Se adelanta el juicio penal en contra de Álvaro Uribe Vélez. VOZ reconstruye los principales momentos del mediático expediente que tiene en el banquillo de los acusados al expresidente
Redacción Política
Desde el 6 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio penal por los delitos de fraude procesal, soborno y manipulación de testigos.
La Fiscalía dice tener material documental y grabaciones que probarían que el exjefe de Estado habría enviado emisarios a diferentes cárceles para que hablaran en su favor con relación a otros expedientes que lo involucraban con el paramilitarismo.
Por su parte, la defensa ha expuesto su teoría del caso, siendo su principal estrategia la recusación de la jueza Sandra Liliana Heredia, al considerarla como una funcionaria “parcializada” y hostil a la defensa del principal dirigente del partido derechista Centro Democrático.
Este mediático expediente judicial ha transitado por un tortuoso camino caracterizado por la dilatación y la obstrucción al sistema judicial. Al cierre de esta edición, la jueza ha tenido que suspender el acto procesal que escucharía el testimonio del senador Iván Cepeda Castro.
La razón es que ni Álvaro Uribe, ni su equipo de defensa se han presentado, desacatando el llamado de la Justicia. La triquiñuela usada por el expresidente es la radicación de una tutela en contra de la jueza Heredia donde piden garantías procesales.
El bloque Metro
Aunque la matriz mediática ha enfilado todas sus baterías en los intríngulis del proceso judicial, poco o nada se habla sobre el tema de fondo del caso: La presunta relación de la familia Uribe Vélez con la conformación del paramilitarismo en Antioquia.
La historia comienza en el año 2010. El defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro es elegido como representante a la Cámara. Ya en el parlamento, es designado como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Paz en el Congreso de la República.
En agosto de 2011, cumpliendo su misión constitucional, Cepeda Castro entrevistó a Pablo Hernán Sierra García, alías “Alberto Guerrero”, exjefe del Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En ese diálogo, Sierra García expresó que el bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, junto con Santiago Gallón Henao – condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento la hacienda Guacharacas -, Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe. El 7 de septiembre el parlamentario Cepeda, denunció a Uribe Vélez por nexos con el paramilitarismo.
Siguiendo con su investigación, el 16 de septiembre Iván Cepeda entrevistó a Juan Guillermo Monsalve Pineda, alías “Guacharaco”. Monsalve ratificó la denuncia de Sierra sobre los personajes que crearon y financiaron el Bloque Metro. Y dio detalles de la conformación de un cartel de la gasolina por parte de Luis Alberto Villegas que contó con la protección del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe.
Monsalve Pineda manifestó que presenció reuniones con paramilitares en las que Santiago Gallón y Santiago Uribe Vélez pactaron la logística del transporte de los votantes para las elecciones a la presidencia de 2002, en las que finalmente Álvaro Uribe Vélez fue proclamado como presidente de la República.
Uribe a la ofensiva
El 11 de abril de 2012, Cepeda denunció nuevamente a Álvaro Uribe por su omisión cuando era Gobernador de Antioquia, en las masacres de San Roque (1996) y otras en el nordeste antioqueño, ocasionando que la Fiscalía General de la Nación unifique los casos y las denuncias.
El 27 de septiembre del mismo año, Monsalve Pineda declaró ante la Fiscalía los mismos hechos que le había relatado a Cepeda. También mencionó que otras personas conformaron el Bloque Metro. Además, relató que la hacienda ‘Las Guacharacas’ era custodiada por los paramilitares y el Ejército cuando Álvaro Uribe era gobernador.
En febrero del 2013, a petición de Álvaro Uribe que comenzó la ofensiva en contra del representante Cepeda, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, entrevistó a Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve y administrador de la hacienda ‘Las Guacharacas’ entre 1986 y 1996. En la diligencia, éste niega el robo de las 600 reses de la hacienda, hecho que según Juan Guillermo Monsalve Pineda fue el detonante para la creación del Bloque Metro de las ACCU y la masacre de San Roque.
Para junio, Álvaro Uribe Vélez amplió la denuncia en contra de Iván Cepeda, agregando nuevos testimonios que presuntamente explicaban el exceso de las funciones del congresista al entrevistar a los exparamilitares.
El debate Cepeda
El 17 de septiembre de 2014 se realizó el debate “Álvaro Uribe Vélez: narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica” en el Congreso de la República, citado por el ahora senador Iván Cepeda Castro.
Uribe Vélez, quien se retiró del debate, formalizó la denuncia en contra de Iván Cepeda ante la CSJ. En medio de un show mediático, argumentó que el congresista ofreció dádivas y beneficios jurídicos a paramilitares, entre ellos a Juan Guillermo Monsalve, para que lo vincularan a él y a su hermano Santiago con organizaciones paramilitares.
Álvaro Uribe se refiere también a los testimonios de Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Muñoz Ramírez que relataron como presuntamente en 2012, Cepeda los visitó y les ofreció beneficios a cambio de que declararan en contra de los hermanos Uribe Vélez. Wilser Molina Molina fue quien gestionó las declaraciones.
Adicionalmente, Álvaro Uribe expresó que los paramilitares Henao y Muñoz podían acreditar que Pablo Hernán Sierra García nunca perteneció al Bloque Metro. Por su parte, el 25 de septiembre la Fiscalía General de la Nación remitió a la CSJ el expediente como juez natural de la investigación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez.
La Corte empieza la investigación
Ante las denunciadas presiones en contra de la familia de Juan Guillermo Monsalve Pineda, el 10 de febrero de 2015 la CSJ ordenó monitorear las llamadas de Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo. Mediante las interceptaciones, la Corte se dio cuenta que Monsalve Correa mentía, pues se encontraba en Bogotá y no se presentó a las citaciones del Alto Tribunal aduciendo que en ese momento estaba afuera de la ciudad.
El 24 de marzo Óscar Monsalve Correa rindió testimonio a través de una videoconferencia ante la CSJ. El mismo día de la diligencia judicial recibió al menos 10 llamadas en un lapso de 20 minutos. La última de las llamadas, que duró aproximadamente 12 minutos, fue hecha desde el número de Juan Guillermo Villegas Uribe, ganadero y amigo personal de la casa Uribe Vélez.
Una llamada entre los hermanos Óscar Hernán y Laura Monsalve dejo en evidencia que la familia Monsalve estaba ante la expectativa por la declaración del padre. En la conversación, Laura expresó: “es que mi papá vio todo lo que Juan está diciendo, si es que mi papá era el encargado de la finca”.
La CSJ decidió interceptar las comunicaciones de Juan Guillermo Villegas Uribe el 1 de septiembre. Para la Corte, la llamada de Villegas el día en el que Monsalve Correa rindió testimonio buscaba que este último estuviera nervioso.
El 4 de septiembre, Juan Guillermo Villegas Uribe llama a Óscar Monsalve Pineda para persuadirlo de decir lo mismo que su papá, Óscar Monsalve Correa, ante la eventual llamada de los investigadores. De igual forma, le dice que su mamá y su hermana deben negar igualmente el asunto de las reses.
El encuentro Uribe – Villegas
El 21 de octubre del mismo año se dio el encuentro en el establecimiento ‘La Jugosa de la 70’ en Medellín. A este asistieron el expresidente Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe y José Humberto Gómez Garro, este último había visitado a los paramilitares Gabriel Muñoz Ramírez y a Ramiro de Jesús Henao en la Cárcel de Itagüí, presuntamente para declarar a favor de los hermanos Uribe Vélez.
De acuerdo con las interceptaciones al teléfono de Villegas, el objeto de la reunión era hablar sobre los testigos que incriminarían al senador Iván Cepeda en el delito de montar un “cartel de testigos” en contra de Álvaro Uribe Vélez.
Ese mismo día, la Corte ordeno la interceptación de las comunicaciones de Wilser Darío Molina Molina, en aquel momento alcalde de Amagá, Antioquia, pues el 6 de octubre de 2015 Juan Guillermo Villegas Uribe lo llamó para preguntarle por un testigo de la masacre del Aro en el municipio de Ituango, Antioquia, en 1997.
En la víspera de navidad, el 23 de diciembre Álvaro Uribe Vélez denunció en su cuenta de Twitter que está siendo objeto de interceptaciones y vigilancia por parte de la justicia. Ese mismo día la CSJ intercepta una llamada del teléfono de Juan Guillermo Villegas, ganadero e involucrado en la fundación del Bloque Metro. El interlocutor es Álvaro Uribe, donde hablan del proceso. Se hace celebre la frase, “esta llamada la están escuchando esos hijueputas”.
Efecto boomerang
En una decisión que sorprende al mundo político, el 16 de febrero de 2018 la CSJ archivó la investigación en contra de Iván Cepeda por manipulación de testigos, y ordenó compulsar copias en contra de Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de soborno y fraude procesal, por haber enviado emisarios a los centros carcelarios para acusar al senador del Polo Democrático.
El alto tribunal de justicia reiteró que antes de que Iván Cepeda se entrevistara con los paramilitares, los mismos ya habían declarado en versiones idénticas a las consignadas por el parlamentario.
Días después, Juan Guillermo Monsalve recibió mensajes de WhatsApp en los que un intermediario de Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le pidió que “tramitara un vídeo en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones. El vídeo tenía que ser radicado antes del viernes de esa semana, pues se necesitaba con urgencia”.
En acción el “abogángster”
Aparece en escena Diego Cadena. El 22 de febrero, el polémico abogado, apodado como “abogángster” por sus contactos con el mundo de la mafia, se entrevistó con Juan Guillermo Monsalve Pineda.
Como apoderado de Álvaro Uribe Vélez le solicitó firmar un documento previamente elaborado. Enrique Pardo Hasche, convicto e intermediario de la reunión, interviene pidiéndole a Monsalve Pineda que firme el documento.
Entre febrero y abril, Juan Guillermo Monsalve asegura que Diego Cadena lo visitó tres veces para pedirle la grabación de un video o la firma de un documento donde se retractara de su testimonio en contra del expresidente y que culpara al senador Cepeda.
Por su parte, la CSJ encontró que personas allegadas al expresidente Uribe, como el representante Álvaro Hernán Prada, incurrieron en nuevas acciones para manipular testigos. El 24 de julio ordenó investigar a este congresista y al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno.
De igual forma, el exmagistrado José Luis Barceló explicó que las interceptaciones al teléfono celular de Álvaro Uribe no fueron un error y que estas tuvieron lugar por las comunicaciones que tuvo el expresidente con personas investigadas por la Corte.
La versión falsa de “Víctor”
El 17 de abril de 2019, el Inpec decide trasladar de su centro de reclusión en Palmira, Valle, a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, a la Cárcel de La Tramacúa, en la que recibe un atentado en contra de su vida. Vélez, exintegrante del frente Cacique Pipintá de las AUC, es testigo de la investigación y ha dicho que recibió plata del abogado Diego Cadena. Las autoridades comprueban una consignación por dos millones de pesos a un familiar de Vélez.
El periodista Daniel Coronell denunció el 28 de mayo que el paramilitar Carlos Enrique Vélez, que había declarado a favor del expresidente Uribe y en contra del senador Iván Cepeda, fue grabado mientras afirmaba que lo que dijo sobre este último no fue verdad.
Coronell manifiesta que Vélez fue contactado por el abogado Diego Cadena en la Cárcel de Palmira, donde cumple una condena de 20 años de prisión por una masacre en Riosucio, Caldas.
A través de una interceptación telefónica, el abogado Diego Cadena le pide a Eurídice Cortés, alías “Diana”, exjefa política del bloque Cacique Pipintá, que grabe un vídeo en el que desmienta a Pablo Hernán Sierra, jefe de esa estructura paramilitar, quien afirma que los hermanos Uribe Vélez fundaron el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En las interceptaciones, Cadena le ofreció al paramilitar Vélez beneficios con un fiscal en Cali y se evidencia que les hace unos pagos a los familiares de Vélez.
El 16 de agosto la CSJ citó a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez para el 8 de octubre de 2019, diligencia judicial que concluye al formalizar la vinculación del expresidente y senador de la República al proceso que adelanta la Sala de Instrucción por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación inició un largo proceso de investigación en contra del abogado Cadena.
238 días
El 3 de agosto de 2020, la CSJ ordenó la captura del expresidente reseñándolo como el preso número 1087985. Quince días después, Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado por el Centro Democrático. Con esta maniobra el caso pasó a la justicia ordinaria.
Entre 2020 y 2024, el caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nacional que lideró Francisco Barbosa. Durante este periodo, el ente acusador fungió más como una defensa del procesado, que como la institución encargada de adelantar la investigación y formular la acusación. Y aunque fueron varias las veces en las que se pidió la preclusión, la justicia negó los alegatos favorables para Uribe Vélez.
El expediente tomó un giro de 180 grados una vez asumió la nueva fiscal Luz Adriana Camargo. El 9 de abril de 2024, el ente acusador llamó formalmente a juicio al expresidente Uribe Vélez por los mismos delitos que investigó la CSJ: fraude procesal, manipulación de testigos y soborno.
“No hay riesgo de que me declare culpable”, dijo el expresidente Uribe Vélez el pasado 6 de febrero, día en que se inició el juicio oral. Tomando como referencia la fecha de impresión de este periódico, comienza el conteo regresivo de 238 días para resolver de fondo el caso y así evitar la preclusión, estrategia que busca la defensa del expresidente y que queda en evidencia con el reciente episodio de desacato de la justicia.
