En el presupuesto se mantiene el nivel de gastos en funcionamiento mientras se reduce la inversión. De tal manera que la mermelada correrá en cantidades entre los amigos del Gobierno y los que serán cooptados. Es el expediente de siempre.
Editorial del Semanario VOZ
El Gobierno Nacional aprobó el proyecto de Presupuesto para 2016 que va en la línea del Plan Nacional de Desarrollo y en contravía de los acuerdos parciales en los diálogos de La Habana y a las aspiraciones de los trabajadores del campo y de la ciudad. No satisface las demandas de los campesinos, planteadas por la Cumbre Agraria, ni de los trabajadores de conformidad a los pliegos y reivindicaciones de las organizaciones sindicales.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, lo radicó ante el Congreso de la República el cual será debatido en el marco de la campaña electoral de octubre próximo.
El presupuesto para 2016 está por 215.9 billones de pesos. El de 2015 fue de 210 billones de pesos, un crecimiento del 2.5 por ciento y aunque dice que revela una política de “austeridad inteligente”, desestima el hueco fiscal de 9 billones de pesos, la devaluación que pasa del 50 por ciento y con la caída de las importaciones, sobre todo por los TLC, de 40 por ciento.
El 25 por ciento del presupuesto (48.6 billones de pesos) va al pago del servicio de la deuda externa ni más ni menos. Noventa y un billones van a las transferencias, 33.6 billones a los gastos de personal, dos billones de pesos a la operación comercial y 40.6 billones de pesos a la inversión. Esta última con el plan de inversiones de la campaña electoral de Germán Vargas Lleras con la construcción de puentes, carreteras y viviendas. En el caso de los dos primeros, serán pagados por los usuarios con las escandalosas alzas en los peajes y otros impuestos de movilidad.
Baja la inversión en 10. 5 por ciento, incluyendo la parte social, en particular transporte y vivienda, mientras aumenta el sector defensa cuando está en marcha el proceso de paz con las FARC-EP. En defensa el incremento es del 8.3 por ciento, pasa de 27.7 billones a 30 billones, uno menos que la inversión en educación. Esta pasó de 29.3 billones a 31 billones, una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.
El caso más dramático y donde se ve el desprecio del Gobierno Nacional por el campo colombiano, es la disminución del gasto en el sector. Baja de 3.9 billones en 2015 a 2.4 en 2016. ¿Cómo podrá cumplir el Gobierno los compromisos con la Cumbre Agraria? ¿Cómo cumplirá con las inversiones del primer punto de la agenda de La Habana? Igualmente, el sector trabajo cae en materia de asignación de recursos, lo cual pone en entredicho las políticas de empleo y de mejores condiciones de vida a los trabajadores. Deporte, recreación y cultura salen afectados con los recortes.
La salud sale beneficiada, en apariencia, pero no aparece claro cómo podrá el Estado resolver la crisis de la salud por el incumplimiento de las EPS a los hospitales públicos que están en crisis. “Debido a la información asimétrica, las EPS adquieren poderes monopólicos que les permiten entregar el monto de los servicios que les reportan la máxima ganancia. Luego de las múltiples reformas, el sistema opera con erogaciones mayores a los ingresos y las diferencias se cubren postergando las deudas a los hospitales y trasladando parte de los gastos al Fosyga”, dice el economista Eduardo Sarmiento Palacio. Refleja que el Gobierno trabaja por donde no es en la solución de la crisis del sector salud al que le dedican un incremento en el presupuesto pero de inversión caótica y carente de toda planificación.
En el presupuesto se mantiene el nivel de gastos en funcionamiento mientras se reduce la inversión. De tal manera que la mermelada correrá en cantidades entre los amigos del Gobierno y los que serán cooptados. Es el expediente de siempre. Un presupuesto para la guerra y la mermelada, cerrado a las necesidades sociales de la población de menor ingreso.
Será factor de la movilización popular, mayor resistencia al poder del capital nacional y transnacional, beneficiarios del dinero público.
