mismo año). Para los otros derivados del petróleo y el gas se sigue cobrando IVA. El recaudo por concepto de este impuesto es de utilización libre por parte del Gobierno nacional.
Existen, además, dos impuestos nacionales adicionales: la sobretasa a la gasolina y la sobretasa al ACPM. El primero presenta una tarifa del 25% (19% en zonas de frontera) y su utilización sólo puede ser para financiar transporte masivo y vías. Se distribuye, así: 74% para los departamentos y 26% para los municipios. La tarifa de la sobretasa al ACPM, por su parte, asciende al 6%.
Puede apreciarse un sesgo a favor del ACPM, que tiene un impacto negativo mayor sobre el medio ambiente pero cuyo consumo está destinado en un 94% al transporte de carga y de pasajeros. El 64% de la gasolina, por su parte, es consumido por automóviles y motos.
La participación de estos impuestos dentro de los ingresos tributarios de la Nación es de tan sólo 2,1%, en 2013, para el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM y del 7,8% para las sobretasas.
Las propuestas que presenta la comisión con respecto a este impuesto son las siguientes:
A) Gravar los combustibles fósiles diferentes a la gasolina y el ACPM con la tarifa general de IVA que, como se recordará, se propone que sea de 19%. El sesgo pro impuestos indirectos tiene en esta propuesta una manifestación más por parte de la Comisión.
B) Elevar el monto del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en un 30%. Se le sugiere al gobierno hacer incrementos posteriores del impuesto, examinando la gradualidad de tales aumentos según la situación de los precios internacionales de los combustibles.
C) Reducir el diferencial entre las sobretasas a la gasolina y el ACPM en aras de una menor emisión de los gases de efecto invernadero. Obviamente, esa reducción se haría por la vía de elevar la sobretasa al ACPM, con las debidas consecuencias sobre el costo del transporte de carga y pasajeros
D) Desmontar el régimen preferencial en zona de frontera, toda vez que su implementación no ha evitado el creciente flujo de contrabando de gasolina, sobre todo desde Venezuela. La comisión critica la política de subsidios que se aplica en el vecino país y la señala como la responsable del contrabando, sin tener en cuenta que éste se hace por parte de estructuras mafiosas en las que coinciden elementos empresariales tanto colombianos como venezolanos, ya que son ellos los que comercian la mayor cantidad del flujo de gasolina de contrabando. Los pequeños traficantes, llamados pimpineros, no representan el grueso de dicha actividad.
Los agrocombustibles
Aunque los menciona de paso, la Comisión no hace ninguna recomendación sobre el manejo, desde el punto de vista tributario, del etanol y el agrodiesel. Estos productos, a partir de la obligación legal de mezclar la gasolina y el ACPM con ellos, han tenido un importante crecimiento en su producción, logrado, entre otras cosas, mediante el desplazamiento forzado de campesinos y comunidades negras para apoderarse de sus tierras y dedicarlas al monocultivo de la palma de aceite o de la caña de azúcar. Si bien su uso es menos contaminante del aire que los combustibles fósiles, para su producción se destruyen bosques con la consiguiente pérdida de biodiversidad y de pulmones vegetales para atrapar el CO2 de la atmósfera.
Resumiendo lo dicho hasta aquí en éste y en los anteriores artículos, la reforma propuesta por la Comisión no tiene nada de estructural y sí apunta a desmejorar la situación de algunos sectores de la población que viven de su trabajo.
* Investigador del CEIS.
