La próxima ley de financiamiento no grava los salarios de la clase media y popular, ni incrementará el IVA para la canasta básica familiar. Busca que sectores, que en la actualidad no tributan o lo hacen poco, como los juegos de azar en línea y otras actividades hoy exentas, empiecen a pagar impuestos
Carlos Fernández
La presentación del proyecto de presupuesto para 2026 por parte del Gobierno nacional es muy similar a lo sucedido con el proyecto de 2025: un presupuesto desbalanceado y el anuncio de una ley de financiamiento.
Los llamados «recursos contingentes», es decir, aquella parte de los gastos proyectados que no cuentan con una fuente que los financie y que deben, por tanto, ser objeto de esta ley de financiamiento, ascienden a 26.3 billones de pesos, en tanto que, para 2024, la desfinanciación ascendía a 12 billones, si bien, al final del año, el Gobierno tuvo que recortar o aplazar gastos por 28 billones de pesos.
La historia es conocida. Las directivas del Congreso ─en particular, el presidente del Senado de ese entonces, Efraín Cepeda─ movieron cielo y tierra para impedir la discusión del presupuesto y, por supuesto, la de la ley de financiamiento. Esta situación obligó al Gobierno, por primera vez en la historia del país, a expedir por decreto el presupuesto del presente año, generando además la expectativa de un nuevo aplazamiento o recorte en esta vigencia presupuestal.
La situación fiscal y los vaticinadores del desastre
El gobierno del cambio no las ha tenido todas consigo en materia fiscal. Desde el inicio de su mandato, ya se auguraba una situación difícil en materia de recursos, lo que obligó a presentar un proyecto de reforma tributaria que apuntaba a financiar el déficit previsto para 2023 y años siguientes. Las decisiones tomadas por las altas cortes ─que declararon inexequibles algunas de las medidas aprobadas por el Congreso─ dieron un golpe mortal a la financiación del programa de gobierno.
De otro lado, el anómalo comportamiento del recaudo tributario en 2024 añadió más leña al fuego al desbalance fiscal que se estaba viviendo. Esta circunstancia, y el pago cumplido de deuda pública heredada de anteriores gobiernos, presionó las finanzas hacia un aplazamiento de la ejecución de los gastos programados.
La exigencia recurrente ha sido el cumplimiento estricto de la regla fiscal, que, aunque se ha venido cumpliendo, no ha impedido el incremento del déficit fiscal ni de la deuda pública, dada la inflexibilidad. La disputa con la oposición va más allá de consideraciones técnicas de buen manejo presupuestal, pretende ahogar la capacidad del Gobierno para ejecutar su programa y, de esta manera, obtener réditos electorales en 2026 sobre la base del supuesto incumplimiento de las promesas hechas por el Pacto Histórico a los electores en la campaña de 2022.
El Gobierno, por su parte, no ha estado quieto. Ante la difícil situación presupuestal, y teniendo en cuenta un comportamiento algo más que aceptable de las distintas variables macroeconómicas ─inflación, empleo, turismo, producción agraria, etc.─, promovió ante el Consejo Nacional de Política Fiscal, CONFIS, la autorización para hacer uso de la cláusula de escape de la regla fiscal.
Tras obtener su aprobación, el Ejecutivo quedó facultado para presentar déficits superiores a lo exigido por dicha regla en los próximos tres años, dándole un margen de maniobra mayor para el financiamiento de las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo.
La perspectiva para 2026
El mensaje presidencial que acompaña el proyecto de presupuesto para 2026 hace un pormenorizado recuento de las razones por las cuales se recurre al uso de la citada cláusula de escape y argumenta de manera convincente que el Gobierno no pretende con esa medida desbordar las posibilidades presupuestales, sino garantizar la continuidad de la inversión económica y social prometida. Según el Gobierno, un recorte en estos frentes generaría una situación de parálisis productiva de más graves consecuencias que financiar con un déficit más alto al previsto la inversión estatal.
Dado que aún faltan recursos para financiar el presupuesto de 2026, ha vuelto a plantearse la necesidad de una ley de financiamiento que cubra el faltante de 26 billones de pesos previsto. Aunque este proyecto de ley no ha sido aún presentado por el Gobierno, es de esperar que la propuesta que se radique esté en línea con lo que se propuso en el proyecto de ley de financiamiento para 2025.
Cabe resaltar que esta propuesta no sólo incluía aumentos en los ingresos estatales, sino que también proponía disminuciones en tarifas, con el fin de impulsar más la reactivación económica que de obtener recursos adicionales en el corto plazo.
Expectativas
Al analizar el contenido del proyecto de dicha ley de financiamiento para 2025, se observa que este planteó, en síntesis, medidas que apuntaban a establecer tarifas marginales del impuesto de renta a las personas jurídicas, pasando de una tarifa única de 35 % a una ponderada de 27,3 %, buscando incentivar la inversión privada.
La tarifa del 35 % se mantenía exclusivamente para el sector de minas e hidrocarburos, en consonancia con la política de cambiar el modelo productivo extractivista por uno que genere mayor valor agregado. Se proponía también eliminar el régimen simple de tributación, toda vez que, en lugar de contribuir a la formalidad empresarial, había provocado el traslado de contribuyentes formales a este régimen, afectando el nivel de recaudo.
De otro lado, se proponía ampliar la base gravable del impuesto al patrimonio de las personas naturales, elevar la tarifa del impuesto de renta de las ganancias ocasionales y elevar a 2 % la tarifa máxima del impuesto de renta. En adición, se planteaba una deducción por presentación de gastos en factura electrónica, se establecía el IVA para los juegos de suerte y azar operados, exclusivamente, por internet y a los vehículos híbridos.
Un gran capítulo del proyecto de ley de financiamiento estaba conformado por medidas tendientes a la adaptación ante la acción del cambio climático, como un bono de transición energética, exención de IVA para proyectos de generación con fuentes no convencionales, incentivos al turismo sostenible, elevación de la tarifa del impuesto al carbón e incorporación del componente verde en la regla fiscal.
Por último, se proponía un mejoramiento en la operatividad del sistema tributario que ─se reconoce en el nuevo proyecto de presupuesto─ no ha mejorado lo suficiente como para permitir un aumento importante en el recaudo de impuestos y en la eliminación de la evasión y elusión tributarias.
El Pacto fiscal
Lo novedoso del proyecto de presupuesto para 2026 es la propuesta de realizar, con todos los sectores económicos y sociales del país, un pacto que ─con la conformación de una misión fiscal─ apunte a la elaboración de una reforma fiscal y tributaria de fondo, remueva todas las trabas que impiden que haya un régimen tributario progresivo, que corrija los costos fiscales excesivos en razón de las múltiples exenciones existentes y que no contribuyen a la reactivación económica.
Una parte de esta reforma estructural ─necesaria desde hace mucho tiempo y que este Gobierno está en mora de proponer─ implica una cirugía a fondo de la institucionalidad fiscal. Esta debería iniciar por la DIAN, continuar con la reforma fiscal territorial y apuntar a la verdadera descentralización de los ingresos y gastos fiscales, en aras de un equilibrio regional inexistente y de un florecimiento de la economía de regiones y subregiones que acabe con el sistema desigual que todavía padecemos.
Una reforma así sería un avance importante en la lucha entre el capital y el trabajo por la mejor distribución de la riqueza nacional.
