lunes, febrero 24, 2025
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¿Qué pasa con la reparación a la UP?

Las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica siguen esperando que el Estado cumpla la Sentencia

Redacción DD.HH.

Maribel Yara recuerda hace dos años cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenó al Estado colombiano por el exterminio del partido político al que ella y su familia pertenecían, la Unión Patriótica, UP.

Se encontraba en el Centro de Memoria en Bogotá, donde el 30 de enero de 2023 cientos de víctimas se reunieron a ver la transmisión en la que un magistrado de la Corte leyó un resumen de la Sentencia y parte de las medidas de reparación colectiva que le exigieron al Estado.

“Pues así haya durado para salir esa Sentencia se hizo justicia con la Unión Patriótica. Hay reparación para las víctimas, al menos las tuvieron en cuenta”, pensaba mientras con júbilo abrazaba a otros sobrevivientes.

Siendo niña, fue desplazada de El castillo, Meta, junto a sus padres y hermanos por ser militantes de la UP. Se fueron a vivir a Villarrica, Tolima, de donde nuevamente fueron obligados a salir en 2004. Se radicaron en Bogotá.

“Perdí a mi esposo, lo desaparecieron en Icononzo, Tolima, todo por ser militante de la Unión Patriótica. Quedé sola con tres hijos”, comenta la mujer de 45 años.

El proceso

La demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había sido interpuesta por la Corporación Reiniciar en 1993 y aceptada en 1997. Fueron 26 años en los que un equipo de juristas dirigidos por la hoy senadora Jael Quiroga y la doctora Estella Aponte, en medio de amenazas, persecución y afugias económicas, se echaron al hombro semejante responsabilidad y construyeron miles de carpetas con pruebas que comprometían a miembros del Estado -militares, policías y civiles-, quienes en contubernio con paramilitares y narcotraficantes llevaron a cabo un plan para exterminar al partido político, surgido de los diálogos de paz de 1984, entre el gobierno de Belisario Betancur y  la insurgencia de la Farc – Ep.

En abril de 2024, Maribel Yara pasó los documentos que probaban ser la víctima. Los radicó ante la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica; una instancia creada por disposición del fallo con el objetivo de constatar la identidad o parentesco de las víctimas que aparecen en los Anexos de la Sentencia.

Luego de verificada la identidad con el asesinado, desplazado o desaparecido, la Comisión traslada la autorización a la Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas con un número de expediente. De esta manera, esta última debe proceder al pago de la indemnización.

En el caso de Maribel, en junio la Comisión de Identificación pasó el caso a la Unidad para las Víctimas, pero tres meses después le solicitó suspender el trámite por 60 días para que todos los beneficiarios de la indemnización se presentaran. Maribel se comunicó con la entidad para programar una cita con los citados y le manifestaron que no fuera, que esperara el llamado. Sin embargo, hasta el momento no ha habido comunicación.

Pequeños avances

Representación teatral en el foro universitario de socialización del caso y la Sentencia, en Medellín. Foto Reiniciar

Carolina Maya Portilla, politóloga y codirectora de la Corporación Reiniciar, reconoce la disponibilidad del presidente Gustavo Petro en el cumplimiento de la Sentencia, “en un contexto de conflictos, de guerras y de vulneraciones de derechos humanos que persisten. No obstante, los avances son insuficientes”.

Para la codirectora, hay medidas con un nivel mayor de cumplimiento, como la difusión de la Sentencia o “el resumen de la misma en diferentes medios, pero hay otras que prácticamente están en un punto cero como la rehabilitación integral en salud”.

Entre las medidas que se han cumplido también están los cinco foros universitarios en diferentes ciudades del país. “En lo relacionado con la memoria o el tema de placas, la construcción de un monumento se avanzó en cómo debe ser. Más allá de una pieza sin vida, sin contexto, ubicada en algún lugar, es darle un sentido de proceso que recoja las diferentes visiones de los sobrevivientes, de los familiares desde diversos lugares del territorio. Pero no se ha concretado lo que el Ministerio de las Culturas llamó ‘Cocreación’ de esos de estos monumentos o placas”.

También falta el acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, en el que hubo un intento fallido en octubre del año pasado, cuando a última hora el presidente de la República debió cancelar su asistencia.

Víctimas, sin pagos

Según la abogada de Reiniciar, acerca de la indemnización en términos económicos ha habido un gran atraso por la falta de una mejor articulación entre la Comisión para la Identificación y la Unidad para las Víctimas.

“Pero también hay una complejidad del procedimiento en la Comisión, hay complejidad en la información que se brinda a las víctimas que termina generando confusiones, muchos procesos para exigir soportes, documentos que no corresponden y eso se ha traducido en muy bajas cifras de reparación, de pagos concretos”, anota la politóloga consultada.

El incumplimiento es tanto, que a junio de 2024 se hicieron 76 pagos y a diciembre solamente 80, de más de seis mil víctimas a indemnizar. La Sentencia expresa que hay un plazo de un año a partir de la notificación de la misma (30 de enero de 2023), para consignar a las víctimas del Anexo I y para los Anexos II y III, un año a partir de la constatación de la identidad.

Llamado de atención

Ante los atrasos, Reiniciar hizo llamados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, designada para la interlocución con las diferentes entidades responsables del cumplimiento, con quien se reunió; además, el 27 de enero hubo un encuentro con la ministra de Justicia Ángela María Buitrago y las víctimas, para reiterar la necesidad de tomar medidas urgentes y agilizar el cumplimiento de la Sentencia.

Por ahora, las víctimas de la UP continúan a la espera de que los pronunciamientos y las buenas intenciones del presidente Petro pasen de las palabras a los hechos, pues mientras muchas murieron esperando que se hiciera justicia, otras han fallecido esperando el pago de su indemnización, como la madre de Maribel Yaya, María Teresa Culma de Yara, quien feneció el año pasado.

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