Se realizó en Brasilia la etapa oral ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985. El Estado únicamente ha sancionado a dos autores. Otros procesos están en etapa preliminar, o dilatados. Piden abrir investigación a Jaime Castro
Kikyō
La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó su 49ª Sesión Extraordinaria en Brasilia (Brasil). Durante los días 12 y 13 de noviembre se llevó a cabo la sesión pública de la Corte en el Plenario del Tribunal Superior del Trabajo en donde se abordó el caso de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, hecho ocurrido en 1985.
El asunto fue llamado por el alto tribunal como el caso Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros, el cual fue remitido en febrero del año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de resultados por parte del Estado de Colombia y su ineficaz Justicia.
Los hechos del caso se relacionan con la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres e Irma Franco Pineda, y a la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, así como la detención y tortura de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, en el contexto de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En la sesión se escucharon testimonios de testigos de familiares de los desaparecidos, peritos y defensas orales de las partes, y por supuesto la representación del Estado de Colombia.
Poner en duda la condición de desaparecido fue uno de los aportes que hizo Julián Sampedro, abogado representante de la Agencia de Defensa de la Nación, comentario que además causó incomodidad a las familias de las víctimas. Según Sampedro algunos casos no cabían en la definición de desaparición forzada, porque según él… “no hay pruebas de esos hechos”.
Por su parte los representantes de las víctimas consideraron estas declaraciones desafortunadas y revictimizantes, toda vez que se ha probado que los desaparecidos son personas que fueron detenidas y nunca más se supo de ellas.
Por su parte la directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, Adriana Guillén, indició que el pasado 17 de octubre, Colombia presentó reconocimiento de responsabilidad internacional en los casos de la señora Yolanda Santodomingo Albericci y el señor Eduardo Matson Ospina y se aceptó responsabilidad por omisión, debido a la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, por la tortura de los señores José Vicente Rubiano Galvis y el señor Orlando Quijano. Señaló que: “el Estado colombiano no cesará en los esfuerzos para conocer la verdad y hacer justicia… el Estado colombiano lamenta su dolor”.
En cuanto a las declaraciones que dio el entonces ministro de Gobierno Jaime Castro, en donde acepta que tuvo conocimiento de la conducción de rehenes, el defensor de derechos humanos y representante de varios casos de desaparición forzada Jorge Molano sostuvo que se debe investigar al funcionario por no haber dicho toda la verdad ante los estrados judiciales en Colombia.
Luego de 28 años familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia esperan el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podría darse el próximo año.
