La revelación hecha por el presidente Petro de que el gobierno Duque compró y utilizó el programa espía contra líderes del estallido social y políticos de oposición, muestra el nulo respeto que tiene la clase dominante por la democracia y el Estado de derecho
Redacción Política
El 4 de septiembre, en medio del paro camionero, el presidente de la República Gustavo Petro sorprendió al país con una alocución en la que informó los resultados de las investigaciones abiertas, a propósito de la denuncia de unos magistrados de que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas.
El primer mandatario leyó un documento de la inteligencia financiera suiza donde estipula que a mediados de 2021 la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, pagó por el programa informático israelí Pegasus, uno de los sistemas de espionaje electrónico más avanzados del mundo.
“La Dipol compró en efectivo por 11 millones de dólares a una empresa israelí un software para espiar celulares, en medio del estallido social y antes de las campañas. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel, el 27 de junio del 2021. Fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio del 2021. Según el reporte de actividad inusual, se esperaba que el resto de los ingresos, otros 5 millones 500 mil dólares, se transfirieran entre septiembre y octubre del 2021. La fecha antes mencionada se correlaciona con un informe de transacciones de divisas presentado el 22 de septiembre del 2021, respecto a un segundo depósito en efectivo por 5 millones 500 mil dólares”, explicó Gustavo Petro con el documento en la mano.
Finalmente, el presidente dijo que le había pedido a la Unidad de Información de Análisis Financiero, UIAF, entregar la información a la fiscal general de la Nación y al general William Salamanca, director general de la Policía, y encontrar el software dentro o fuera de la Dipol para ser entregado a la Fiscalía, “para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad de que sus derechos constitucionales sean respetados”.
Qué es y dónde está
Al siguiente día, la Fiscalía comunicó que había iniciado: “actos investigativos para establecer la verdad y la eventual identificación e individualización de responsables en la probable adquisición y uso ilegales de software espía Pegasus, por parte de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (DIPOL) en compra que habría efectuado a mediados de 2021 a la firma israelí NSO Group”.
Además, informó que la indagación también busca establecer “si la negociación entre la DIPOL y la empresa NSO Group se concretó y, si la compra se realizó, cuál fue el origen del dinero, qué implicó el traslado en efectivo de Colombia a Israel y si esta información fue entregada a la UIAF de Colombia por la unidad de inteligencia financiera de Suiza. Además, se debe determinar si la Policía Nacional todavía dispone del programa Pegasus y bajo qué normatividad legal se habría utilizado y dispuesto de él”.
Según una investigación de los medios de comunicación Raya y Señal Colombia, “Pegasus sólo puede ser comprado por agencias gubernamentales y ha sido concebido para, supuestamente, prevenir el terrorismo, carros bomba y desmantelar redes de pedofilia, tráfico sexual y de drogas, entre otras acciones ilegales. No obstante, en la realidad ha sido usado para fines oscuros”. (…)
“Un teléfono infectado con el virus Pegasus es un dispositivo controlado por los atacantes, ya que estos pueden activar a voluntad, por ejemplo, la cámara o el micrófono y vigilar reuniones o encuentros”.
Según la investigación periodística, uno de los casos en los que habría podido ser usado con fines políticos fue en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele lo habría utilizado para seguir y vigilar al menos a 31 periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
Con base en información suministrada por Access Now y Citizen Lab, el medio de comunicación que más sufrió de estos ataques de espionaje fue El Faro, pues Pegasus se habría instalado en los teléfonos de 22 reporteros, editores y otros empleados de ese medio de comunicación entre julio de 2020 y noviembre de 2021, periodo en el que ese medio investigó los vínculos clandestinos entre el gobierno salvadoreño y las pandillas, así como escándalos de corrupción en cabeza del presidente Bukele.
Más allá de las chuzadas
VOZ consultó con un ingeniero de sistemas, magíster en inteligencia artificial y exdirector de sistemas de una reconocida compañía, quien pidió la reserva de su nombre, para entender qué es y los alcances del software, capaz de intervenir hasta 2.600 líneas telefónicas.
Para este experto, Pegasus permite realizar “vigilancia” e interceptación de comunicaciones en dispositivos móviles. “Al igual que el problema de las armas en Estados Unidos, la empresa argumenta que ellos venden el software a gobiernos y que no son responsables del uso indebido del programa. Lo que hace especial a este programa es que puede tener acceso remoto a los dispositivos sin que el usuario tenga que realizar alguna acción, pues existen otros programas espías -spyware- que necesitan que el usuario haga algo para poder meterse y activarse, por ejemplo, abrir un archivo adjunto de un correo, o dar clic en un link.
“Estos programas espías aprovechan las vulnerabilidades que tienen aplicaciones como WhatsApp o Telegram y es por esas ‘grietas’ por donde puede meterse en los dispositivos. Una vez dentro, puede tener acceso a todas las funcionalidades del teléfono: acceso a la cámara, micrófono, localización satelital, archivos y fotos. Cualquier cosa que puedas hacer con un teléfono, el programa lo puede replicar”.
Agrega que hay diferencias entre Pegasus y las chuzadas del DAS porque en estas últimas el alcance estaba limitado por los equipos físicos que tenían para la interceptación. “Se necesitaba una conexión directa con la línea telefónica, lo cual requería tener control sobre las telecomunicaciones locales y la infraestructura telefónica, y eso lo hacía más fácil de detectar”.
Prevenir y controlar, misión imposible
En palabras del analista consultado por VOZ, en Colombia no es posible controlar esta tecnología porque el acceso a la información sobre su uso está restringido, en el mejor de los casos, a agencias gubernamentales que no están obligadas a rendir cuentas públicamente.
“Por ejemplo, la inteligencia militar no puede divulgar sus actividades sin comprometer sus estrategias. En otros casos, estas tecnologías son utilizadas por grupos que operan desde las sombras, respaldando a un gobierno o gobernante con el poder suficiente para mantener sus acciones fuera del alcance de los organismos de control”, indica el experto.
Al preguntarle si el espionaje electrónico puede prevenirse, respondió que es muy difícil porque el primer control debería provenir del propio Gobierno y sus agencias de inteligencia, ya que se debe tener en cuenta que programas como Pegasus, por ejemplo, solo son vendidos a gobiernos.
“Existen numerosos casos donde el gobierno de un país ha utilizado este programa para espiar a personas que considera incómodas. Las precauciones son complejas, ya que no hay forma de evitar por completo que un dispositivo sea infectado. Para detectar si un teléfono ha sido comprometido, es necesario realizar un análisis forense muy avanzado. Organizaciones como Amnistía Internacional han desarrollado herramientas de código abierto que permiten analizar dispositivos en busca de rastros de Pegasus, pero su uso requiere ciertos conocimientos técnicos. Otra opción es recurrir a empresas especializadas, aunque el proceso sigue siendo complicado y costoso”, explica el analista informático.
Obviamente, en el caso colombiano, ni los ciudadanos ni la oposición a Iván Duque pudieron tener la tranquilidad de la protección del Gobierno, porque fue el mismo presidente quien en noviembre de 2021 arribó a Jerusalén en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para su visita oficial a Israel y reunirse con el presidente de ese país Isaac Herzog y el primer ministro, Naftali Bennett. A mediados del mismo mes regresó al país con Pegasus y en este momento no se sabe dónde y bajo control de quién está.
Derecho a la intimidad y democracia
La mera existencia de programas espías como Pegasus es una señal de que el derecho a la privacidad y la intimidad de los ciudadanos es más una aspiración que una realidad. Cuando una tecnología es capaz de infiltrarse en los omnipresentes dispositivos digitales y extraer toda nuestra información, significa que estamos completamente expuestos a las miradas indiscretas.
Las técnicas de espionaje han sido habituales en cualquier sociedad, cuando han existido conflictos entre empresas, países o grupos de poder, o cuando los gobiernos han decidido controlar a personajes incómodos o a las organizaciones sociales y populares. Por ejemplo, cualquier militante de izquierda en Colombia sabe que es muy alta la probabilidad de que sus comunicaciones estén interceptadas por los organismos de seguridad del Estado.
El espionaje ha venido perfeccionándose desde el decenio de 1980, cuando se crearon programas capaces de identificar y monitorear palabras sensibles como “bomba”, “terrorismo” o “presidente”, pronunciadas en conversaciones telefónicas. Con el avance de las nuevas tecnologías, el espionaje clásico de chuzadas telefónicas o personas infiltradas ha dado paso al espionaje electrónico a través de programas o spyware que se introducen en los computadores y en los dispositivos móviles para extraer la información.
Sin embargo, los alcances del episodio del programa Pegasus van más allá de los límites conocidos. No solo promete convertirse en un escándalo mayúsculo por sus graves implicaciones, sino que además revela el grado de descomposición al que pudo llegar la clase dominante, antes en el poder.
La gravedad del caso
En el “episodio Pegasus” todo está mal: Se adquiere al gobierno genocida de Israel un programa espía indetectable, pagado en efectivo con dineros incautados a la mafia, al margen de los controles presupuestales y sin rendición de cuentas, para ser utilizado ilegalmente en medio del estallido social de 2021 contra activistas, periodistas y opositores, y en vísperas de las elecciones presidenciales de 2022 contra la campaña del Pacto Histórico.
Todo es gravísimo, y lo es aún más el silencio cómplice de los medios corporativos de comunicación, más preocupados por atizar los ánimos de los manifestantes en el paro camionero y transmitir al público la sensación de caos e ingobernabilidad, que por informar sobre lo verdaderamente importante.
El espionaje ilegal que practicó el anterior gobierno no solo es una violación flagrante al derecho a la intimidad, consagrado en el Artículo 15 de la Constitución Política y protegido por varias leyes y sentencias de la Corte Constitucional.
Lo más grave es que constituye un atentado al Estado de derecho y la democracia, porque somete a los ciudadanos a la vigilancia de un Estado gendarme, que limita sus libertades y derechos y reduce su condición a la de reclusos virtuales de un campo de concentración.
Un país acostumbrado a las chuzadas, donde todo el mundo espía, no puede asumir estos graves hechos como un episodio más. Las revelaciones, que se irán incrementando con el paso de los días, pondrán en videncia a una clase dominante acostumbrada tratar a los ciudadanos como peones de finca, sin derechos y sin dignidad.
En 1972, el escándalo de chuzadas a la campaña del Partido Demócrata estadounidense llamado Watergate, culminó con la renuncia del entonces presidente Richard Nixon. En este caso, el escándalo Pegasus debería remover los propios cimientos de la institucionalidad y hacer no solo que los responsables paguen por sus delitos, sino poner en evidencia el verdadero carácter de nuestra clase dominante.
Si ya estamos compartiendo buena parte de nuestra información privada en las redes sociales, ahora con tecnologías como el spyware Pegasus, estamos verdaderamente expuestos.
Expuestos en nuestra privacidad y en nuestra propia calidad de ciudadanos.
