Desocupación y proceso de paz
Carlos Fernández*
No vamos a especular sobre lo que pueda pasar con el acuerdo. La pregunta que nos hacemos es: ¿hay posibilidades de mejoramiento económico, a través del empleo, para la población desocupada, subempleada o empleada en forma precaria en el país? Como dirían los economistas, «eso depende».
Primero, los hechos
El indicador de desempleo, al finalizar agosto del presente año, fue del 9,0% de la fuerza de trabajo o población económicamente activa, como se le conoce en las estadísticas oficiales. En 2015, dicho indicador fue de 9,1%, lo que quiere decir que no es mucho lo que ha variado la situación: mientras en agosto de 2015 había una fuerza de trabajo desempleada de 2.202.600 personas, en el mismo mes de 2016 eran 2.201.000 personas: 1.600 menos.
Las cifras trimestrales dan una mejor visión de lo que está ocurriendo en el país con el empleo. Al comparar las cifras registradas en el trimestre junio-agosto de 2016 con las del mismo período del año anterior, se tiene que el número de ocupados subió en 121 mil personas, en tanto que las desempleadas se incrementaron en 147 mil personas.
O sea que fueron más los que entraron a engrosar las filas de desocupados que los que lograron vincularse a un empleo. Las 13 áreas metropolitanas urbanas vieron disminuir el número de personas ocupadas en 3.500, o sea que el incremento del empleo corrió por cuenta de las ciudades intermedias, los pequeños centros poblados y el área rural. En cuanto al desempleo, de los 147 mil nuevos desempleados, las 13 áreas metropolitanas aportaron 81 mil, o sea el 55,3%.
Lo anterior guarda coherencia con los datos sobre aumento del empleo y del desempleo por ramas de actividad económica. El primero, que creció, como ya dijimos, en 121 mil personas, tuvo sus mayores incrementos en áreas como el sector agropecuario (203 mil nuevos empleos); comercio, hoteles y restaurantes (164 mil nuevos empleos) y construcción (48 mil nuevos empleos).
Este comportamiento fue contrarrestado por destrucciones de empleo en sectores como servicios personales, sociales y comunales (92 mil empleos perdidos), transporte, almacenamiento y telecomunicaciones (84 mil empleos perdidos), actividades inmobiliarias (65 mil empleos perdidos), explotación de minas y canteras, o sea el sector minero-energético (25 mil empleos perdidos), industria manufacturera (20 mil empleos perdidos) y suministro de electricidad, gas y agua (19 mil empleos perdidos).
Esta extensa enumeración nos sirve de base para observar, a partir del comportamiento del empleo, la economía colombiana en su estructura fundamental. La agricultura da cuenta de una relativamente buena generación de empleo que no guarda relación con el pobre comportamiento de la producción de este sector. En esta situación puede estar influyendo el hecho de que la renovación de cafetales se viene adelantando de manera sistemática –lo que demanda una buena dosis de empleo temporal– sin que dichas actividades se hayan traducido, todavía, en una elevación de la producción.
La situación del empleo industrial y del sector de hidrocarburos no es sino la traducción del desplome de estos dos sectores, el uno por la competencia exterior facilitada por los TLC, el encarecimiento de las importaciones y la falta de mercados externos. El otro, por el descenso de los precios del petróleo.
El empleo en el posacuerdo
De haber ganado el sí en el plebiscito, estaríamos ahora discutiendo la forma de implementarlo en busca, entre otras cosas, de un mejoramiento de la economía nacional en beneficio de su población. El triunfo del no implica realizar unas tareas adicionales para garantizar su aprobación que distraen de este objetivo. Además, entre las partes firmantes del acuerdo, existen visiones totalmente diferentes respecto a qué políticas se deben adelantar para lograr un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Podemos resumir tales diferencias en tres puntos:
1. El acuerdo propende por un impulso a la economía campesina en aras del acceso a la tierra y de la soberanía alimentaria. El Gobierno de Santos promueve grandes inversiones de sectores agroindustriales que pretenden hacer del campesinado una mano de obra disponible y barata para desarrollar sus proyectos (ley de Zidres).
2. El acuerdo prevé un desarrollo territorial sostenible con respeto a la biodiversidad. El Gobierno promueve la entrega de licencias de explotación de nuestros recursos naturales a favor de las transnacionales.
3. Los sectores industriales, agrarios y de transformación física demandan con urgencia políticas que estimulen su mejoramiento. El Gobierno privilegia la actividad de los sectores no directamente productivos, como el financiero.
Por ahora, salvar el acuerdo. Al mismo tiempo, implementarlo y proponer políticas públicas que beneficien al trabajo en su lucha contra el capital.
* Investigador del CEIS.
