El alto tribunal devolvería al país al sistema de competencia entre los fondos privados y Colpensiones, y dejaría a millones de adultos y adultas mayores desprotegidas
Redacción Política
Las alarmas de millones de trabajadores se encendieron cuando en la Sala Plena de la Corte Constitucional el presidente del alto tribunal, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presentó una ponencia que sostiene que la Ley de Protección Social Integral para la Vejez, más conocida como la Reforma Pensional, debe ser declarada inexequible por vicios de procedimiento durante su aprobación en el Congreso de la República.
Uno de los primeros en reaccionar en su cuenta de X fue el presidente de la República Gustavo Petro, quien afirmó: “Sería de una tristeza infinita que millones de viejos y de viejas, nuestros padres, madres, y abuelos y abuelas, no pudieran acceder a un bono pensional, solo por una posición cada vez más ideológica. Es como decir que el Estado Social de Derecho no es posible y no es posible la justicia social en Colombia. Claro que Colombia será un país de Justicia Social, porque no hay otro camino para la paz”.
Pero, ¿Qué habían ganado o qué perdería la clase trabajadora, los y las adultas mayores si se hunde esta reforma o Ley 2381 de 2024?
Volvería la competencia
Juan Valbuena, abogado, magister en derecho público y especialista en contratación estatal, dice que las pensiones volverían a regularse por la Ley 100 de 1993: “Es decir, que la única victoria material que se había obtenido en el Congreso en términos de las reformas y de cambiar, de ganarle un pedacito porque no fue todo, al sistema financiarizado de las pensiones, se caería y volveríamos al escenario de la competencia entre los fondos privados de pensiones y Colpensiones”.
Al caerse la Ley 2381 de 2024, que entra en vigencia el 1 de julio, no se resolvería un gran problema y es que el sistema público tiene el 80% de los pensionados, pero solo el 20% de los cotizantes; mientras que el privado cuenta con el 80% de los cotizantes, aunque solo pensiona al 20% de sus afiliados.
Tanto es así que, a diciembre de 2024 se habían pensionado en los fondos privados 358.183 personas, de los 19.2 millones de afiliados. Esto se da porque el sistema privado funciona como una cuenta de ahorro, en la que hay que llegar a determinado tope, que después se divide en función de la esperanza de vida de las personas.
“Lo que hace la reforma es reorganizar el esquema para que la mayoría de la plata esté en el sistema público, para liberar un hueco fiscal de alrededor de 13 billones de pesos al año. Eso se pierde si se hunde la reforma”, explica Juan Valbuena.
Respaldo financiero
Ahora bien, muy pocas personas logran un trabajo estable durante toda su vida, requerimiento necesario para pensionarse en un fondo privado. Además, estos usan el ahorro de los cotizantes como un activo financiero: “Hacen parte de los grandes grupos económicos del país; Porvenir, por ejemplo, es del grupo Sarmiento Angulo; terminan reinvirtiendo los ahorros de las personas en proyectos de empresas del mismo grupo económico, que muchas veces tienen un riesgo elevado y la gente puede llegar a perder sus ahorros, si se pierde la inversión, algo que normalmente pasa en el mercado”.
“Hay que entender que el sistema público funciona como una gran bolsa común de la cual se sacan todas las pensiones y, por lo tanto, es mucho más fuerte financieramente hablando”, complementa el jurista consultado.
Con el esquema financiero diseñado por la reforma laboral, muchos de quienes no podían pensionarse ahora lo pueden hacer, o por lo menos, recibir una cantidad de dinero para sobrevivir, con los pilares solidario y semicontributivo.
Asimismo, hay un incentivo para las mujeres cuidadoras, que consta de descontar 50 semanas de cotización por cada hijo que haya tenido, máximo hasta tres.
Otras garantías
Con la reforma existen otras maneras de pensionarse, como la pensión familiar: “Por ejemplo, si ni mi cónyuge ni yo alcanzamos los requisitos de las 1.300 semanas para pensionarnos, podemos sumar nuestras semanas. Eso no se puede en el sistema actual”.
Hay que entender que, con el nuevo sistema, las actuales cotizaciones pagarían las pensiones de hoy y cuando los actuales trabajadores se pensionen, serán los cotizantes de ese momento los que paguen esas pensiones.
Y, por lo tanto, en Colpensiones lo que puede suceder es que haya un subsidio en reemplazo de la pensión que no alcanza a cubrir el monto del salario mínimo, o que se puede seguir trabajando hasta cumplir los requisitos de la pensión.
Por otra parte, un retroceso en materia pensional, como sucedería si se declara la inexequibilidad de la reforma, es que se perdería es la viabilidad financiera del sistema. Asunto tratado por expertos económicos de la derecha quienes ya habían previsto la necesidad de hacer una reforma pensional, porque el hueco fiscal del sistema público, ocasionado por la ineficiencia del sistema privado seguirá creciendo.
A las calles
“En la medida en que somos una población cada vez más envejecida, a la vuelta de 10 o 15 años el sistema sería financieramente inviable. Hoy tenemos la posibilidad de resolverlo y, sobre todo, de garantizar que por lo menos de aquí a 2055 tengamos viabilidad para que las personas efectivamente accedan a un monto de dinero cuando lleguen a su vejez”, explica Valbuena.
De caerse la nueva ley pensional, se tendría que presentar un nuevo proyecto para ser debatido en lo que resta del actual Legislativo, y en un año preelectoral con la acumulación de reformas por discutir los tiempos no darían.
Por lo anterior, las movilizaciones en las calles, los cabildos y los paros siguen siendo el escenario principal en el que la clase trabajadora y la sociedad en general podrán exigir respeto a la voluntad popular y defender los derechos laborales.
