Pliego contra Iván Cepeda: revancha de tinte paramilitar

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Alvaro Uribe, posesionando a Alejandro Ordóñez en su primer mandato en la Procuraduria.

Con versiones de paramilitares en cárceles del país la Procuraduría sustenta nuevo ataque contra Iván Cepeda

Alvaro Uribe, posesionando a Alejandro Ordóñez en su primer mandato en la Procuraduria.
Alvaro Uribe, posesionando a Alejandro Ordóñez en su primer mandato en la Procuraduria.

Hernán Camacho

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda después de una queja instaurada por el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, producto del debate sobre la verdad del paramilitarismo en Antioquia realizado el pasado año. En aquella ocasión se dieron a conocer testimonios de paramilitares que señalaron los principales personajes que dieron vida a ese fenómeno en Antioquia.

El Debate

El debate de Cepeda se sustentó en las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, exparamilitar del departamento de Antioquia, quien señaló al hermano del expresidente, Santiago Uribe, como uno de los fundadores del Bloque Metro. De acuerdo a ese testimonio la familia Uribe y la Hacienda Guacharacas, de su propiedad, fueron el epicentro del paramilitarismo.

Pero el debate también reveló cómo desde los cargos de dirección o elección popular del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, el narcotráfico y la violencia paramilitar crecieron. Desde que fue nombrado jefe de la Aerocivil hasta que fue elegido popularmente como gobernador del departamento de Antioquia se relataron serios indicios de las actuaciones políticas del exmandatario y el crecimiento del paramilitarismo.

Las retaliaciones

Después de un año de sistemáticos ataques del Centro Democrático y amenazas del Ministerio Público por el debate, finalmente le dictan pliego de cargos por haber nombrado al senador Uribe en el debate y lo más grave: por la supuesta compra de testigos para sustentar las acusaciones contra Álvaro Uribe.

Para el procurador Ordoñez, Cepeda “cohonestó con paramilitares” en distintas penitenciarias del país para que estos declararan en contra del senador Uribe. La supuesta compra de testimonios se desprende de una investigación de carácter privada iniciada por la defensa de Álvaro Uribe. Una investigación que nada tiene que ver con el ente disciplinario y que resulta a todas luces una estratagema orquestada por la extrema derecha.

Rechazo

Así lo hizo saber el senador Iván Cepeda, en las primeras declaraciones que entregó: “hoy estamos ad portas de la paz y nos quieren aniquilar a quienes queremos la paz. Tengo la plena certeza de que el procurador Ordóñez ya tiene en su despacho una sentencia. A mí me están cobrando el debate y las múltiples denuncias que he hecho sobre los nexos del expresidente Uribe con el entorno narco paramilitar. También quieren descabezar a toda la izquierda y a los movimientos sociales y populares del país para no tener protagonismo de la izquierda ante la eventual firma de la paz en La Habana”, explicó Cepeda.

Para la Unión Patriótica la decisión disciplinaria tiene todos los fundamentos de una persecución judicial contra la izquierda. “La Procuraduría no está actuando en derecho, más bien actúa como una herramienta de los sectores más reaccionarios de la extrema derecha colombiana y esa herramienta, hoy, es en contra de un senador, que como ningún otro, está trabajando en un debate político por la verdad sobre el paramilitarismo. Es una actitud revanchista de Alejandro Ordóñez, contra quienes quieren enriquecer la democracia”, le dijo a VOZ, Gabriel Becerra, dirigente nacional de la Unión Patriótica.

Los antecedentes

El ente disciplinario, como herramienta política de la extrema derecha, se ratifica con los casos de Piedad Córdoba y Gustavo Petro quienes fueron sancionados por el procurador Ordóñez en medio de una persecución contra los líderes de izquierda en Colombia. La vocera de Marcha Patriótica fue condenada a no ejercer sus derechos políticos durante 18 años por su supuesta relación con la insurgencia de las FARC-EP. Las pruebas con las que fue destituida la exsenadora Córdoba fueron desestimadas por la Corte Suprema de Justicia en el entuerto de la “Farc-política”.

En cuanto al alcalde Gustavo Petro, este fue inhabilitado por 15 años después de cambiar los contratos de los operadores de aseo de la capital y crear una empresa de aseo distrital para reducir los costos en el servicios público de recolección de basuras para los capitalinos.

Aunque la sanción fue revocada por una decisión del Gobierno Nacional, ahora mismo cursa otro proceso disciplinario contra el mandatario distrital por modificar, en beneficio de la ciudad, los contratos de la línea de atención ciudadana 123. El burgomaestre ha señalado que espera una sanción de Ordóñez para quitarlo del camino presidencial que ha iniciado Ordóñez.

En cualquier caso las sanciones de Ordóñez tienen doble intencionalidad. De una parte, dejar acéfala la izquierda en Colombia, es decir buscar que en el futuro la izquierda colombiana no tenga posibilidades de liderar una propuesta alternativa al establecimiento y a la extrema derecha, borrando la posibilidad de una opción de poder. Y por otro lado, disparar contra el proceso de paz y la firma de los acuerdos en La Habana. Esa posibilidad que parece inminente tiene atemorizada a la extrema derecha.

Respaldo de la UP

La Unión Patriótica en pleno expresó su solidaridad con el senador polista. Su presidenta, Aída Avella, dijo que se está en presencia de una nueva forma de guerra sucia. “Antes nos asesinaban, desparecían y torturaban, como sucedió con el genocidio de la UP y ahora no solo utilizan la violencia estatal y para-estatal contra la oposición de izquierda, sino también usan herramientas legales que otorgó la Constitución para borrar el adversario. Es lamentable que la Procuraduría esté al servicio de la caverna extremista de derecha”, subrayó Avella.

Pero a Ordóñez lo acompaña en su cruzada el Centro Democrático que a pesar de los escándalos judiciales que lo rondan, la Procuraduría ha resultado defensora de oficio de sus actuaciones. Solo por nombrar un caso, el del magistrado Jorge Pretel, quien fue nombrado por el expresidente Álvaro Uribe bajo su mandato y a quien además de cuestionarle su papel en la alta esfera constitucional, es acusado por usar su magistratura para vender decisiones, además de ser investigado por poseer inmensas extensiones de tierra que en el inmediato pasado pertenecían a jefes paramilitares en la región del Urabá y en su natal Córdoba.

“El Centro Democrático tiene como táctica, ante el cerco que se les está cerrando, tener una actitud de ofensiva contra los sectores que han venido destapando sus actos que a todas luces son ilegales. El Centro Democrático está actuando con esa máxima que dice que la mejor manera de defenderse es atacar y por eso está utilizando todo tipo de artimañas dentro del estado como es la Procuraduría y sectores del Ejército colombiano, y fuera del Estado apelan a los medios de comunicación como herramientas políticas”, explicó Gabriel Becerra.

Para el defensor de Derechos Humanos, Alfonso Castillo, a Cepeda le cobran su labor por defender a las víctimas del conflicto y denunciar la presencia del paramilitarismo en todas las estructuras del Estado. “Esa lucha por la verdad y la justicia y, sobre todo, revelar a quienes son los arquitectos de esa ilegalidad paramilitar, es el principal argumento para actuar contra el senador Cepeda. Le están pasando factura de cobro. Y en eso nosotras las víctimas de derechos humanos y la Unión Patriótica salimos en su defensa por el reconocimiento a esa valerosa actividad que ha desarrollado”, explicó.

La defensa del senador prepara una estrategia que incluirá una visita a las cortes internacionales para exigir garantías procesales y evidenciar la persecución en su contra.