Redacción Juvenil
Así titula un artículo escrito hace aproximadamente un mes por un periodista y profesor universitario en uno de los medios de comunicación más importantes del país. El autor constreñido por el ejercicio que ha jugado este organismo de la policía en las movilizaciones sociales, expresa: “Es urgente intervenir a los Escuadrones Móviles Antidisturbios, ESMAD. Sus prácticas contra la población civil rayan con lo criminal. Las evidencias son alarmantes”.
Pero ¿por qué un ciudadano que no está vinculado con la movilización social escribe este articulo? Quizás está convencido que acciones como estas no concuerdan con el papel de un estado social y de derecho, tal vez por tratar de encontrar una respuesta medianamente humana a su pregunta, o simplemente por la necesidad de expresar un sentimiento totalmente comprensible ante una situación donde la autoridad policial que funciona como un órgano de protección de los derechos humanos a cargo del Estado, los viola constantemente y de qué manera.
El pasado jueves 22 de agosto el General Luis Eduardo Martínez, comandante de la policía metropolitana, calificó a los estudiantes de la Universidad Nacional con sede en Bogotá, como terroristas, desadaptados y vándalos, después de participar en una manifestación en apoyo al paro nacional agrario. Pero no menciona en ningún momento los abusos, detenciones arbitrarias de peatones y heridos que dejo la intervención de sus hombres en dicha manifestación.
En consecuencia, el problema no es solo el ESMAD, constituido como grupo de choque y de violencia antipopular, sino también del carácter de la acción de la policía, convertida en fuerza violenta para impedir la lucha social y las expresiones de inconformidad ciudadana, tratadas como asuntos de orden público y como manifestaciones terroristas.
Comienza la Campaña Nacional por el Desmonte del ESMAD, fuerza “civil” de eliminación física y represión de la protesta social. No se corresponde con el discurso gubernamental del derecho a la protesta social. Siempre se coloca por delante el tratamiento represivo para imponer la autoridad del Estado. Por ahí no es.
