Se ha presentado una iniciativa legislativa que buscar lograr mínimos de reconocimiento legal y civil para esta población. El objetivo es asegurar derechos como el acceso a la salud, la educación y el trabajo, así como mecanismos y rutas para necesidades específicas
Redacción Disidencias Sexuales y de Género
El desarrollo de las luchas de las disidencias sexuales y de género han tenido una trayectoria que ha privilegiado el reconocimiento y los derechos civiles de hombres homosexuales de clase media.
Esta situación ha marginalizado en enormes proporciones el reconocimiento, la autodeterminación y el reconocimiento político y civil de las otras personas que se reconocen dentro de dichas disidencias, especialmente la población trans, quienes no disfrutaron de logros en materia legal e incluso fueron víctimas de invisibilización, violencia y discriminación en el seno del movimiento social.
Proyecto de Ley
En esta trayectoria ampliamente distinta de las personas trans dentro del escenario del activismo y la lucha por los derechos civiles, el 2023 se propone como un punto de inflexión, pues la Plataforma de Personas Trans en Colombia ha presentado el Proyecto de Ley Integral Trans, que tiene el objetivo crucial de lograr mínimos de reconocimiento legal y civil para personas trans en el país.
A razón de la deshumanización y marginalización a las que han sido sometidas es necesaria una ley que refuerce y tome medidas diferenciales que aseguren y protejan derechos constitucionales como el acceso a la salud, la educación y el trabajo, y que creen mecanismos y rutas para necesidades específicas como la autodeterminación y los cambios de nombres y “sexo” dentro de la documentación legal.
Dicha Plataforma, conformada por personas y organizaciones que han trabajado por lo derechos de personas trans y no binarias en Colombia, presenta este proyecto como iniciativa ciudadana, en un país donde el apoyo partidista a este tipo de proposiciones ha sido escaso y donde la participación política de personas trans se resume a casos muy puntuales durante los últimos años.
Participación trans en los escenarios gubernamentales
La invisibilización de la población trans por parte del Estado, ente que debe garantizar y velar por la protección de los derechos que tenemos todxs lxs ciudadanxs, empieza desde la no diferenciación de los grupos poblacionales específicos que abarcan las siglas LGBTIQ+ en los censos que realiza el DANE, dato que permitiría establecer acciones específicas hacia las comunidades más vulnerables, identificando las problemáticas específicas que cada uno de estos tiene.
Así lo vemos: “Durante el año móvil abril 2021 – marzo 2022, en Colombia, la Gran Encuesta Integrada de Hogares, Geih, permite estimar un total de 518 mil personas como personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) que equivale al 1,4% de la población mayor de edad en el país”.
Han sido personas de la misma población con experiencia de vida trans quienes han destacado en escenarios públicos para defender sus derechos. Un ejemplo de ello es Laura Weinstein, quien trabajó para defender los derechos trans incluso antes de emprender su propia transición. Desde muy pequeña vio cómo actuaba la discriminación en esta población. Su lucha trascendió de la virtualidad a las calles, siendo vocera de la Mesa LGBT de Bogotá.
En la actualidad, se encuentra en disputa a través de una demanda en la Corte Constitucional si la población transgénero y no binaria puede acceder a la licencia de maternidad, que argumentando que existe discriminación y desprotección porque dichas personas también pueden ser gestantes y de ser desconocidos su derecho a maternar a plenitud, no solo son ellxs quienes estarían desatendidxs por la ley, sino también sus hijxs quienes no compartirían un vínculo familiar íntegro.
Ejemplos de legislación trans
La Ley de Identidad de Género en Argentina, también conocida como Ley 26.743, es una legislación que fue aprobada en 2012 y garantiza el reconocimiento y el derecho a la identidad de género de las personas. Esta ley fue pionera en América Latina y establece el marco legal para el cambio de nombre y género en documentos de identidad, sin necesidad de intervención médica ni judicial.
Estos son algunos de los principales puntos de la Ley de Identidad de Género argentina:
1) Autodeterminación de la identidad de género: El dispositivo jurídico reconoce el derecho de toda persona a ser reconocida y tratada de acuerdo con su identidad de género autopercibida. Esto significa que una persona puede cambiar su nombre y género legal sin necesidad de someterse a procedimientos médicos, terapias hormonales o cirugías de reasignación de sexo.
2) Procedimiento simplificado: La ley establece un mecanismo administrativo rápido y gratuito para el cambio de nombre y género en los documentos de identidad. Las personas mayores de 18 años pueden solicitar el cambio directamente ante el Registro Nacional de las Personas, Renaper, presentando una declaración jurada.
3) Acceso a la salud: La ley garantiza el acceso a tratamientos de salud integral para las personas trans, incluyendo terapias hormonales, cirugías y otros procedimientos relacionados con su transición de género. Estos tratamientos deben ser cubiertos por los sistemas de salud tanto públicos como privados.
4) Educación y empleo: La ley establece la promoción de políticas inclusivas en los ámbitos educativos y laborales, con el objetivo de prevenir la discriminación y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas trans. Se busca fomentar la igualdad de oportunidades y el respeto a la identidad de género en estos espacios.
5) Privacidad y confidencialidad: El instrumento establece la protección de la privacidad y confidencialidad de las personas durante el proceso de cambio de nombre y género en los documentos de identidad. Se prohíbe la divulgación innecesaria de información relacionada con la identidad de género de una persona.
Es importante destacar que la Ley de Identidad de Género argentina ha sido un avance significativo en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas trans en ese país. Ha contribuido a la inclusión social y a la lucha contra la discriminación basada en la identidad de género.
De aprobarse, la Ley Integral Trans en Colombia pasaría a ser la sexta legislación diferencial para personas trans en América Latina, junto con Argentina (pionera en el continente), Uruguay, Chile, Bolivia y México (donde existen leyes análogas en 19 Estados).
