VOZ habló con el abogado Nicolás Escandón, magister en derechos humanos y consultor de las dos centrales que presentaron la queja, para conocer las motivaciones y los objetivos del procedimiento.
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
El pasado lunes 16 de mayo, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Unión Sindical Obrera, USO; Sintrainagro y la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO; presentaron una queja ante el Departamento de Comercio y la Oficina de Asuntos Laborales de Estados Unidos, por la violación del capítulo laboral del TLC entre Colombia y el país del norte.
VOZ habló con el abogado Nicolás Escandón, magister en derechos humanos y consultor de las dos centrales que presentaron la queja, para conocer las motivaciones y los objetivos del procedimiento.
–¿En el documento presentado, qué hay en materia de derechos humanos?
–Prometían que si se firmaba el TLC iba a haber una reducción significativa de la violencia antisindical y lo que se ha visto es que en la vigencia del TLC van 99 sindicalistas asesinados, de ellos cuatro pertenecían a la USO y dos a Sintrainagro.
La protesta social y sindical tiene tratamiento de conflicto armado interno. Cuando los trabajadores se disponen a hacer sus protestas encuentran que las empresas se alían con la Fuerza Pública y llaman al Esmad o al Ejército para que agredan o disuadan al sindicalista. Es como si el Esmad trabajara para las empresas privadas y las transnacionales. Desde 1999 que se crea ese cuerpo policial hay documentadas 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias y 80 casos de tortura.
–¿Hay algunos casos emblemáticos que ejemplifiquen la problemática de persecución sindical?
–Pacific Rubiales y el Ingenio La Cabaña. El primero viene desde 2011 con la utilización de un sindicato patronal que promueve el contrato sindical. Me refiero a la UTEN, afiliado a la CGT. Eso tuvo un impacto en la negociación de 2011 con la USO, y se pasó a la persecución a los trabajadores en los escenarios penales. Pero también está la ausencia de Estado para investigar la violación al derecho de asociación en materia administrativa-laboral, y en materia penal.
En La Cabaña el problema se creció cuando en 2012 Sintrainagro creó un sindicato, y la empresa se negó a negociar argumentando que no eran contratados directamente por ellos. Eso es una forma ilegal de tercerización que juega contra los trabajadores, porque al disfrazar la relación laboral se impide que se presente un pliego de peticiones al verdadero empleador. Eso permitió un despido masivo de trabajadores ante la mirada pasiva del Ministerio del Trabajo.
–¿Qué se espera al interponer la queja?
–Abrir un escenario político y jurídico a la vez, que active la posibilidad de que haya una consulta entre los dos gobiernos, en la que presentaremos una serie de reformas jurídicas que deben hacerse para proteger el derecho de asociación sindical.
De otro lado, está debatir la pertinencia de los tratados de libre comercio y de la imposibilidad de que garanticen un comercio justo, y unos escenarios de justicia que desde hace décadas exigen los trabajadores, en donde los derechos humanos deben estar por encima de los convenios comerciales.
